A través de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) del Gobierno de Bernardo Arévalo, se impulsa una red de Instancias de Asuntos de Probidad cuya finalidad es implementar medidas de ética e integridad desde dentro de cada dependencia estatal, con el objetivo de consolidar estructuras que sean difíciles, incluso, de desmantelar en un futuro por otros gobiernos.

La CNC, liderada por el comisionado Julio Flores, coordina la ejecución de políticas, normativas y acciones destinadas a prevenir la corrupción en la administración pública. Según la Comisión, esta estrategia responde a una prioridad del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera: el combate a la corrupción como principio rector del Ejecutivo.

Uno de los pilares de esta política fue la aprobación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo (Acuerdo Gubernativo 62-2024), suscrito por el presidente en Consejo de Ministros. Este instrumento inédito en el país no solo orienta éticamente la labor de los funcionarios, sino que establece la creación obligatoria de oficinas internas de probidad en todas las entidades del Ejecutivo, indican.

Hasta ahora, más de 60 instituciones han emitido sus propios códigos de ética institucionales, y 67 Instancias de Asuntos de Probidad ya han sido conformadas, según la Comisión. Estas unidades están encargadas de implementar acciones de ética, integridad y prevención de la corrupción en el día a día de la administración pública.

La CNC dijo a La Hora que más de 4 mil 100 cartas de compromiso ético han sido firmadas por trabajadores del Ejecutivo, al igual que más de 3 mil 900 contratos con cláusulas éticas. Además, se han capacitado a más de 11 mil personas en temas relacionados con ética pública, integridad y probidad.

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Para garantizar la permanencia de estas oficinas, el Ejecutivo ha emitido nuevas normativas. El Acuerdo Gubernativo 210-2024, también aprobado en Consejo de Ministros, establece los Sistemas de Integridad, conformados por siete elementos destinados a reforzar la ética institucional. Según el artículo 8 de esta norma, las Instancias de Asuntos de Probidad son responsables de la “gestión, coordinación y evaluación de los Sistemas de Integridad”.

Hasta la fecha, 40 entidades del Ejecutivo ya han emitido acuerdos internos para formalizar la incorporación de estos sistemas, según indicó la CNC tras ser consultados.

Además, el Acuerdo Gubernativo 32-2025 reformó el Código de Ética para viabilizar, a través del artículo 17 ter, la incorporación permanente de las oficinas de probidad dentro de las estructuras administrativas, indicó la Comisión. Esto implica su inclusión en manuales de funciones, reglamentos internos, presupuestos e instrumentos de planificación institucional.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA

La CNC detalla que estas oficinas son clave para prevenir, detectar y denunciar hechos de corrupción, así como para coordinar campañas de sensibilización, establecer canales de denuncia y promover el liderazgo ético en las máximas autoridades.

Con estas medidas, el Gobierno busca que los esfuerzos anticorrupción queden estructuralmente integrados a la administración pública. Según la Comisión, quien desee revertir esta arquitectura deberá pasar por un proceso complejo: derogar los acuerdos gubernativos emitidos en Consejo de Ministros, suprimir más de 60 códigos de ética internos, 40 sistemas institucionales de integridad y eliminar progresivamente las 67 instancias de probidad.

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La CNC también acompaña técnicamente a estas unidades a través de la Red de Integridad, establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 194-2024, con el objetivo de consolidar su capacidad operativa y asegurar su permanencia.

Con este andamiaje normativo y operativo, el Ejecutivo busca dejar un legado institucional que trascienda el actual gobierno, según explicaron a esta redacción. Un tejido anticorrupción que, por diseño, no pueda ser fácilmente deshecho.