El 23 de abril, el embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, dijo: “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional… la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”. Fue el discurso al iniciarse la construcción de Mexinol, una planta productora de metanol en Sinaloa: una inversión privada de US$3 mil 300 millones. En el acto estuvo presente el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, del partido oficial Morena.

Y ese mismo 23 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó sobre un pedido de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, bajo cargos de narcotráfico. Según la acusación, desde la campaña electoral de 2021, al gobernador le habrían entregado maletas llenas de efectivo para financiar su campaña. Candidatos opositores fueron secuestrados; votantes, intimidados; y facciosos robaron urnas electorales en distritos no favorables a este, para asegurar su elección.

El sismo ha sido oscilante y trepidante en dicha nación porque Rocha Moya llegó al cargo altamente recomendado por el entonces gobernante, Andrés López Obrador. Durante su campaña, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, también lo elogió. Podría argumentarse que no sabrían nada de las actividades ilícitas del gobernador, pues casos parecidos han ocurrido en anteriores gobiernos, como el del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna (2006-2012, durante el gobierno de Felipe Calderón), preso en EE. UU. por haber pactado millonarios sobornos con Ismael el Mayo Zambada, a cambio de asegurar impunidad e incluso protección a trasiegos. La postura del oficialismo mexicano se resume en que reclama “pruebas” contundentes.

Reza un dicho que por sus frutos se conoce el árbol, y durante el gobierno de Rocha Moya la violencia se multiplicó en Sinaloa: la cifra de asesinatos oscila entre 2,600 y 3,100 en cinco años; ello sin contar más de 3,600 desaparecidos. A dicho gobernador se le señaló de estar involucrado en la captura del Mayo Zambada, en julio del 2024, cuando supuestamente se dirigía a una reunión con él, pero fue un engaño y el narcotraficante fue trasladado a Texas, donde se le arrestó.

Rocha Moya negó cualquier relación con ese hecho y desde el 23 de abril ha negado vehementemente la acusación de la fiscalía neoyorquina, que no es cualquiera: es la misma que procesó al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a García Luna, al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández —condenado, pero recientemente indultado por el presidente Donald Trump—.

No obstante, toda esta trama pone en relieve los riesgos de penetración del dinero criminal en estamentos del Estado, un asedio latente en Guatemala, sobre todo en los precoces prolegómenos de un nuevo proceso eleccionario. Bandas locales procuran lograr aquiescencias subrepticias de alcaldes o diputados para sus fines delictivos. Ya ha ocurrido, pero no debe seguir sucediendo. Ya existen exediles y excongresistas extraditados que durante el ejercicio de sus cargos usaron sus facultades para apoyar trasiegos. De hecho, Rocha Moya publicó en 2013 la novela El disimulo: así nació el narco, que en estos días ha cobrado notoriedad por obvias razones. Un párrafo de esta dice: “El disimulo es una forma de ocultar o de fingir que la realidad es otra o inexistente: encubrir o permitir la transgresión de la ley, del precepto a cambio de prebendas y sobornos”. Y vaya si los peligros de la realidad superan la ficción.