El 15 de enero del 2024, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, presentó a su equipo y señaló que no sería tolerante con la corrupción, por lo que aplicaría procesos para combatir ese flagelo.

Ese día fue anunciada Claudia Palencia como primera viceministra de Seguridad; Felipe Sánchez, segundo viceministro Administrativo; William Cameros, cuarto viceministro de Tecnologías; y Werner Ovalle, quinto viceministro Antinarcótico.

“Está por demás, y ustedes lo saben muy bien, que el delito de mayor impacto a la sociedad guatemalteca es la extorsión. Ese es un tema fundamental que nosotros vamos a enfrentar. Pero también, no solo es —vuelvo a insistir— el delito, sino la manera en que el Estado se articula en torno precisamente a hacer frente a estos hechos”, comentó Jiménez.

El 2 de febrero, el presidente Arévalo delegó por oficio a Jiménez para asistir a la reunión convocada por la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Cinco días después, ambos funcionarios abordaron estrategias contra la extorsión y el narcotráfico.

Ese mes se ejecutaron una serie de requisas en cárceles del país, que Jiménez anunciaba en sus redes sociales: “Buenos días, Cuilapa. Buenos días, centro de detención El Boquerón. Llegó visita sorpresa”, indicaba el ministro.

El 21 de marzo, Gobernación y el MP desarticularon una banda dedicada a ingresar menores de edad con fines de explotación sexual al Preventivo para Varones de la zona 18. Hubo 24 capturados, entre ellos nueve guardias del Sistema Penitenciario (SP).

Jiménez explicó que encontraron un SP sin controles, y que las requisas formaban parte de la estrategia para retomar el control de los penales.

En abril, los homicidios habían disminuido 13% respecto del mismo periodo del año anterior, y el titular del Ministerio del Interior anunció que reforzaría el combate a las extorsiones, el narcotráfico y la seguridad fronteriza relacionada con el tráfico de personas, para continuar con esa tendencia.

En mayo, el asesinato de Jorge Sebastián Pop Chocoj, de 18 años, conocido como Farruko Pop, puso a prueba al Mingob. La población exigía respuestas, y semanas después la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los sospechosos.

En junio, fracasó el intento de interpelación contra el ministro promovido por la bancada Valor. El juicio político no obtuvo el respaldo de la mayoría del Congreso.

Durante los meses siguientes, Gobernación enfrentó un déficit de agentes de la PNC y realizó una requisa en la cárcel El Infiernito, donde hallaron animales exóticos, dinero y otros objetos ilícitos. Se anunció la remodelación del penal, que fue inaugurado en noviembre del 2024. El Infiernito pasó a llamarse Renovación 1, un centro carcelario de máxima seguridad. Los primeros 131 reos y cabecillas de bandas criminales fueron trasladados el 10 de noviembre.

Ese año, Gobernación incautó 17 toneladas de droga y capturó a 25 personas con órdenes de extradición hacia Estados Unidos.

En el primer trimestre del 2025, Jiménez fue criticado por el ascenso en los homicidios. Datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señalan que las muertes violentas aumentaron 32% respecto del año anterior.

La tendencia al alza continuó, y según Jiménez, el repunte obedecía a una reconfiguración de estructuras criminales impactadas en el 2024.

El 12 de marzo, el funcionario anunció la captura de Aler Samayoa Recinos, alias “el Chichara”, cabecilla del cartel Los Huistas. Las semanas siguientes, Gobernación y la PNC dirigieron operativos contra la estructura de narcotráfico Los Lorenzana, y capturaron a varios de sus cabecillas, entre ellos Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “Chipi”. La embajada de Estados Unidos respaldó la labor de Gobernación en esos operativos.

En abril se produjo el primer cambio en la dirección del SP: Sergio Vela fue destituido luego de que cinco reos cavaban un túnel para escapar del Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios.

Luis José Juárez Bolaños fue nombrado sucesor de Vela, pero dejó el cargo en menos de un mes. Después, Ludin Godínez estuvo al frente de la institución hasta el 13 de octubre, un día después de la fuga de 20 reos catalogados como de alta peligrosidad en Fraijanes 2.

Por esa fuga también renunciaron Francisco Jiménez; José Portillo, primer viceministro; y Claudia Palencia, quinta viceministra Antinarcótica, quien había asumido ese cargo en mayo.