Como si se tratara de una metáfora de la realidad, las grietas detectadas en la Torre de Tribunales a causa de los sismos del 8 de julio parecen evocar otras, mucho mayores y dantescas, que se notan a leguas en ciertos procesos judiciales. Ante sucesivas cortes supremas de Justicia suceden auténticas barbaridades jurídicas, extralimitaciones, incoherencias, usos desproporcionados de recursos dilatorios y atropello de garantías. Si no pueden custodiar la aplicación de justicia pronta y cumplida para la ciudadanía, entonces ¿a qué se dedican? ¿para qué se postularon? Las hipótesis abundan y no son para nada honrosas.

Para muestra de todo este retraso, irregularidades y distorsiones en la aplicación de las normas, a pesar de los indicios, los nexos y las pruebas presentadas basta citar el caso del asesinato de Melisa Palacios. Por sospechas en el actuar de autoridades judiciales en Zacapa y Chiquimula, el caso se trasladó finalmente a un juzgado de mayor riesgo en la capital, a petición de la familia de la fallecida, el Ministerio Público y el Instituto de la Víctima. Pero el expediente está mutilado: faltan discos con grabaciones de audiencias. ¿Quién o quiénes tenían a su cargo la custodia de dicho expediente judicial? ¿Qué consecuencias afrontará? ¿Actuará el MP con la misma celeridad y rigidez que en otros casos ampliamente conocidos?

El 5 de julio se cumplieron cuatro años del hallazgo de los restos de Melisa Palacios con señales de haber sido lapidada. Una muerte horrenda. La exigencia de justicia por parte de los familiares prosigue y por ello han sufrido intimidaciones. El 25 de agosto del 2021 fueron capturados en Antigua Guatemala los dos principales sospechosos y presuntos hechores: María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín.

Ambos son ligados a proceso en septiembre del 2021, pero tres meses después, el 8 de diciembre de ese año, empiezan las irregularidades: el juez José Maximino Morales González excluye pruebas claves como los chats y el audio en el cual se oye a la víctima suplicar. Cambia el delito de la principal acusada de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta. El juez Morales es sometido a proceso de antejuicio y la anterior Corte Suprema de Justicia le retira la inmunidad en el 2023; sin embargo, la actual CSJ lo traslada a un juzgado en la capital. Vaya coherencia.

El juez Juan José Regalado Rivas, de Chiquimula, queda a cargo del caso desde el 2022, pero se niega a tipificar el delito como asesinato. Incluso se intenta un inviable procedimiento de aceptación de cargos. De hecho, el 12 de marzo del 2025, la acusada Bonilla profiere la famosa frase ante periodistas: “Mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta”. El 13 de marzo, el MP confirma la existencia de un audio grabado minutos antes del crimen. La defensa de los acusados insiste en que el caso se ventile en el tribunal de la provincia.

Hace un mes, el 9 de junio, la Cámara Penal ordenó el traslado del caso a un juzgado de mayor riesgo en la capital. Dicha decisión fue ratificada por la CSJ el 7 de julio. Pero al recibir el expediente, el juzgado determinó que estaba incompleto: faltaban discos que contenían previas audiencias. Además, se necesita hacer un cotejo de todo lo actuado. Cualquier faltante no debería ser pasado por alto porque lo que está en juego no solo es el proceso por la muerte de Melisa Palacios, sino toda la confianza pública en la impartición de justicia. La Corte Suprema de Justicia actual parece no darse cuenta de la picota en la que se encuentra a menos de un año de haber asumido.