En Guatemala, uno de cada cuatro hechos de tránsito termina con una persona fallecida. Dato que muestra un estudio reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). La magnitud es preocupante. En los últimos cinco años, el promedio supera las dos mil 900 muertes anuales, con una tasa de 12.9 por cada cien mil habitantes.

El problema ha crecido. Lo frustrante es que la respuesta no. Las muertes por tránsito ya se acercan a las provocadas por homicidios, razón por la que requieren una atención especial de parte de la población y las autoridades. La tasa pasó de 9.3 en 2020 a 13.5 en 2025.

Definitivamente, hay una ausencia total de planificación. Falta visión, hay poca perspectiva de las necesidades de movilidad de la población en el corto y largo plazos y solo hay un proyecto innovador de transporte público: el aerometro.

Por lo tanto, parte de la explicación de tanto siniestro está en el parque vehicular. A diciembre de 2025 había más de 6.4 millones de vehículos. La mitad son motocicletas, y el 43%, automóviles. No sorprende entonces que las motos estén involucradas en la mitad de los hechos de tránsito.

En cinco años, el crecimiento de las motocicletas fue acelerado: pasaron de 1.7 a 3.2 millones. Un aumento de 85%, y lo preocupante es que los conductores no tienen la educación vial adecuada ni saben conducir. A eso se suma algo más básico: el incumplimiento de normas. De 146 mil multas, más de 80 mil corresponden a motociclistas, en su mayoría por no portar o no tener licencia. Esto no debería tolerarse.

Respecto a los tipos de hechos, predominan las colisiones (54%), seguidas de atropellos (23%) y caídas (15%). Entre enero de 2025 y febrero de 2026 se registraron, en promedio, 743 accidentes al mes y 204 personas fallecidas. En 2025, la tasa volvió a subir.

También hay patrones claros. Los fines de semana concentran más hechos de tránsito. Las horas críticas van de 17 a 21. Es información suficiente para prevenir, pero no se hace lo necesario. El transporte pesado y el colectivo representan poco del parque vehicular (5% y 2%), pero su participación en hechos de tránsito es desproporcionada. Ahí hay un problema pendiente, tanto en control como en condiciones de operación.

A esto se suman factores conocidos, vinculados al comportamiento del conductor, como la velocidad, el alcohol, las distracciones y el cansancio. Y otros igual de evidentes, vinculados a la infraestructura: carreteras en pésimo estado, señalización limitada y poca visibilidad. Todo junto aumenta el riesgo.

Pero hay un tema más de fondo. La falta de transporte público eficiente ha empujado a miles de guatemaltecos a buscar como solución adquirir una motocicleta. Es una opción práctica, muchas veces necesaria, pero también más riesgosa cuando no hay control ni regulación suficientes, y cuando los conductores no están adecuadamente formados.

Además, las instituciones no actúan como un solo sistema. El tránsito está dividido entre el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y las municipalidades con sus policías municipales de Tránsito. Esa fragmentación pesa. Las medidas recomendadas deben ponerse en acción de inmediato. No se pueden seguir perdiendo vidas. Mejorar la información, ordenar el parque vehicular, fortalecer el control, revisar el sistema de licencias y avanzar en educación vial son pasos claros y necesarios.

Los datos están ahí. El problema no es falta de información. Es falta de acción. Hoy, moverse en las vías públicas en Guatemala implica un riesgo alto. Y lo más preocupante: poco a poco, se empieza a ver como algo normal. Algo que definitivamente no debe aceptarse.