El aparente entusiasmo de novedad que acompañó la llegada de Bernardo Arévalo y el Partido Semilla al poder se ha ido disipando. Lo que se presentó como una nueva era de transparencia, eficiencia y modernidad en la gestión pública ha mostrado ser una continuación de los viejos hábitos. Las caras novatas se intoxican de poder y el discurso del cambio enfrenta la realidad de un aparato burocrático que, lejos de cambiar, prospera, porque sus incentivos siguen siendo los mismos. La nueva forma de hacer gobierno evidencia la misma práctica de hacer política, con cambios cosméticos y marcada proclividad a aumentar la reglamentación y obstaculización de la actividad productiva.

El neologismo demosclerosis fue acuñado por Jonathan Rauch para describir la progresiva rigidez del sistema democrático burocrático por su incapacidad para adaptarse y reformarse. El crecimiento de grupos de interés y los programas gubernamentales que crean conducen a una calcificación del sistema que dificulta la eliminación de programas existentes y la adaptación a nuevos retos, que da lugar a un gobierno ineficaz y empantanado en proyectos inútiles inmortales. Sobre la acumulación de capas anteriores proliferan nuevos programas redundantes y novedosos obstáculos a la actividad productiva. La gestión pública es reactiva y más orientada a la visibilidad que la eficacia, con una clase política atrapada en la lógica de sus negocios, favores, clientelas y autopromoción.

La expansión presupuestaria es ejemplo elocuente de que este gobierno sigue el patrón. Para 2025 se aprobó un presupuesto histórico que aumentó 27% sobre el anterior. El Ejecutivo lo celebró como un logro, pero no explicó cómo semejante aumento se consiguió en un Congreso que hasta entonces se mostraba hostil. Todo indica que hubo concesiones y acuerdos bajo la mesa que reproducen las mismas prácticas opacas que se prometió erradicar. Se mantiene la ilusión de que más gasto equivale a mejores resultados, cuando el problema no es la cantidad de recursos, sino la estructura de incentivos que rige su uso. El presupuesto presentado para 2026 va en la misma línea; un gobierno más voluminoso y caro, pero incapaz de cumplir con las funciones más básicas.

Episodios recientes confirman el diagnóstico. El caso de la fuga de reos puso en evidencia, una vez más, que los centros de detención son territorios liberados ocupados por la delincuencia, desde los que continúan sus operaciones. La reacción del gobierno es mediática; renuncias cosméticas sin reconocer los problemas de fondo y articular planes efectivos. El aparente conflicto entre poderes por el decreto 7-2025, vetado por el Ejecutivo, promulgado por el Congreso y dejado en limbo, pero vivo, por la Corte de Constitucionalidad, tiene un extraño aroma a las viejas prácticas de negociación entre élites políticas preocupadas por la repartición de “obras”, contratos y favores. Hace pocos días nuevamente entró en crisis el tema portuario en Santo Tomás de Castilla; otro episodio en el que empleados públicos organizados toman al país de rehén.

Los gobiernos pasan, pero los hábitos permanecen; no es un problema de ideología, sino de estructura. A menos que los incentivos del sistema se orienten a resultados, el gobierno seguirá atrapado en una parálisis crónicamente reactiva.

Auténtico cambio no vendrá de discursos moralistas ni de presupuestos más grandes, sino del progresivo rediseño de los incentivos que gobiernan la acción pública. Mientras eso no ocurra, Guatemala seguirá acumulando síntomas de demosclerosis; un Estado cada vez más caro, grande e ineficaz.