Juan Carlos Monroy: “La IVE busca evolucionar de las denuncias a los informes de inteligencia financiera”
El intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy, explica las limitaciones que enfrenta la unidad de inteligencia financiera con una legislación de más de 25 años de vigencia. Además, detalla cómo la nueva normativa fortalecería la generación de informes de inteligencia financiera y permitiría una supervisión enfocada en los sectores de mayor riesgo.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) opera bajo un marco legal que fue diseñado hace más de dos décadas, cuando los riesgos asociados al lavado de dinero eran distintos a los actuales. Para Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, la iniciativa de ley 6593 representa una oportunidad para modernizar la inteligencia financiera del país, fortalecer el análisis de operaciones sospechosas y dirigir los esfuerzos de supervisión hacia los sectores que presentan mayores riesgos.
¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta actualmente la IVE con la legislación vigente?
El marco actual que tenemos data de hace más de 25 años y, en su momento, nos permitió como Unidad de Inteligencia Financiera ejecutar y llevar a cabo las acciones que los estándares internacionales requieren. Básicamente, nos permite recibir de las personas obligadas la información necesaria para analizarla, procesarla y determinar la existencia de patrones e indicios de lavado de activos.
Ahora bien, somos la única Unidad de Inteligencia Financiera en todo el mundo cuyo resultado de análisis se traduce en una denuncia y no en un informe de inteligencia financiera, como debería ser. Ese es uno de los cambios radicales que se están proponiendo en la iniciativa 6593 y que esperamos sea aprobada. Se busca darle esa calidad al trabajo y al resultado del análisis que realiza la IVE.
Pero más allá del resultado que la IVE propondrá a través de los informes de inteligencia financiera, también será importante el uso que se le debe dar a esos informes. Nosotros nos manejamos estrictamente dentro del ámbito administrativo y no somos la entidad encargada de perseguir legalmente este delito. Eso vale la pena aclararlo.
Usted ha mencionado que Guatemala es un caso particular dentro de las unidades de inteligencia financiera. ¿A qué se refiere?
Somos la única Unidad de Inteligencia Financiera en todo el mundo cuyo resultado de análisis se traduce en una denuncia y no en un informe de inteligencia financiera. Lo que se busca con esta iniciativa es precisamente que el producto final de nuestro trabajo sea un informe de inteligencia financiera, alineado con las mejores prácticas y estándares internacionales.
Esto permitirá fortalecer la calidad del análisis, generar productos de inteligencia más robustos y aportar información de mayor valor para las instituciones encargadas de la investigación penal.
“Lo que se busca con esta iniciativa es precisamente que el producto final de nuestro trabajo sea un informe de inteligencia financiera”
¿Cuál es la función de la IVE dentro del sistema de prevención del lavado de dinero?
Primero quisiera aclarar un aspecto importante. La IVE no investiga.
Las investigaciones corresponden al Ministerio Público, que es la institución facultada para ejercer la persecución penal y desarrollar investigaciones criminales.
Nosotros, como Intendencia de Verificación Especial, realizamos análisis de información. Recibimos información de las personas obligadas, incluyendo reportes de transacciones sospechosas y otros insumos relevantes, y aplicamos procesos analíticos para identificar patrones o indicios.
Lo que resalta con esta nueva ley es el resultado que se obtiene de ese análisis. Después de aplicar métodos de analítica avanzada, herramientas de Big Data y Data Analytics, podremos generar productos de inteligencia financiera con un tratamiento más acorde a los estándares internacionales.

¿Cómo cambiaría la supervisión que realiza la IVE con la nueva normativa?
La IVE también es responsable de supervisar a las personas obligadas.
La nueva ley nos permitirá aplicar un enfoque basado en riesgo dentro de la supervisión. Es decir, podremos identificar qué personas obligadas representan mayores riesgos y cuáles son las áreas más vulnerables dentro de sus operaciones.
Eso nos permitirá dirigir nuestros esfuerzos de supervisión hacia los puntos donde realmente existen mayores amenazas y requerir mejoras específicas cuando sea necesario. En términos prácticos, nos permitirá ser más efectivos y más eficientes. Otro aspecto fundamental es la confidencialidad que deberán mantener los informes de inteligencia financiera que se generen.
¿Qué ventajas tendría para la inteligencia financiera trabajar bajo un enfoque basado en riesgo?
El principal beneficio es que podremos utilizar de mejor manera nuestros recursos. Actualmente existen obligaciones y procesos que deben aplicarse de manera uniforme. Con un enfoque basado en riesgo podremos concentrar esfuerzos donde realmente se encuentran las mayores amenazas.
Eso permitirá que la supervisión sea más eficiente y que los recursos institucionales se orienten a las actividades, sectores o personas obligadas que representen mayores riesgos para el sistema.
¿Cómo contribuirían las nuevas herramientas tecnológicas al trabajo de la IVE?
Después de aplicar métodos de analítica avanzada, herramientas de Big Data y Data Analytics, podremos generar productos de inteligencia financiera más completos y útiles.
La posibilidad de acceder a más información y procesarla mediante herramientas modernas fortalecerá la capacidad analítica de la IVE y permitirá identificar patrones que actualmente son más difíciles de detectar.
El objetivo es contar con mejores insumos para la prevención y detección de operaciones vinculadas con el lavado de dinero.
¿Qué vacíos existen actualmente en el monitoreo de operaciones con criptoactivos?
Otro punto importante que esta nueva normativa nos daría es la posibilidad de tener conocimiento de transacciones que se realizan a través de criptoactivos. Ha variado la manera en que las instituciones financieras y no financieras llevan a cabo sus transacciones. Ha aparecido un actor relevante: los proveedores de servicios de activos virtuales.
Son aquellas entidades mediante las cuales se pueden adquirir criptoactivos y actualmente sobre ellas no tenemos visibilidad. En esta propuesta de ley estaremos incorporando a este tipo de entidades como sujetos obligados y eso nos permitirá tener conocimiento de lo que se está transando en materia de criptoactivos. Actualmente no están registrados.
¿Cómo identificamos que estas entidades existen en Guatemala?
Porque a través de transacciones que realizan dentro del sistema financiero utilizando dinero fiat, efectúan transferencias hacia proveedores de criptoactivos en el extranjero. Por poner un ejemplo, podemos mencionar a Binance. Identificamos que las transferencias se dirigen hacia ese proveedor de servicios virtuales extranjero y sabemos que posteriormente esa entidad transmite los criptoactivos hacia las billeteras digitales.
¿Qué cambio espera ver en la IVE si la ley es aprobada?
Esperamos contar con herramientas más modernas y con un marco legal que responda a la realidad actual. La ley permitiría fortalecer los informes de inteligencia financiera, mejorar la supervisión basada en riesgo, incorporar nuevos actores que hoy no están sujetos a controles y fortalecer la capacidad de análisis de la IVE.
El objetivo es que Guatemala disponga de una unidad de inteligencia financiera más moderna, eficiente y alineada con los estándares internacionales.