De acuerdo con personal especializado en casos de extorsión, Howard Wilfredo Barillas Morales, alias Matazetas, y Jorge Yahi de León Hernández, alias El Diabólico, controlan los negocios y las talachas dentro del referido penal.

Un informe del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), señala que hasta marzo del 2024, habían poco más de 1 mil 900 reos en esa cárcel.

Los negocios incluyen abarroterías, ventas de comida y una maquila que, según las autoridades del Sistema Penitenciario (SP), forman parte de la supuesta reinserción de los reclusos a la sociedad.

Los investigadores afirmaron que el Matazetas y el Diabólico han utilizado el ingreso de productos para dichos comercios para ocultar ilícitos como teléfonos celulares, armas y equipo para conexión a internet. Además, una denuncia detalla que familiares de los reos también han introducido objetos prohibidos con la complicidad de guardias del SP.

Añadieron que los internos que laboran en los comercios o impulsan un “emprendimiento”, como ventas de pan, deben pagar una cuota al Matazetas y al Diabólico a cambio de que se les permita operar.

Dividida en dos

“Esa cárcel está dividida en dos: en un área se encuentran los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), y en la otra, los denominados Paisas”, dijo uno de los investigadores.

En Pavoncito opera el llamado Concejo de los Nueve de la MS, liderado por el Diabólico, quien cumple una condena de 168 años por ordenar el asesinato de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron decapitados y abandonados frente al Congreso de la República.

El líder de los paisas es el Matazetas, considerado sucesor de Byron Lima, el militar que controló dicho penal hasta el 18 de julio de 2016, fecha en que fue asesinado con una granada y armas de fuego.

SP asegura que mantiene el control

Hace unas semanas, el entonces director general del Sistema Penitenciario (SP), Sergio Vela, afirmó que la institución tenía el control de los penales del país y que no existía un sucesor o sustituto de Byron Lima en cuanto al poder que ejercía en Pavoncito.

“No creo que exista ningún sustituto. El capitán, pues, era una persona privada de libertad; no hay ningún sustituto”, comentó.

“En nuestro modelo no se va a permitir que un privado de libertad tenga el control de algún centro o de varios centros, que es lo que venimos demostrando desde el año pasado, con el traslado de diferentes voceros a otros centros de manera aislada, para que no siga sucediendo este tipo de abusos o control”, afirmó Vela.

Agregó que estaban cumpliendo con los protocolos establecidos en las unidades y que fortalecían la institución con nuevo personal y capacitación para quienes ya están contratados.

“Si ustedes se dan cuenta, en el modelo de renovación penitenciaria estamos implementando nuevos guardias con la capacitación idónea para poder tener el control de estos, tanto así que hemos cambiado de tres meses a seis meses la capacitación para un guardia del SP”, reconoció.

Se consultó a las actuales autoridades del SP sobre quién controla la cárcel Pavoncito, pero no han respondido.

Cabecillas fueron perfilados

En noviembre de 2024, el Ministerio de Gobernación indicó que la Dirección General de Inteligencia Civil e Inteligencia Penitenciaria perfiló a los reclusos de once cárceles del país, incluida Pavoncito.

“Se hizo la recomendación de que Howard Wilfredo Barillas –Matazetas– fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, por ser cabecilla de una banda de imitadores”, afirmaron los investigadores.

Agregaron que se trasladó a los operadores de Barillas a Renovación 1, en Escuintla, con el objetivo de desarticular la estructura.

Por su parte, Yahi de León Hernández, el Diabólico, continúa ordenando asesinatos y cobros de extorsión desde prisión. Además, coordinó el ingreso de materiales de construcción para apartamentos de dos niveles, que, cinco meses después de ser detectados, fueron destruidos.

Llamadas desde las cárceles

El Ministerio Público informó que, en 2024, aproximadamente 64 mil 717 llamadas salieron de los centros carcelarios. Las estadísticas señalan que la mayoría de estas comunicaciones extorsivas se originaron en los penales de Pavón, Pavoncito, Fraijanes, Cantel y la Granja Canadá, donde siguen operando estructuras criminales.

El Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac) indicó, en su revista El sistema penitenciario sin control (2024), que se estima que entre el 70% y el 80% de las extorsiones provienen de los centros de reclusión del país.

Añadió que es necesario combatir la problemática a corto plazo, y que, en ocasiones, las herramientas ya existen, pero falta implementarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.

“Es imperativo cumplir la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013 del Congreso de la República. La normativa establece las responsabilidades de actores como la Superintendencia de Telecomunicaciones, las operadoras de telefonía y los usuarios”, indicó Lizandro Acuña en el artículo.

Agregó que se presentó a la Dirección Legislativa del Congreso la iniciativa de ley 6223, que plantea el bloqueo de señal en los centros de privación de libertad.

“El artículo 2 regula obligaciones para las proveedoras de servicios de internet y telefonía celular, e impone sanciones por no instalar inhibidores de señal que funcionen en las cárceles”, detalló.

Ese proyecto de ley permanece inactivo desde febrero de 2024 en la Comisión de Gobernación.