En entrevista, el canciller Carlos Ramiro Martínez aclara cuál es el papel de Guatemala ante las recientes expulsiones de migrantes centroamericanos desde los Estados Unidos. Explica si se estará otorgando asilo o refugio, si existe un respaldo legal para recibirlos, y a quiénes aplica esta medida.

Además, detalla cómo operan los acuerdos regionales vigentes y por qué Guatemala no puede considerarse un “tercer país seguro” bajo los términos actuales.

¿Cómo debe interpretarse la publicación reciente del acuerdo de canje de notas con Estados Unidos? ¿Se trata de un compromiso para recibir a centroamericanos deportados desde ese país?

Lo que firmamos es un acuerdo migratorio. Guatemala está dispuesta a recibir, en el marco de un retorno digno y seguro, a guatemaltecos y a centroamericanos —básicamente del CA-4— a través de nuestro territorio. Pero quiero ser claro: no es un acuerdo de tercer país seguro.

¿Qué diferencia este acuerdo del acuerdo de “tercer país seguro” firmado en 2019?

Las diferencias se distinguen fácilmente al comparar ambos textos. Empiezo por decirle que este no es un acuerdo de Tercer País Seguro porque la lógica era que Guatemala recibía a personas que, desde aquí, iniciaban su solicitud de asilo hacia Estados Unidos. Eso ya no existe. Hoy, la administración del presidente Donald Trump, en los Estados Unidos, no está dando ni asilo ni refugio, por lo tanto, el concepto de tercer país seguro no aplica.

Entonces, ¿cuál es el propósito actual del acuerdo?

Lo que firmamos es un acuerdo migratorio que se limita al retorno de personas digno y seguro. Guatemala tiene la obligación de recibir a sus ciudadanos retornados, y ahora extendemos esa disposición a centroamericanos, que básicamente son los países del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, conocido como (CA-4). Eso es lo que se combina nada más.

No estamos recibiendo de otras nacionalidades, no es Acuerdo de Tercer País Seguro. Si un salvadoreño, hondureño o nicaragüense es interceptado en EE. UU., puede ser trasladado a Guatemala para facilitar su regreso a su país.

¿Existe algún plazo o cuota establecida en este acuerdo?

No. El acuerdo no fija cuotas ni plazos. Establece que puede rescindirse con 30 días de aviso por cualquiera de las partes, pero tiene una vigencia indefinida. Entonces, básicamente, para que no haya interpretación de mi parte, es que al retornar, tanto guatemaltecos como centroamericanos regresen a Guatemala directamente.

¿Cómo se gestionan los vuelos y traslados de personas retornadas desde EE. UU.?

No hay sorpresas. Cada vuelo o transporte terrestre llega con manifiestos anticipados. Sabemos quiénes vienen: unidades familiares, menores no acompañados, hombres adultos. En función de esa información se organiza la recepción en la Fuerza Aérea, zona 13 capital, o la frontera en Tecún Umán, en San Marcos.

¿Y qué pasará con los centroamericanos al llegar a Guatemala?

Son llevados al centro de atención para retornados ubicado donde estaba antes ferrocarriles. Allí se revisa su situación, se les da asistencia y se coordina con los consulados para su retorno. Si desean quedarse, también pueden hacerlo legalmente.

¿Entonces tiene la posibilidad de pedir asilo?

Sí, pero no se lo van a pedir a los Estados Unidos. En tal caso, se lo pedirían a Guatemala. Actualmente, Estados Unidos está expulsando personas, no está otorgando asilo ni refugio, ni ofreciendo alternativas de protección. Por eso es que el concepto de ‘tercer país seguro’ no aplica en este contexto.

En el caso de los centroamericanos —salvadoreños, hondureños o nicaragüenses— al llegar a Guatemala tienen varias posibilidades: pueden regresar a sus países de origen a través de una coordinación consular, o bien optar por permanecer en Guatemala. Incluso, a largo plazo, tienen hasta la posibilidad de obtener la nacionalidad guatemalteca, ya que los ciudadanos del CA-4 cuentan con un estatuto preferencial que facilita este trámite.

Lo más común es que un salvadoreño o hondureño decida retornar a su país. En el caso de los nicaragüenses, dadas las condiciones políticas que enfrentan, algunos podrían optar por quedarse en Guatemala o regresar a Nicaragua, si así lo desean.

Todo este proceso se realiza dentro de la legalidad, conforme a los acuerdos regionales que existen desde hace más de 30 años y que garantizan la libre movilidad entre los países del CA-4.

¿No implica esto que Guatemala esté recibiendo a todos los centroamericanos deportados desde EE. UU.?

No. El acuerdo no establece que todos los centroamericanos pasen por Guatemala. De hecho, Honduras y El Salvador están recibiendo a sus ciudadanos directamente. Este acuerdo prevé una ruta alternativa por si fuera necesario que algún traslado se hiciera a través de Guatemala.

Esto me imagino que fue una cuestión preventiva, de si en algún momento necesitarían enviar hondureños, podrían enviarlos vía Guatemala. Porque el acuerdo en su nombre dice a través de Guatemala.

En cuanto a la red consular en EE. UU., ¿Cómo están respondiendo ante las recientes redadas y detenciones?

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. En agosto tendremos 27 consulados en EE. UU. Nuestra lucha principal es obtener información sobre quiénes están detenidos y en dónde. Esa es una obligación internacional: los consulados deben ser informados, por ejemplo, de los ciudadanos que son detenidos de otro país.

¿Sienten que el Gobierno está respaldando suficientemente a los migrantes?

Sí. Que no alcanzamos a cubrir el 100% de los connacionales en los Estados Unidos, eso es cierto. Pero el esfuerzo del trabajo de la red consular está a la orden del día.

Hemos estado pendientes de las detenciones que ha habido en centros de trabajo en Omaha, también en la zona de Los Ángeles, en California. Tenemos las listas completas de las personas. Tenemos contacto con ellos, con sus familias.

Donde no hay abogados en los consulados, trabajamos con organizaciones civiles que brindan asesoría legal migratoria.

¿Cuál es el mayor desafío en este momento?

Mantener y fortalecer la red de apoyo. Que nuestros migrantes sientan que el Estado está pendiente de ellos. Es una tarea que no podemos hacer solos. Trabajamos con asociaciones de migrantes, iglesias, sociedad civil y autoridades locales donde es posible, porque en cada Estado la situación resulta siendo diferente.

En otro tema, ¿por qué se reservó por siete años el contenido de la carta sobre aranceles enviada a Estados Unidos?

La confidencialidad fue una condición impuesta por Estados Unidos a todos los países con los que negocia temas arancelarios, no solo a Guatemala. El plazo de siete años lo permite la ley, y el Ministerio de Economía actuó conforme a ese marco. Estamos en una fase técnica del proceso, que comenzó con una carta de interés enviada por Guatemala. No hay nada fuera de los procedimientos establecidos.

Sobre el impuesto a las remesas, que fue reducido a un 1 %, ¿cuál ha sido la postura?

Desde el inicio, incluso antes de que se aprobara, expresamos preocupación formalmente ante el Congreso y el Senado de EE. UU. Hicimos ver los efectos negativos que esa medida tendría en las familias migrantes y en la economía nacional. Las remesas representan un porcentaje significativo del PIB y cualquier carga, aunque sea del 1 %, genera impacto social y económico.

¿Cómo responde el Minex a declaraciones más duras, como las de la gobernadora Noem?

Preferimos no comentar declaraciones individuales. Respondimos con hechos, publicando los tres acuerdos firmados con EE. UU.: uno con SAT, otro con Gobernación y uno con Cancillería. Todo está documentado y publicado en el Diario Oficial. No hay acuerdos ocultos.

¿Qué impacto puede tener el distanciamiento con China, considerando que Guatemala reafirmó su relación con Taiwán?

Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán por decisión soberana, que se tomó incluso antes de que el presidente Arévalo asumiera. Aunque China representa el 15 % de nuestras importaciones, nuestra apuesta actual es con Taiwán. Estados Unidos no impuso esta decisión; fue una evaluación propia del país.

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