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Crece expectativa por posible designación directa en la CSJ y convocatoria de Arévalo por magistrados a la CC
La carrera por la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra justo en el medio y con expectativas en los órganos que deben escoger a los integrantes de la alta corte. El artículo 269 de la Constitución de la República indica únicamente la procedencia de los cinco magistrados titulares y los […]
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Resumen Automático
La carrera por la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra justo en el medio y con expectativas en los órganos que deben escoger a los integrantes de la alta corte.
El artículo 269 de la Constitución de la República indica únicamente la procedencia de los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes, la cual se dará por los plenos del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Presidente en Consejo de Ministros, del Consejo Superior Universitario (CSU), y en asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), es decir los profesionales.
De momento el CANG ha concluido su proceso al elegir en una jornada atropellada a Astrid Lemus como magistrada titular y Luis Bermejo, como suplente.
En jornada atropellada, Lemus y Bermejo son electos magistrados de la CC por el CANG
A ellos se le suma el CSU, que el próximo lunes escogerá en una sesión secreta y en la Antigua Guatemala a sus representantes. No obstante, dos procesos han causado divisiones al no estar explícitamente estipulados en la Carta Magna.
Con ello se abre una puerta para que la Corte Suprema de Justicia designe directamente a un perfil con lazos políticos estrechos, y por otro lado, el Presidente de la República con la facultad de escoger a un representante que lo defienda cuando deje el mandato.
La Hora consultó con tres analistas, Alejandro Rodríguez experto en tratados internacionales y la transparencia, el exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina; y un integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Roberto Alejos.
ABOGADO DEL INSITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES (ICCPG)
Al respecto, Alejandro Rodríguez, coordinador de Litigio Estratégico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), asevera que las elecciones de altas cortes requieren ser observadas, como parte de estándares internacionales, por lo que el principio de transparencia debe ser un factor fundamental.
Mientras que instituciones como el Legislativo deben de realizar una recepción de expedientes —la cual estará habilitada de 2 al 20 de febrero—, otros procesos no quedan definidos en ley y abren la puerta a una designación directa.
El abogado del ICCPG se refirió al control de convencionalidad y resaltó la jurisprudencia de la Corte Interamericana y tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual establece, según el experto, que los procesos que involucren a todos los funcionarios públicos deben de ser observados.
El primer analista identifica cuatro pasos en el cual se deberían de regir todas las designaciones, «pasos muy claros», identifica él.
- Una convocatoria abierta y pública en donde expliquen el cronograma, cuándo se va a hacer la presentación de documentos, evaluación, entrevistas, las tachas de las personas. «La sociedad civil debe participar (…) hay que dar un plazo razonable a presentar sus currículums»
- Los postulantes deben de ser conocidos por la población, debe de saberse quiénes se van a postular.
- Un proceso de entrevista y evaluación de los candidatos, junto con un proceso de tachas, para que la sociedad civil pueda tachar.
- Por último, debe de existir una ponderación.
Rodríguez también recordó el proceso de elaborar un instrumentos que permita ser objetivo y razones para medir a los aspirantes, que permitan «a los mejores candidatos ser nombrados», que midan los requisitos básicos: capacidad, idoneidad y reconocida honorabilidad
«Son pasos indispensables, necesarios (…) si no se hace así tendríamos procesos bastante cuestionables», resalta, desde el punto de vista de la normativa internacional.
El principio de un proceso abierto a recepción de expedientes, para una posterior elección o designación, es aplicado por el Congreso de la República y la reciente culminación del Consejo Superior Universitario (CSU), aunque el abogado sostiene que los cinco procesos —los tres poderes del Estado, la academia y los profesionales— deberían de estar sujetos a los principios de transparencia y estándares internacionales.
El experto, quien también ocupó el cargo de secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP) durante la gestión de Claudia Paz y Paz (2010-2014), respondió acerca de cómo ve una posible designación directa, tanto por el presidente como por la CSJ.
Rodríguez recisó que sería contario a lo que se rige por la expectativa y normas internacionales que exigen la independencia judicial.
Cuatro de estos 18 abogados serán magistrados en la Corte de Constitucionalidad
«La Corte Suprema de Justicia tiene que seguir el procedimiento, y la anterior CSJ, aunque fuera formalmente, siguió el proceso. Hizo la convocatoria pública, publicó los nombres de los candidatos, dio un espacio para tachas y quizás lo que no hizo fue las entrevistas públicas de los candidatos (…) el voto debería de ser un voto a viva voz, hay que justificar y razones por qué están votando por la persona», agregó.
En el caso del presidente, el experto señaló que debería seguir el mismo procedimiento, «para que no exista duda de cómo se desarrolló el proceso, o que se nombre a nadie indebido».
Esto coincide por el actual proceso que dirige el presidente, quien oficializó la convocatoria el lunes 9 de febrero, para dar inicio el lunes 16 de febrero.
El abogado y miembro fundador del ICCPG, también hizo referencia a la designación de Alejandro Giammattei, que llevó a la más alta corte a su secretaria general, Leyla Lemus, calificándolo de «aberrante», ya que hubo una disonancia junto con su vicepresidente y Consejo de Ministros.
El experto reiteró que no existe un vacío legal sobre la forma en la que se escogen los magistrados, pese a que la Constitución no sea exhaustiva en dicha descripción.
«Como dice el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, el juez no basta con que sea independiente e imparcial, debe parecer ante los ojos de la opinión pública que fue electo de una manera objetiva y es el mejor. Para generar la confianza en la población que debe tener en su Sistema de Justicia», concluyó el analista.
EXMAGISTRADO DE LA CSJ
Otro de los expertos, específicamente por la situación en la que podría incurrir la Corte Suprema de Justicia, fue el exmagistrado del más alto tribunal, Luis Fernández Molina, quien tiene clara su postura ante ambos procesos, incluyendo el designado por la Presidencia.
No obstante, antes de compartir su punto de vista, quiso hacer el énfasis de la nomenclatura que se ha designado para la renovación de instituciones claves este 2026:
«La población está un poco diversa, unos creen que es de segundo grado como jerarquía, frente a las elecciones generales que en ese contexto, sería de primer grado. Otros le llaman de segundo grado porque no hay elección directa, como aquellos bancos de segundo piso, la gente no vota directo, con electores o condiciones definidas».
Para Fernández Molina no hay pierde en que la CSJ debe de abrir una convocatoria a quienes aspiren a un cargo titular o suplente en la Corte de Constitucionalidad, «la Corte Suprema debe hacer convocatoria, ¡Punto! Claro que eligen a quien quieran, pero deben hacerlo, eso dice la Ley de Amparo y Constitucionalidad (…) no pueden solo reunirse y elegir sin haber hecho previamente una convocatoria».
El exmagistrado rechazó que la CSJ dé paso a una designación directa, y espera que sea una convocatoria amplia, arremetiendo contra lo que ocurrió con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que en una única fecha recibió candidatos.
En cuanto al presidente, este analista está en desacuerdo con el proceso que ha emprendido Bernardo Arévalo, convocando a abogados a presentarse ante la Secretaría General con sus expedientes.
«El presidente, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene una convocatoria si el presidente va a nombrar a dedo a quien quiera. Él puede decir «presentá tu papelería, van a presentar otros siete, pero a vos te voy a elegir». Siento que es una decisión única y exclusiva del presidente».
El exmagistrado Fernández Molina, quien integró el periodo 2004-2009, afirmó entonces que las presiones de transparencia no son las mismas para el máximo tribunal, contra la silla máxima del Organismo Ejecutivo, «él es libre de escoger, es una atribución presidencialista».
«Si el presidente ya sabe a quien va a elegir, qué sentido tiene jugar a la sillitas musicales, invitando a otros. Sería un poco de burla si lo queremos ver de esa forma», agregó.
CONSTITUYENTE HABLA DE REPRESENTANTATIVIDAD
Para entender el origen de la designación de magistrados de la CC se buscó la interpretación del exconstituyente Roberto Alejos.
«La Corte de Constitucionalidad fue creada para defender a la población de los gobernantes, para evitar que ningún gobernante abuse de la Constitución en contra de la población. Entonces se tomó la decisión de que los tres organismos del Estado (…) nombren a un titular y a un suplente. Los otros, la academia por un lado, y los que practican la profesión, por el otro», explicó el experto.
El exconstituyente remarcó durante la entrevista a este medio que los magistrados electos son entonces representantes de cada una de las instancias encargadas, por lo que sostiene que la designación que provenga de Bernardo Arévalo debe ser directa y no por medio de recepción de expedientes.
«No hay ningún vacío legal, fue totalmente a propósito que los constituyentes lo dejamos de esa manera (…) la ley los dejó a ellos en libertad de escoger a quien ellos quieran», con respecto a cada uno de los representantes.
El analista recuerda que esta decisión de renovar el alto tribunal es una decisión política, «el presidente tiene que nombrar ante la CC a alguien que los defienda el día que lo acusen de estar violando la Constitución, y lo mismo con los demás organismos».
«Abrir una oposición para que la gente presente currículums y escoger a alguien que llene requisitos de idoneidad, realmente no los va a representar. Aquí la intención es dejar que cada institución escoja a su candidato (…) van a esto, a tomar decisiones relacionadas con las violaciones de los funcionarios públicos a la Constitución en contra de la ciudadanía».
«Por eso es que nunca estuvimos de acuerdo con (María) Consuelo (Porras) cuando pidió a la CC que la protegiera, porque la CC no está para defender a los funcionarios, es para proteger a la población de los funcionarios, y por eso merecen tener un representante nombrados por ellos», manifestó.
Arévalo anunció que estaría recibiendo expedientes a partir del lunes 16 de febrero, a lo cual Alejos señaló que «es su voluntad la forma que él escogerá a los magistrados», afirmando que él se arriesgaría a no tener una defensa directa y representativa ante la CC.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia aún sigue sin convocar a aspirantes, o a las puertas de una posible designación directa, donde personajes no ajenos a la política y que buscan un blindaje, como la actual fiscal general, puedan ser esa designación, pese a que María Consuelo Porras también haya tocado las puertas del Consejo Superior Universitario (CSU), o también Leyla Lemus, quien busca una reeleción.
¿Protección o vocación? El blindaje de 5 años que obtendría Consuelo Porras si llega a la CC