Cuando los constituyentes diseñaron la carta magna y la ley electoral, en 1984-85, buscaron favorecer la formación de partidos políticos, organizaciones con postulados ideológicos claros y diferenciados, pero, sobre todo, canales de representación ciudadana e intermediación de sus intereses ante el Estado. Tal objetivo buscaba compensar décadas de represión e intolerancia, pero nunca previeron que tal apertura pudiera propiciar la proliferación de cascarones electoreros, vacíos de propuesta y llenos, sí, de ambiciones de exfuncionarios devenidos en magnates, caudillos del clientelismo, y convenencieros valedores de oscuros financiamientos.

La semana última, la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, lanzó la propuesta de efectuar las próximas elecciones generales en dos fechas debido a que se podría esperar la participación de hasta 40 partidos. Tan solo el número es emblemático, pero no representa pluralismo ni apertura democrática. Tal cifra expone las artimañas de la politiquería, la multiplicación de cartones comprados para tener las oportunidades de ganar la lotería y, por supuesto, las incapacidades de diálogo en los partidos donde solo prima la voz del dueño o dueña de la ficha.

Las dirigencias partidistas no sirven ni siquiera para marcar un rumbo ético según un ideario que solo es palabrerío reciclado, y la muestra más clara de tal proceder desbocado es el silencio de casi todos los secretarios y secretarias generales de los partidos a los cuales pertenece el variopinto grupo de diputados que se recetaron un ilegal aumento salarial. Tal mutismo debería ser una básica y fundamental evidencia de traición al interés ciudadano cuando esos personajes se apresten a pedir el voto ciudadano en 2027.

Partidos y diputados se encuentran en el sótano de la confianza de los guatemaltecos, en un deterioro paulatino que se acrecentó hace una década con el escándalo de La Línea. En la Encuesta Libre de 2023, solo un 6% expresaba alguna confianza en los congresistas, y un 10%, en las agrupaciones políticas. La tarea es obvia, aunque compleja, por no decir imposible: recuperar la credibilidad, y eso solo será posible con acciones concretas. Ya hay varios presidenciables en precampañas discursivas, tratando de vender imágenes mercadológicas, sobre todo, en redes sociales. Pero el reto no es ese.

Las reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos quedaron burladas porque una partida de legisladores buscaba debilitar más al TSE, al reducir o impedir los controles de financiamiento. A un lado quedaron las exigencias ciudadanas de mayor democratización en los partidos, para frenar la venta de candidaturas al mejor postor y para convertir a esas organizaciones en verdaderos portadores de representatividad. Curiosamente, uno de los argumentos más socorridos para evitar la nominación de candidatos verdaderamente distritales era decir que ello implicaría enormes papeletas de votación. Pero tales pliegos igual se imprimirán, a decir de la presidenta del TSE, con la participación de los 30 grupos vigentes, más los 10 comités proformación. Si ni siquiera han sido cancelados los partidos que debieron ya haber desaparecido, ¿cómo se espera reforzar la legislación electoral a futuro?

El próximo año se elegirá a nuevos magistrados titulares y suplentes del TSE. Eso causa resquemor y también avidez anticipada. Solo una ciudadanía participativa y consciente puede auditar ese proceso y las otras dos elecciones que confluyen en 2026. El asedio a la democracia de 2023 sigue agazapado e inverecundo dentro y fuera del sistema de partidos, que necesita ser depurado, fiscalizado y puesto a trabajar en favor del ciudadano.