Tres denuncias en contra de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por incumplimiento de leyes y regulaciones, así como por deficiencias en la ejecución de obras, fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), según consta en el Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del 2025, presentado esta semana por la Contraloría al Congreso.

Cinco de 17 garitas de peaje de la autopista Palín-Escuintla no habrían reportado ingresos durante casi un año, según reveló una auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) e incluida en el informe de auditorías presentado esta semana al Congreso.

La CGC presentó las denuncias penales por “falta de transparencia en la retribución del 1% de los ingresos por cobro de peaje”, luego de practicar una auditoría de cumplimiento que abarcó del 1 de septiembre de 1997 al 31 de agosto del 2024 a la operación y mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla. El informe de esta auditoria se concluyó en julio del 2025.

El informe de la Contraloría indica que de acuerdo con el documento “Resumen de Pagos del 1% al Gobierno de Guatemala” que forma parte del informe de aforos e ingresos de abril de 2023, la Constructora Marhnos Sociedad Anónima, que tenía la concesión de la autopista, reportó ingresos por más de Q2 mil 200 millones —sin Impuesto al Valor Agregado— del 1 de enero del 2000 al 30 de abril de 2023, retribuyendo al Estado de Guatemala Q22 millones en concepto de regalías.

De acuerdo con el contrato y el reglamento de operación (acuerdo ministerial 1161-97), todas las transacciones debían registrarse en un sistema informático centralizado que garantizara el control de aforos e ingresos.

Sin embargo, según el “Reporte sobre los informes de aforos e ingresos mensuales”, entre enero del 2022 a abril del 2023, en 17 carriles instalados se colocaron 5 casetas auxiliares que operaron sin conexión al sistema informático, con conocimiento de la coordinadora de la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones, Silvia Lucrecia Rivas Amaya, según una providencia del 22 de octubre del 2024, sin advertir al concesionario —Marhnos— sobre el incumplimiento y requerir que todas las operaciones se registraran en el sistema informático.

“Lo anterior evidencia que no existió transparencia en el control de aforos e ingresos obtenidos y falta de certeza en la retribución del 1% al Estado de Guatemala” indica el informe.
Como resultado del hallazgo, la Contraloría presentó la denuncia ante el Ministerio Público en contra de Sandro Testelli Vaquero, representante legal de Marhnos, y en contra de Silvia Lucrecia Rivas Amaya.

En los descargos a los hallazgos de la Contraloría, Rivas Amaya defendió el trabajo efectuado durante su gestión al aducir que se emitieron los respectivos “oficios de advertencia” al concesionario, y que se suscribieron actas anuales de aforos.

Por su parte, el representante de Marhnos indicó que los carriles auxiliares “eran necesarios” para evitar congestionamiento, y que se utilizó el sistema de facturación electrónica —Factura Electrónica en Línea— como concentradenor de datos.

Sin embargo, la Contraloría rechazó estos argumentos, e indicó que el sistema de factura electrónica es “exclusivamente” tributario, y no sustituye al sistema de control de aforos exigido en el reglamento de operación de la autopista. Además, evidenció que los carriles auxiliares carecían de equipos de identificación vehicular, y que sus ingresos no fueron desglosados en los informes mensuales.

La CGC finalmente recomendó reforzar la vigilancia sobre futuras concesiones y asegurar que los sistemas de cobro estén integrados a plataformas informáticas auditables.

Carreteras en abandono

Dos de las denuncias presentadas por la Contraloría suman Q539 millones 982 mil 360.38. Luego de efectuar un Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con Nivel de Seguridad Limitada, a requerimiento de la sociedad civil, se revisó el área técnica y la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones desde el 8 de marzo del 2018 al 25 de abril del 2025.

En este proceso, la Contraloría auditó dos contratos a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC) para la construcción y mejoramiento de la carretera RD-QUI-21, en Quiché, específicamente en los tramos 3 y 4.

Según lo revelado por la auditoría, ambas obras presentaban deterioros evidentes, como fisuras en puentes de concreto, deformaciones y desgaste de la carpeta asfáltica, pérdida de la base de pintura aplicada, hundimientos, falta de drenajes y señalización, así como acumulación de sedimento en las alcantarillas. La Contraloría constató que los proyectos se encontraban en abandono, sin recepción parcial ni liquidación, y con seguros de caución y daños vencidos.

En la auditoría realizada se documentaron cuatro hallazgos. Los dos primeros se refieren al abandono de la obra en cada tramo, atribuido a la falta de gestión de las autoridades encargadas para reiniciar los trabajos, proteger lo ya ejecutado, o resolver contractualmente la situación.

Los otros dos hallazgos detectados por la Contraloría corresponden al incumplimiento del contrato por continuar efectuando pagos, incluso en el 2025, sin verificar el avance físico real, ni proceder a la recepción y liquidación, lo cual, según el ente fiscalizador, viola la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El contrato correspondiente al tramo 3 de dicha ruta está identificado como el 010-2018-DGC-CONSTRUCCIÓN: “Mejoramiento carretera La Libertad-San Juan Chactelá”, con una longitud de 32.34 kilómetros. El monto original de la obra era de Q217.8 millones y tuvo un incremento del 40%, para un total de Q304 millones, con plazo vencido el 31 de mayo del 2023. La Contraloría indica que, al corte de la auditoría, siete años después de adjudicado el proyecto, el avance físico estimado de la obra era del 49.59%, equivalente a unos 10 kilómetros de asfalto. Mientras tanto, el monto pagado alcanzaba el 81.85%, equivalente a Q249.5 millones. Según se estableció, la diferencia entre el monto pagado y lo realmente ejecutado era de Q98.3 millones.

En cuanto al contrato del tramo 4, identificado como el 011-2018-DGC-CONSTRUCCIÓN: “Construcción carretera San Juan Chactelá-Ixcán”, tenía una longitud de 45.78 kilómetros. El monto original de la obra era de Q235.1 millones y tuvo un incremento del 20%, para un total de Q282.1 millones, con plazo vencido el 31 de mayo del 2023. Al corte de la auditoría, el avance físico estimado de la obra era del 67%, unos 23.5 kilómetros de asfalto. El monto pagado alcanzaba el 93.02%, equivalente a Q218.6 millones. La discrepancia entre el monto pagado y el trabajo ejecutado era de Q77.6 millones, según lo establecido por la Contraloría.

Denuncias

La Contraloría presentó denuncias por abandono de obraen contra de Luis Gabriel Jo Lau, quien fue director general de Caminos durante el período auditado, del 22 de noviembre del 2021 al 17 de enero del 2024, y en contra de Carlos Manuel Flores García, coordinador de la División de Supervisión de Construcciones, por un monto de Q304 millones 924 mil 508.89. La segunda denuncia, también presentada en contra de los mismos exfuncionarios, es por Q235 millones 57 mil 851.49. Los montos de ambas denuncias suman en total Q539 millones 982 mil 360.38

Según el documento, en su defensa Jo Lau argumentó que “la empresa supervisora del proyecto Central Consultant Inc. era la responsable de informar sobre los problemas de la obra y que a él nunca le llegó ningún aviso o sugerencia para tomar acciones”. No obstante, la auditoría confirmó el hallazgo en su contra, ya que las actas de suspensión fueron suscritas en el libro que contenía la bitácora autorizada, al cual él tenía acceso. Asimismo, durante su gestión se aprobó la ampliación del contrato y venció el plazo sin que resolviera la situación legal del proyecto.

Por su parte, Carlos Manuel Flores García argumentó que “existía una empresa supervisora contratada para velar por el cumplimiento del contrato y que él ya no estaba en el cargo cuando se notificó la terminación de dicho contrato”. Sin embargo, la auditoría confirmó el hallazgo, ya que, a pesar de que el contrato quedó sin efecto el 30 de mayo del 2023, Flores García continuó en el cargo nueve meses más sin efectuar acciones para garantizar la recepción, liquidación o mantenimiento de la obra.

Emite sanciones

La Contraloría, además de las denuncias penales presentadas, también interpuso sanciones económicas por los hallazgos en contra del exministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz Bobadilla, por un monto de Q60 mil 984.90 y otra de Q47 mil 11.57, para un total de Q107 mil 996.47, por incumplimiento contractual debido a pagos sin recepción de obra. También interpuso sanciones por las mismas cantidades en contra de Dolman Bryan Godínez Bautista, exdirector general de Caminos, por incumplimiento contractual.

Cabe resaltar que el exministro Díaz Bobadilla fue sancionado por no atender las recomendaciones de la Contraloría entre el 14 de enero y el 25 de abril del 2025, y por emitir pagos irregulares de la obra durante su gestión. Mientras que el exdirector de Caminos Dolman Godínez fue sancionado, también en el mismo período, por no tomar acciones efectivas para regularizar la liquidación del contrato y por continuar con los pagos sin verificar el avance físico real, pese a haber asumido el cargo después de la terminación contractual.

Según se indica en el informe, el exministro Miguel Ángel Díaz no presentó respuesta ni documentación de descargo. Tampoco asistió a la discusión virtual de hallazgos, por lo que la Contraloría le confirmó este hallazgo y propuso la sanción económica en su contra.