Para comprender lo que ocurre hoy en Guatemala es necesario analizar el papel de la clase media, no desde la acusación, sino desde la explicación. La clase media vive una paradoja silenciosa, sostiene un sistema político y económico que no la protege, mientras teme cualquier cambio que pueda alterar una estabilidad que, en realidad, es frágil.

A diferencia de las élites, la clase media no controla el capital ni define las grandes decisiones del país. Vive de su trabajo: de un salario, de un pequeño negocio o del ejercicio profesional. Su bienestar depende de reglas claras, instituciones confiables y un Estado funcional. Sin embargo, con frecuencia termina defendiendo un “orden” que no le garantiza ninguna de esas condiciones.

Esta actitud no responde a la ignorancia, sino al miedo. Miedo a perder lo poco alcanzado, a caer en la precariedad o a reconocer una vulnerabilidad que incomoda. Ese temor lleva a confundir estabilidad con inmovilidad y orden con justicia, aunque la experiencia cotidiana demuestre lo contrario.

La coyuntura actual marcada por elecciones de segundo grado, crisis institucional y violencia persistente hace visible esta contradicción. Mientras se definen magistraturas, autoridades electorales y cargos clave para la justicia, amplios sectores de la clase media optan por la pasividad. Predomina la idea de que “mejor no mover nada”, aun cuando lo existente no funcione.

El ejemplo del profesional urbano ilustra bien esta realidad. Tiene estudios, trabaja largas jornadas, paga impuestos y sostiene a su familia con esfuerzo. No pertenece a la élite, pero tampoco se asume como pobre. Ante propuestas de reforma o exigencias de transparencia, suele reaccionar con desconfianza: teme el conflicto, la inestabilidad o el “caos”.

Paradójicamente, vive expuesto a riesgos constantes: extorsión, procesos judiciales arbitrarios, pérdida del empleo sin protección real o dependencia de trámites sujetos a favores. Carece de acceso a crédito justo y no tiene influencia en las decisiones públicas. Aun así, defiende el sistema tal como está, porque cambiarlo le parece más riesgoso que soportarlo.

Ahí se instala la ilusión: creer que el orden existente protege, cuando en realidad solo posterga el problema. La clase media termina sosteniendo reglas que la dejan sola frente a los riesgos que enfrenta.

El pequeño empresario y el profesional joven representan bien esta situación. Se les prometió independencia, pero operan endeudados, sin seguridad social y expuestos a la informalidad y la arbitrariedad. No controlan el mercado ni las reglas, pero cargan con las consecuencias de su mal funcionamiento.

Cuando el silencio se vuelve costumbre, se transforma en aceptación. No exigir transparencia ni cuestionar procesos opacos permite que la ley funcione de manera selectiva. La estabilidad que se intenta conservar se vuelve cada vez más costosa y menos real.

Reconocer esta realidad es el primer paso. La clase media guatemalteca no es la beneficiaria del sistema actual; es su sostén involuntario. Su futuro no depende de resistir en silencio, sino de instituciones sólidas, elecciones limpias y reglas justas. Comprenderlo no es confrontar: es asumir responsabilidad. Solo desde ahí es posible corregir el rumbo.