En los últimos seis meses del 2024, equipos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) finalizaron auditorías sobre 230 instituciones públicas. El resultado del ejercicio de fiscalización dejó, además de sanciones administrativas, la presentación de 47 denuncias por dudas en el manejo de más de Q215 millones.

Cada uno de esos casos fue presentado ante el Ministerio Público (MP), que deberá asignar cada expediente a la fiscalía más apta para comenzar el proceso de investigación.

El resultado de las auditorías finalizadas en el último semestre del año pasado concluyó en que pudieron cometerse delitos que requieren una investigación penal por aparentes actos de corrupción, extremos que la investigación del MP tendrá que confirmar o descartar.

El listado total de las auditorías practicadas a las 230 dependencias públicas fue presentado ayer en el Diario de Centro América, en cumplimiento con las normas internas de la CGC, que obligan a divulgar los resultados de los ejercicios de fiscalización.

De las 47 denuncias que fueron presentadas por el equipo de auditores, dos ministerios lideran la lista por contener la mayor cantidad de señalamientos.

El primero de ellos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que recibió 12 denuncias. Los señalamientos contra esa cartera ascienden a Q36 millones 534 mil 773.68.

La segunda entidad con mayor número de denuncias fue el Ministerio de Educación (Mineduc), que recibió 11. Las dudas alrededor de esa cartera son por un monto de Q4 millones 41 mil 937.45.

Otros casos

El informe de las auditorías también señala a otras dependencias del Estado que recibieron menos denuncias, pero las dudas sobre el manejo de sus fondos son, a criterio de la institución fiscalizadora, considerables.

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, Área Nororiente, recibió dos denuncias por un monto de Q1 millón 526 mil 764.07.

El Ministerio de Cultura y Deportes obtuvo una denuncia por un monto que asciende a Q48 millones 512 mil 962.34, mientras que el Ministerio de Economía recibió otro señalamiento por Q33 millones 798 mil 814.16.

Asimismo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recibió una denuncia por el aparente mal manejo de Q63 millones, según el reporte de casos fiscalizados por la CGC.

También figuran entre las instituciones denunciadas nueve municipalidades, dos hospitales, dos entidades enfocadas en proyectos habitacionales, Ferrocarriles de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el régimen de pensiones de la Empresa Portuaria Quetzal y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

La CGC explicó, por medio de un comunicado, que las auditorías presentadas no corresponden exclusivamente a casos del 2024, ya que pueden encontrarse informes ordenados con anterioridad, pero que apenas llegaron a su fin.

Sanciones

Mediante un comunicado, la CGC explicó que además de la presentación de las 47 denuncias como producto de su ejercicio de fiscalización, también emitieron sanciones de carácter administrativo.

Estas, a su vez, representan una sanción económica que, según los datos de las auditorías, asciende a un monto millonario. “Como resultado de estas auditorías se emitieron 932 sanciones administrativas que representan un monto total de Q67 millones 496 mil 753.66”, explicó la CGC.

También presentaron 25 formulaciones de cargo por un valor de Q7 millones 119 mil 146.04, relacionadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades, detalló la Contraloría.

Denuncias al TSE

La CGC también presentó en su oportunidad denuncias contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos que posteriormente fueron judicializados, es decir, se les asignó un juez contralor para coordinar los requerimientos de la investigación a cargo del MP.

Las dos denuncias a la autoridad electoral obedecen a hechos ocurridos durante el período de las elecciones generales del 2023, relacionados con la compra de equipo de cómputo y de un sistema informático.

El TSE gastó Q148 millones para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que, a consideración de las auditorías, pudo haber sido una compra sobrevalorada, extremo que deberá investigar el MP.

Una práctica similar fue detectada por el TSE al evaluar la compra de una serie de herramientas tecnológicas, que también fueron utilizadas en el pasado evento electoral.

Durante la presentación de su informe anual, la CGC explicó las dos denuncias relacionadas con el TSE, pero no brindó mayores detalles sobre esos hallazgos debido a que ahora los casos están en control del MP.