Desde las sombras y con total hermetismo, magistrados, fiscales, operadores y abogados ya están en negociaciones políticas para alcanzar puestos de poder en las elecciones de segundo grado, cuyos nombramientos impactarán el sistema de justicia.

El próximo año deberán renovarse las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el fiscal general del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Desde el 2014 no coincidían procesos de elección de segundo grado. En aquella ocasión se trató del TSE y de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.

El principal reto del 2026 será concretar un proceso de elección objetivo y transparente en medio de los intereses políticos del año preelectoral, apuntan analistas.

La responsabilidad de las elecciones de segundo grado recae en diferentes instancias. Participan los magistrados de la CSJ—quienes no han definido su segunda elección presidencial y nombraron de manera directa a magistrados en cuatro nuevas salas de apelaciones—,así como de los 160 diputados del Congreso, que por mayoríadecidieron incrementarse el salario, eliminar controles en la emisión de licencias ambientales y autorizar gastos exprés a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.

El presidente Bernardo Arévalo también tiene voz en estas decisiones.Un mandatario que permaneció en silencio durante varios días tras la reciente crisis de seguridad que provocó la remoción de toda la cúpula del Ministerio de Gobernación.

Además, participan el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), influenciado por operadores políticos, y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, encabezado por el rector Walter Mazariegos, señalado por estudiantes de haber llegado al cargo de forma fraudulenta.

Todas las instituciones y funcionarios con poder de decisión están altamente cuestionados, y su nivel de credibilidad no es el ideal para enfrentar estas elecciones, consideradas por diversas fuentes como más relevantes que las presidenciales.

A dos meses de que se inicien los procesos formales, una resolución judicial sobre la conformación de un partido político se discute en la CC. Lo que resuelva la Corte definirá los resultados electorales puestos en duda por una investigación penal.

En un contexto en el que próximamente se elegirá a autoridades de importantes instituciones “hay que prestar atención a este tipo de actos antidemocráticos”, advierte Juan Pablo Muñoz de Alianza por las Reformas, porque “es señal de que algunos jueces y el MP van a querer intervenir ilegítimamente para que el sistema de justicia se mantenga cooptado, como lo está actualmente ”, agregó.

En dos de los tres procesos de renovación se aplica la Ley de Comisiones de Postulación, que según fiscalizadores podría abrir la puerta a procesos más objetivos y menos discrecionales.

Comisiones de Postulación

La renovación del TSE dependerá del pleno del Congreso, que deberá elegir a la próxima magistratura para el periodo 2026-2032 a partir de una nómina de 20 candidatos.

Esa lista será elaborada por una comisión de postulación, que evaluará a los aspirantes e incluirá a quienes considere idóneos, pero es justamente en ese proceso donde la ciudadanía puede incidir.

Observadores internacionales como Jaime Chávez Alor, del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, en una entrevista reciente con Prensa Libre, afirma que las comisiones de postulación son un buen modelo que en la práctica “se ha pervertido”, porque grupos de interés político-gremial o que procuran impunidad han acaparado esos espacios.

Chávez también identifica las presiones externas a las comisiones. Otros observadores, en condición de anonimato, aseguran que, aunque el proceso arranca oficialmente en el 2026, ya están en marcha acuerdos, negociaciones y acercamientos con miras a ocupar espacios en las comisiones y/o asegurar candidaturas.

Ese tipo de cabildeos se produce en reuniones privadas y ajenas a los espacios de decisión oficial, como se ha evidenciado en procesos anteriores. Al menos tres investigaciones denominadas Comisiones Paralelas documentaron reuniones alternas a diferentes procesos.

La selección

La renovación del TSE dependerá del pleno del Congreso, que deberá elegir a la próxima magistratura para el período 2026-2032 a partir de una nómina de 20 candidatos. Esa lista será elaborada por una comisión de postulación, que evaluará a los aspirantes e incluirá a quienes considere idóneos, pero es justamente en ese proceso donde la ciudadanía puede incidir.

Una adecuada fiscalización ciudadana puede marcar la diferencia entre una comisión técnica y otra inclinada por presiones políticas o afinidades personales, de acuerdo con analistas.

La nómina de candidatos para fiscal general del MP también se genera por una comisión de postulación. Aunque la decisión final corresponde al presidente Arévalo.

Además de representantes gubernamentales, los académicos —en representación de las distintas universidades— han desempeñado un papel clave en este tipo de procesos, funcionando como contrapeso en las comisiones.

Por su parte, la CC se integra mediante nombramientos directos de los tres poderes del Estado, el Cang y el CSU de la Usac. No obstante, la vigilancia ciudadana puede alertar sobre aspirantes con antecedentes cuestionables o posibles vínculos con grupos de poder.

Balance desfavorable

Aunque el proceso de elecciones iniciará formalmente en enero del 2026, de manera informal algunos interesados ya están en negociaciones y ofrecimientos, según diversas fuentes.

Organizaciones alertan que, hasta ahora, la balanza en cada uno de estos procesos favorece a grupos cuestionados y vinculados a hechos de corrupción.

La comisión postuladora para el nuevo TSE será presidida por Walter Mazariegos, rector de la Usac, y enviará la nómina de candidatos a un Congreso fragmentado.

Las recientes decisiones en el Congreso, como la aprobación del decreto 7-2025 —ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo— confirman que los bloques Vamos y Cabal marcan el rumbo de las votaciones.

Interés electoral

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, el principal reto de las próximas elecciones de segundo grado, descansa, desde ya, en los intereses políticos del 2027. “Ahora el problema no es tanto esto, sino la politización por ser un año antes de las elecciones generales”.

La experta señala que el pulso entre los bandos que buscan establecer un orden democrático y los otros, que pretenden destruirlo, será intenso durante todo el proceso de elecciones.

“Dependiendo como queda integrado el régimen electoral, la justicia constitucional y la dirección de la persecución penal, se tendrán repercusiones directas en las elecciones del 2027”, dijo.

Ibarra destaca que se están por definir posibles correlaciones de fuerzas en instituciones que ejercen el control democrático y constitucional, por lo que es necesario que existan buenas opciones.

La analista considera que es vital fortalecer la confianza en todos aquellos profesionales honestos y con valores éticos, para que se animen a presentar su papelería.

Destaca que el riesgo de una persecución y denuncia espuria puede ser alto, pero considera que el respaldo público y la vigilancia social, puede ayudar a que esos buenos profesionales, tengan el valor para postularse.

Justicia para todos

Aunque en estos procesos la mayoría ciudadanos no participa, la elección de estas autoridades tiene un impacto directo en la vida de todas las personas que viven en Guatemala.

El TSE que sea electo el otro año será el encargado de coordinar los próximos dos procesos de elecciones generales; que en caso sea una elección desfavorable para la democracia podríamos hablar de candidatos políticos excluidos de manera discrecional y hasta dudas en posibles resultados electorales.

La elección del fiscal general del MP incide también en todos los guatemaltecos, el nuevo jefe fiscal liderará la política de persecución penal, que en los últimos años ha sido criticada por grupos sociales por aparente falta de objetividad y criterios discrecionales.

Mientras que la CC es la máxima instancia de justicia en el país que suele tener la última palabra en cualquier tipo de aspecto, ya sea político; penal; económico; y hasta familiar.

“Creo que la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación permite ir a observar y hacer presencia en sedes, se pueden dirigir cartas, pedir audiencias y hasta presentar objeciones contra aquellos que no cumplen los requisitos”, remarcó Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas.

El representante de las organizaciones destacó que este proceso puede permitir que se respeten las leyes, permitiendo un tratamiento justo para grupos sociales que permanecen excluidos y criminalizados, como los pueblos indígenas.

“Al llevarse tres procesos en paralelo, en todos está en juego el acceso de la justicia. La participación ciudadana será clave para presionar que se cumpla con todo lo que dice la constitución”, indicó.

Al igual que Ibarra, destaca que es necesario además de una vigilancia constante a las comisiones de postulación, que se brinde el respaldo social a aquellos candidatos idóneos, para que se sientan acuerpados en un proceso tan importante para el país.

Otros procesos

Además de la renovación del TSE, CC y MP, existen otras tres instituciones que también deberán de ser renovadas el próximo año, que se suman a los procesos de fiscalización ciudadana que advierten las organizaciones.

Para mayo, en una fecha todavía no clara, se tendrá que hacer la elección a lo interno de la USAC para la elección de su próximo rector, al estar por finalizar el periodo de Walter Mazariegos.

Pero en caso que este proceso se entrampe, las últimas modificaciones al reglamento de la unidad académica impiden que Mazariegos entregue el cargo al decano de mayor antigüedad, como se acostumbraba anteriormente.

También en mayo el presidente Bernardo Arévalo deberá de nombrar al nuevo Procurador General de la Nación, cargo que actualmente ocupa el abogado Julio Saavedra.

El actual Procurador asumió en enero de 2024 para terminar el periodo del actual funcionario que fue separado del cargo por haber sido nombrado por el expresidente, Alejandro Giammattei.

Para el 13 de octubre del 2026 también debe de asumir el nuevo Contralor General de Cuentas, puesto que ocupa actualmente Frank Bode Fuentes tras ser electo por el pleno del Congreso.

Este proceso de elección también funciona por medio de la Ley de Comisiones de Postulación y será clave ya que la institución que represente el nuevo Contralor será vital en las elecciones del 2027, ya que la no emisión de finiquitos podría dejar fuera a posibles candidatos.