Días antes de la aprobación del impuesto de 3.5% a las remesas migrantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había expresado la inconveniencia legal y moral de ese pago. “No se puede gravar dos veces a quienes ya pagan impuestos”, fue su enunciado ante los primeros anuncios del gobierno de Donald Trump de ponerle un muro de pago al envío de dinero de migrantes, incluyendo a personas con estatus de residencia legal: prácticamente, echándoles en cara su condición de foráneos. “Es discriminatorio… y viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos”, advirtió la mandataria.

Una pírrica mayoría republicana aprobó con 215 votos —y 214 en contra, incluyendo los de algunos republicanos— el combo fiscal de la Casa Blanca, que elimina impuestos a las propinas, otorga subvenciones a los créditos para compra de autos made in USA, le reduce fondos a programas federales de salud gratuita e impone aranceles al envío de dineros fuera de ese país por parte de cualquier persona que no tenga la ciudadanía estadounidense, lo cual incluye a científicos, profesionales y estudiantes de todo el mundo.

No rige aún la medida porque lo debe aprobar también el Senado, y allí es donde habrá más cabildeos de distintos sectores, empezando por los propios bancos y compañías remesadoras, las cancillerías de países afectados, organizaciones de derechos humanos y también tanques de pensamiento que ven en todo el paquetazo un riesgo de mayor déficit fiscal y, por ende, de más inflación. Pero, suponiendo que en todo el Legislativo estadounidense prevalezca una mayoría proclive a obedecer los designios de Trump, entes de análisis ya han enumerado efectos como el posible costo económico directo e indirecto de implementación y monitoreo de tal recaudación.

A ello se suman cuestionamientos sobre una posible exigencia futura, a cargo del remesador, acerca del estatus legal del emisor de fondos. Hasta ahora, solo autoridades federales migratorias tienen esa potestad. También se cuestiona el uso que tendría una futura base de datos de tal tributo con nombres de personas indocumentadas. De hecho, el plan de gravar remesas surgió como una represalia contra los migrantes indocumentados que, con duro esfuerzo, a veces con dos y hasta tres empleos, se las ingenian para enviar recursos económicos a sus familias en sus países de origen. Pero con tanto rechazo trumpista a los migrantes —excepto a los sudafricanos blancos— no extrañaría que se busque conformar una lista paralela de extranjeros en situación irregular.

La decisión rasante de la Cámara de Representantes también podría estar sujeta a impugnaciones judiciales acerca de sus alcances para gravar transferencias internacionales fuera de acuerdos bilaterales o cambios en las normativas bancarias del país. Paradójicamente, al recibir ese 3.5%, el Estado federal estaría aceptando más recursos de indocumentados, adicionales a los más de US$96 mil millones que ya pagan. Por eso pueden surgir objeciones por doble tributación, ya que a todo trabajador se le hace una retención impositiva al cobrar su sueldo.

El Gobierno de Guatemala debe manifestar de manera respetuosa, pero asertiva, su desacuerdo con dicha medida, quizá en unión con más países. El Congreso de la República, bueno para nada que no sean sus intereses miopes, también podría emitir un pronunciamiento. En todo caso, los migrantes guatemaltecos envían recursos a sus familias como un gesto de amor, compromiso y responsabilidad: sin duda alguna hallarán vías de mantener esa misma ayuda que en muchos casos motivó el éxodo.