La ventana normalmente se abre para oportunidades. Pero hoy, en Guatemala, esa ventana está abierta por una razón muy distinta: para advertirnos de que nos estamos acercando al punto de no retorno. El informe Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas no revela un problema nuevo, sino uno que llevamos ignorando demasiado tiempo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, debemos ponerlo en el centro de la discusión nacional.

Porque la verdad es esta: el crimen organizado ya no riñe con el Estado. Lo está reemplazando. No solo lo desafía; ocupa cada espacio que la institucionalidad abandona, cada vacío que dejamos crecer, cada zona donde la ley dejó de ser garantía para convertirse en sugerencia. Cerca del 40% del territorio nacional opera hoy bajo formas de gobernanza paralela. Son regiones donde los criminales deciden quién entra, quién sale, quién paga, quién vive y quién no. Si no actuamos, esa cifra podría superar el 60% en los próximos años. Y ningún país puede llamarse democracia cuando más territorio responde al crimen que a sus instituciones legítimas.

El 2026 será un punto de quiebre. No es un drama inventado; es una advertencia sustentada. Las redes criminales están acelerando su infiltración en los procesos de nominación judicial y en instituciones clave como el TSE, la CC y el MP. Ya no les basta mover droga o lavar dinero: buscan legitimidad, influencia y blindaje político. Han entendido que para controlar un país no basta con tener armas o rutas; hay que controlar decisiones. Y lo más alarmante: dos aspirantes que ya comienzan a perfilarse para las próximas elecciones cargan sombras densas, reales y peligrosas de posibles vínculos con estructuras del narcotráfico. Hacer como que no lo vemos sería una irresponsabilidad histórica.

Mientras tanto, el Estado avanza lento, disperso y muchas veces capturado. El crimen no. Ellos operan con financiamiento internacional, entrenamiento militar, logística sofisticada y una capacidad de corrupción que penetra donde la vigilancia es débil o inexistente. La pregunta ya no es si pueden capturar instituciones, sino cuántas más estamos dispuestos a dejarles.

El informe Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas lo deja claro: aún podemos actuar. No estamos condenados, pero sí advertidos. El análisis muestra cómo avanza la cooptación criminal del Estado y plantea soluciones concretas: inteligencia real, cooperación regional, recuperación territorial, fortalecimiento institucional y protección activa de la justicia. Este no es solo un reto de seguridad; es un desafío económico y social que ya cuesta el equivalente al 7.7% del PIB. Miles de emprendedores están siendo asfixiados por la extorsión. La inversión extranjera observa con desconfianza. Y miles de jóvenes ven en las estructuras criminales una “salida” porque su país no ha logrado ofrecerles algo mejor.

Guatemala no puede seguir callando. No podemos ceder espacios que luego costará sangre recuperar. No podemos permitir que las próximas generaciones hereden un Estado debilitado, infiltrado y sometido. Necesitamos reformas profundas, justicia independiente, inteligencia moderna, fuerzas de seguridad fortalecidas y un sector privado que asuma su rol como columna vertebral de la economía y defensor del Estado de derecho.

Este no es un llamado pesimista. Es un llamado urgente. Si dejamos que el crimen capture el Estado, perderemos mucho más que instituciones: perderemos la posibilidad de construir un país digno, próspero y gobernado por la ley.
La ventana está abierta. Pero no se abrirá dos veces.