Después de siete meses y a puerta cerrada, los magistrados de la Sala Tercera Penal integrada por los titulares Alejandro Prado, Ingrid García y el suplente Rubén Darío Zavala, conocieron la recusación que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), interpuso contra la juez A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida para que esta deje de conocer el caso Acuerdos Odebrecht.

La sala no permitió el acceso a medios de comunicación al asegurar que le caso continúa bajo reserva, sin embargo, minutos después que las partes ingresaron a la audiencia, la mayoría de abogados defensores de los señalados fueron expulsados de la misma. Según se conoció, uno de los querellantes solicitó este extremo al asegurar que la información ventilada en dicha audiencia podría llegar a oídos de sindicados ahora declarados en rebeldía.

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Poco más de una hora transcurrió hasta que los magistrados salieron y tras ellos cada una de las partes, los únicos en hacer mención fue la FCT, quienes señalaron que la resolución había sido «positiva para Guatemala», según sus palabras, aunque no ahondaron en mayores detalles, confirmando que la Sala aceptó la recusación interpuesta con estos.

Posteriormente, se conoció que la Sala cambió a la juez Secaida, pero en lugar de nombrar al juez siguiente, que en este caso podría ser el juez B del Juzgado Quinto Penal o el Juzgado Sexto Penal, los magistrados ordenaron el traslado del expediente a manos del juez B del Juzgado Segundo Penal, Mario Hichos.

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Hasta este instante, se desconoce el razonamiento de los magistrados, sin embargo, desde este momento, la Sala ya no puede emitir otras resoluciones sobre capturas u otras incidencias sobre el caso, como lo hizo en las últimas semanas, a menos que se trate de algún tipo de apelación sobre el proceso.