El pasado viernes, 8 de mayo S&P Global Ratings confirmó la calificación soberana de crédito para Guatemala en BB+ con perspectiva estable. Como parte de las acciones del Gobierno de Guatemala, de la mano del sector empresarial, está el gran reto de país de alcanzar el grado de inversión. A través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación País, en los últimos años, esta línea de trabajo se ha mantenido como una prioridad clave del Gobierno, en consonancia con sus esfuerzos más amplios para mejorar la percepción internacional del país y fomentar la inversión.

Esto se ha reflejado en las acciones diarias del Ministerio de Finanzas Públicas y en sus interacciones con los socios internacionales. Sin embargo, al leer el reporte de S&P Global Ratings, muy similar a lo que dijo Moody’s, mi conclusión es que pareciera que este esfuerzo no ha llegado a ser parte de la agenda nacional del Gobierno, porque el Ministerio de Comunicaciones sigue ausente de este gran objetivo.

El informe muestra que Guatemala “ha logrado navegar la incertidumbre comercial, y se considera que el impacto negativo de los aranceles estadounidenses será limitado. La economía guatemalteca es relativamente cerrada en comparación con sus pares regionales con exportaciones que representan solo el 16% del PIB, frente a aproximadamente el 40% en otros países centroamericanos”. Esto es nuevamente un llamado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por la falta de inversión pública, para mejorar la plataforma logística y de interconexión en el país, que se traduce en la gran necesidad de contar con más carreteras, puertos y aeropuertos.

El mismo informe muestra los avances de la agenda legislativa para aprobar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, pero esto no sirve de mucho si la misma sigue sin poder implementarse por la indolencia de las autoridades encargadas, especialmente de la Presidenta de la Dipp, la misma ministra de Comunicaciones, que pareciera no terminar de comprender la importancia para el país de un cambio de modelo como lo establece la ley y la falta de coordinación y liderazgo para publicar el reglamento de la ley y solicitar los recursos necesarios para empezar a operar, no digamos la falta de comprensión del régimen de servicio civil que crea la ley.

Otros factores que afectan la calificación para obtener el grado de inversión es que existe margen para mejorar los mecanismos de transmisión monetaria, dada la escasez de los mercados de capitales domésticos, la baja penetración bancaria y el alto uso de efectivo en la economía. El reporte es claro que “la inflación en Guatemala ha estado más vinculada al desarrollo internacional de precios, y se espera que el actual choque de los precios de la energía pese temporalmente en la inflación en 2026”.

También se muestran avances en la agenda de infraestructura incluyen la modernización del Puerto Quetzal y la construcción de infraestructura vial, con asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y el convenio con el Ministerio de la Defensa, la modernización de aeropuertos, además de la actualización de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que podría desbloquear financiamiento adicional para la infraestructura que tanto requiere el país.

Con una ejecución presupuestaria del 12.29% del Ministerio de Comunicaciones a abril, debe haber una mayor comprensión de la importancia de la inversión pública en carreteras. De lo contrario, seguiremos sin aprovechar nuestro potencial de algún día llegar al tan anhelado grado de inversión.