En Guatemala, comunidades indígenas y campesinas enfrentan viviendas precarias, desalojos violentos y falta de servicios básicos. La urbanización y la criminalización de defensores agravan la crisis. Se requiere un diálogo nacional para garantizar justicia territorial, vivienda digna y protección ambiental.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, visitó Guatemala y advirtió sobre una grave crisis habitacional que afecta principalmente a comunidades indígenas, campesinas y urbanas en situación de pobreza.

En su informe preliminar, señaló que estas poblaciones viven en condiciones precarias, con viviendas inadecuadas, hacinamiento y sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, saneamiento y vías de comunicación seguras.

Rajagopal destaca que la inseguridad jurídica sobre la tierra agrava la situación, ya que muchas familias carecen de títulos de propiedad y se ven obligadas a asentarse en zonas peligrosas o insalubres, sujetas a desalojos forzados violentos.

El informe indica además la discriminación estructural que sufren las mujeres indígenas, que muchas veces no tienen derechos sobre las viviendas familiares, y denuncia prácticas discriminatorias en refugios de emergencia, especialmente contra personas LGTBIQ+.

Sobre la urbanización, se señala un crecimiento desordenado que provoca gentrificación y excluye a los sectores más vulnerables.

Entre las recomendaciones, el relator insta al Gobierno guatemalteco a reactivar y renombrar el Fondo de Tierras como un mecanismo de justicia territorial, garantizar el acceso seguro a la vivienda adecuada, fomentar la participación de las comunidades indígenas en políticas públicas, y fortalecer sistemas sostenibles de agua y energía.

Por Andrea Palacios