Estamos jodidos

El costo de defender derechos en Guatemala

Ana Mercedes López Quin

Estamos jodidos. Y quizá lo estamos un poco más de lo que queremos admitir.

En Guatemala, durante 2025 se registraron 5,238 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Cinco mil doscientas treinta y ocho. La cifra equivale a más de catorce agresiones documentadas cada día. No estamos hablando de una percepción, de una exageración de redes sociales ni de una discusión ideológica. Son hechos registrados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Y conviene detenerse un momento en esa cifra. Porque detrás de cada registro hay una vida que tenía sus propios planes. Alguien que esperaba terminar un proyecto, volver a casa, ver crecer a sus hijos, continuar estudiando, trabajar la tierra o simplemente envejecer. Hay conversaciones que quedaron pendientes, celebraciones a las que alguien ya no llegó y familias que tuvieron que aprender a vivir con una ausencia que nunca estuvo contemplada en sus planes. Algunas de esas vidas fueron interrumpidas de manera definitiva; otras continúan, pero bajo una amenaza que modifica hasta los gestos más sencillos. Ninguna cifra alcanza a contar todo eso.

A veces la violencia no comienza con un disparo. Puede comenzar con una publicación que expone a alguien, una amenaza que parece una advertencia, una campaña de desprestigio o una denuncia judicial que obliga a una persona a invertir tiempo, dinero y energía en defenderse por haber defendido un derecho. Poco a poco, la vida cotidiana empieza a cambiar.

Imaginemos a alguien que recibe una amenaza por teléfono. Al principio intenta restarle importancia. Después comienza a reconocer números desconocidos, mira dos veces antes de abrir la puerta y cambia el camino de regreso a casa. Una tarde deja de contestar llamadas. Otro día decide no asistir a una reunión. Quizá sus familiares le piden que se retire, que ya no se involucre, que piense en su seguridad. Y entonces una amenaza, que empezó siendo un mensaje en una pantalla, termina ocupando una habitación entera de su vida.

Basta con observar algunos acontecimientos recientes en Guatemala para recordar que la vulnerabilidad de quienes cuestionan, denuncian o incomodan no es una discusión abstracta. No hace falta convertir un caso particular en el centro de esta reflexión para entender lo que está en juego.

Pero hay preguntas que no podemos dejar de hacer. ¿Qué ocurrió antes de una agresión? ¿Existieron amenazas previas? ¿Hubo campañas de estigmatización? ¿Se presentaron denuncias penales antes de un ataque físico? ¿La persona había señalado intereses económicos, conflictos territoriales o actuaciones irregulares? ¿Alguien documentó esos antecedentes? ¿Fueron investigados?

La secuencia de los acontecimientos puede revelar información que un hecho aislado no permite ver. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los indicios encontrados, las comunicaciones, los testimonios y las relaciones entre los distintos acontecimientos pueden ayudar a reconstruir lo sucedido. Cuando una persona defensora es asesinada, identificar a quien ejecutó materialmente el crimen es indispensable, pero la investigación también debe examinar si existieron amenazas anteriores, posibles estructuras de apoyo, autores intelectuales o motivaciones relacionadas con su labor. Cada hipótesis debe sostenerse con evidencia y cada línea de investigación merece ser examinada con independencia.

La pregunta no es únicamente quién cometió el delito. También importa qué ocurrió antes, qué circunstancias rodearon los hechos, qué señales pudieron advertir el riesgo y si hubo alguien que decidió ignorarlas.

El problema tampoco termina en las fronteras de Guatemala. En septiembre de 2026, Global Witness publicó su informe sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente durante 2025. Documentó al menos 124 asesinatos en el mundo; el 85% ocurrió en América Latina. Colombia registró 39 casos; Brasil 26; Honduras 12; México 10 y Guatemala ocho.

Son cifras que corresponden específicamente a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, no al universo completo de quienes defienden derechos humanos. Pero permiten dimensionar una realidad regional: defender un territorio, denunciar la explotación de recursos naturales o acompañar a una comunidad puede implicar riesgos extremos.

En otro registro, Front Line Defenders documentó al menos 357 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 27 países durante 2025. Colombia, México, Palestina, Brasil y Honduras aparecen entre los países con más casos. Su informe también identifica amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias, acciones judiciales y agresiones digitales entre los riesgos que enfrentan estas personas. Las cifras de ambas organizaciones responden a metodologías y poblaciones distintas, pero coinciden en mostrar la gravedad de la violencia contra quienes ejercen labores de defensa de derechos.

En Guatemala, además, la violencia no siempre adopta la forma más visible. Udefegua documentó 12 asesinatos y ocho intentos de homicidio durante 2025. Y hay un dato que merece una pausa: el 96% de las agresiones registradas ocurrió en el ámbito digital, donde predominan el discurso de odio, la difamación y el hostigamiento.

Esto nos obliga a mirar un terreno del que todavía hablamos poco: la ciberseguridad.

Una persona puede estar en su casa, frente a una computadora o utilizando su teléfono y, aun así, encontrarse expuesta a formas de vigilancia, intimidación y vulneración de su seguridad. El espacio digital también tiene escenarios, rastros, posibles responsables y mecanismos de agresión. Una campaña coordinada de hostigamiento puede deteriorar la reputación de alguien; la publicación de sus datos personales sin consentimiento puede exponer su domicilio o sus rutinas; una cuenta comprometida puede dejar al descubierto conversaciones, documentos y contactos. La suplantación de identidad, los intentos de obtener credenciales mediante engaños y los accesos no autorizados pueden convertir una herramienta de comunicación en una puerta de entrada a información sensible.

Hay una diferencia importante entre recibir un comentario ofensivo y enfrentar una operación sostenida de exposición, vigilancia o intimidación digital. En el segundo escenario es necesario observar la frecuencia de las publicaciones, la coordinación entre perfiles, la temporalidad de los ataques, los contenidos difundidos y las posibles conexiones entre las cuentas involucradas. No basta con guardar una captura de pantalla y dar por terminado el asunto. Es importante conservar enlaces, fechas, archivos originales, registros de comunicación y otros elementos que permitan documentar los hechos sin alterar la evidencia.

También hay que preguntarse qué información personal está expuesta, quién puede acceder a ella y qué consecuencias podría tener esa exposición fuera de internet. Una fotografía puede revelar una ubicación; una publicación, una rutina; una cuenta vulnerada, la identidad de una fuente o de una persona que busca protección. La seguridad digital y la seguridad física están mucho más relacionadas de lo que solemos reconocer

El informe de Front Line Defenders también documenta vigilancia en línea, amenazas en redes sociales, vigilancia telefónica y confiscación o destrucción de dispositivos entre las agresiones digitales contra personas defensoras. No estamos hablando de un riesgo imaginario ni de un asunto exclusivo de especialistas en tecnología. Estamos hablando de la seguridad de personas que utilizan herramientas digitales para organizarse, denunciar, comunicarse y ejercer derechos.

Esto obliga a mirar otro fenómeno: la criminalización. Una persona puede ser sometida a procesos judiciales cuestionables, denuncias infundadas o medidas desproporcionadas que terminan desgastando su capacidad de organización y defensa. El sistema de justicia, que debería garantizar derechos, puede convertirse en un espacio de intimidación cuando se utiliza de manera arbitraria.

Es necesario distinguir entre la investigación legítima de un delito y el uso abusivo de mecanismos judiciales para perseguir a quien ejerce derechos. No toda denuncia contra una persona defensora constituye criminalización, así como tampoco toda actuación judicial debe presumirse legítima por el simple hecho de provenir de una institución. La legalidad, la prueba y el debido proceso deben examinarse en cada caso.

Hay algo particularmente inquietante en todo esto: cuando una comunidad observa que denunciar puede traer consecuencias personales, el silencio empieza a parecer una forma de protección. Y ese silencio tiene efectos colectivos. Se debilita la vigilancia ciudadana, se reducen las posibilidades de denunciar abusos y los problemas que afectan a un territorio pueden permanecer ocultos durante años.

La defensa de derechos humanos no pertenece exclusivamente a organizaciones especializadas. También la ejercen periodistas, autoridades comunitarias, mujeres que denuncian violencia, pueblos indígenas que reclaman sus territorios, trabajadores que exigen condiciones dignas y ciudadanos que señalan irregularidades. La defensa ambiental forma parte de ese universo, porque proteger un río, un bosque o una fuente de agua también puede significar defender la salud, la vida y los medios de subsistencia de una comunidad.

No deberíamos acostumbrarnos a que estas personas tengan que calcular el costo de hablar. Tampoco podemos reducir el problema a condenas públicas después de que ocurre una tragedia. Se necesitan mecanismos de protección que funcionen antes de que la amenaza se convierta en agresión; investigaciones que examinen todas las líneas posibles; capacidades para responder a incidentes de seguridad digital; instituciones capaces de actuar con independencia y comunidades que puedan organizarse sin temor.

Y, aunque a veces cueste verlo, todavía hay razones para tener esperanza. Hay personas que documentan, investigan, acompañan y defienden derechos. Hay comunidades que construyen redes de protección, organizaciones que registran las agresiones y ciudadanos que se niegan a aceptar que el miedo sea una condición normal de la vida pública. También hay especialistas, periodistas y organizaciones que trabajan para que las herramientas digitales no se conviertan en instrumentos de persecución.

Quizá no podamos resolver de un día para otro las causas de esta violencia. Pero sí podemos negarnos a normalizarla, exigir investigaciones serias y defender el derecho de quienes defienden nuestros derechos.

Porque un país comienza a recuperar la esperanza cuando denunciar una injusticia deja de ser un acto de valentía extraordinaria y vuelve a ser, sencillamente, un derecho.