@BermejoGt
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Hace unos días pensando en el recambio de autoridades que se viene en el 2026 (Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público) me puse a pensar en qué período de la historia reciente se tuvo una situación similar en que la institucionalidad estuviere tan derruida como ahora. Pensando en ello, creo que nunca se ha tenido un período como este en el cual la institucionalidad democrática esté tan afectada y cooptada por actores nefarios. Pero quizá el período más similar fue el de la época del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del año 2000 al 2003.

Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes López, binomio del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ganaron las elecciones finales de 1999 al ganarle en segunda vuelta al binomio del PAN compuesto por Óscar Berger Perdomo y Arabella Castro. En campaña el presidente Portillo fue muy hábil en criticar por opacas las privatizaciones del PAN y con un discurso populista conectó con el electorado rural. En esas elecciones el FRG obtuvo 63 de 113 escaños en el Congreso de la República, obteniendo 52 distritales y 11 de listado nacional. El Ejecutivo y con “aplanadora”, el FRG realizó profundos cambios en la gobernanza del país que hasta la fecha perduran y que, en gran medida, constituyen piedras fundamentales del Estado disfuncional que tenemos actualmente.

Al final, quizá la “huella” más grande que dejó el régimen del FRG es la desfachatada corrupción que hubo en el mismo. Desde los desfalcos en el IGSS por más de Q300 millones en compra de bienes inmuebles sobrevalorados en un fideicomiso, el reportado desfalco en el Instituto de Previsión Militar (IPM) por Q471 millones en el que está presuntamente involucrado el hermano de la candidata a la presidencia Zury Ríos, Enrique Ríos Sosa (el que sigue aún en proceso), los malos manejos en el Crédito Hipotecario Nacional por parte de su entonces presidente Armando LLort Quiteño, el escándalo de la “Conexión Panamá” y el desfalco presuntamente de Q90 millones en el Ministerio de Gobernación en el que fue condenado el ex ministro Byron Barrientos, la sensación de la población fue que si bien el PAN había sido un gobierno cuestionado por su corrupción de gran escala en las privatizaciones, en el FRG no había nada que no podía ser objeto de desfalco. Eran incluso “roba vueltos”. La percepción en la población que tiene buena memoria es que la corrupción de ese período fue descomunal y sin pudor. Esa corrupción generalizada a todo nivel y estrato, por ejemplo, se tradujo, para ejemplificarlo con cifras, en que el Micivi en esa época, construyó 83 km/año cuando en el gobierno anterior del PAN se habían construido 369 km/año. La diferencia es abismal y tiene correlación directa en la forma cuestionable que gobernó esa administración.

Esa rampante corrupción, claro, fue sostenida por un andamiaje de piezas clave en los aparatos u órganos de control del Estado. En forma particular, se puede mencionar al Fiscal General de esa época Carlos De León Argueta que fue bastante cuestionado en su época por la lenidad con la que actuaba. Pero también en la Contraloría General de Cuentas el contralor Marco Tulio Abadío (luego Superintendente de SAT) también tuvo importante papel. El Congreso pues con la aplanadora del FRG pues era obvio que no iban a realizar su labor de fiscalización. La Corte Suprema de Justicia en manos de los sectores gremiales tradicionales fue el único contrapeso en esa época porque hasta la Corte de Constitucionalidad fue llegada a controlar por el FRG para, lo que todos sabían, habilitar la candidatura del General Ríos Montt a pesar de la prohibición constitucional aún existente.

Lo cierto es que en esa época la institucionalidad republicana fue afectada en sobremanera. El período siguiente de gobierno por parte de la coalición de la GANA fue una época de lenta reconstrucción de la institucionalidad. Retomar el Estado después de haber sido infiltrado y saqueado sin rubor en 4 años fue tarea ardua. Las Cortes iniciaron, por las reformas promovidas por Roberto López Villatoro, su proceso de declive institucional ya que se pervirtió el sistema de elección.

Ahora en el caso del Ministerio Público, a partir de la elección de Álvaro Colom, con apoyo de EE. UU. se promovió una reforma y reorganización del mismo durante las sucesivas administraciones de Amílcar Zárate, Claudia Paz y Paz hasta finalizar con Thelma Aldana. Durante esa época, de mano de CICIG, se promovieron las reformas necesarias para combatir eficazmente el crimen organizado (se aprobaron reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Penal y Código Procesal Penal). Luego vino la época de CICIG del 2015-2018 y bueno, con todas las críticas que se pueden hacer del actuar del MP en esa época, lo cierto es que grandes casos de alto impacto y de gran corrupción fueron perseguidos. Sin embargo, vino la regresión y el MP es lo que es ahora. Una entidad que se dedica a desestimar el 92% de casos según sus propias estadísticas, un ente de justicia selectiva y donde los casos de alta corrupción son dormidos.

Pero la descomposición institucional va más allá. Con una Corte de Constitucionalidad bastante cuestionada, con criterios inconsistentes y con apariencia de ser actores políticos más que parte de la judicatura, ha permeado en que haya en el foro de abogados y en la población una sensación de falta de credibilidad de la misma. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, las actuaciones del MP han tratado de deslegitimar su actuar y lo han debilitado con sus acciones improcedentes alegando fraude sin prueba alguna a la fecha. El daño que le han hecho al andamiaje electoral, avalado en algunas ocasiones por la propia Corte de Constitucionalidad, es profundo. Los constituyentes les daría pena la forma en que se ha pervertido el régimen electoral que ellos diseñaron para precisamente no tener los problemas que se están teniendo en materia del sistema de partidos políticos.

En fin, si bien la situación actual no es enteramente igual a la del FRG, ya que el partido gobernante no tiene aplanadora y porque además no es el responsable de haber nombrado a las actuales autoridades, lo que sí es parecido es el descalabro institucional que existe y que, en el caso del MP, pareciera que se retrocedió 25 años en el tiempo. En materia electoral pareciera que se retrocedió 50 años. En fin, en 2026 puede ser la ventana para reconducir la democracia del país e iniciar la lenta recuperación de la institucionalidad democrática del país. Este país no será viable si no se recupera su institucionalidad para dejar de ser un instrumento de intereses despreciables. Debemos estar atentos y vigilantes a las veladas intenciones de impedir ese recambio institucional por acciones espurias y cortes complacientes.