Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera un recurso de debida ejecutoria, en el que se ordena al Organismo Ejecutivoretomar la construcción del proyecto del Puente Belice 2 —atrasado por más de un año y medio—, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció al respecto durante la conferencia de prensa realizada este martes 27 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura, donde dio a conocer los resultados del estado de sitio durante los primeros nueve días de su implementación.

El mandatario aseguró que, después de conocer la resolución de la CC, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) continúa con las evaluaciones del plan de construcción del proyecto, el cual ha presentado problemas técnicos desde su origen.

“Sobre el Puente Belice 2, efectivamente, el Ministerio de Comunicaciones está revisando el plan porque el proyecto tenía problemas técnicos, el que había sido originalmente presentado. Entonces hay que entrar a hacer una revisión y hacer una corrección de los problemas técnicos para poder procesarlo. Así que ese es el camino que se está siguiendo en el Ministerio de Comunicaciones”, aseguró.

El presidente dijo que la implementación de ese proyecto contribuirá a mejorar el tránsito en la capital y en las áreas aledañas en la ruta al Atlántico, junto con otros proyectos respaldados por la cooperación internacional.

¿Qué ordenó la CC?

En su resolución, la Corte de Constitucionalidad ordenó al presidente, al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y a la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, cumplir con el fallo emitido en mayo del 2025.

El día 27 de ese mes y año, la oficina de Asuntos Jurídicos del CIV recibió la notificación de la CCsobre un amparo otorgado en definitiva a Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Marta Luisa Tepen Soyos de Suret y Blanca Julia Contreras López de Montenegro.

Con esa acción, la CC ordenó a Arévalo, a Menkos y al entonces ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, retomar la construcción del proyecto, que llevaba un año paralizado.

El tribunal constitucional instruyó que las autoridades “deberán realizar y adoptar cuanta medida sea necesaria para continuar, ejecutar y concluir la construcción del proyecto”.

Además, indicó que, para continuar con la obra, debe respetarse la legislación vigente, y que, en un plazo de 30 días hábiles después de recibir la notificación, se debía elaborar un plan de reprogramación.

Aunque la orden fue acatada por el Ejecutivo, el 16 de junio la cartera de Comunicaciones suspendió los trabajos, aduciendo obstáculos legales para su continuidad.

“Ahí hay varios temas. El primero es el derecho de vía y el otro tema es el del puente ferroviario de Las Vacas, que tengo entendido ha sido declarado patrimonio cultural. En todo caso, estamos en coordinaciones con el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del IDAEH (Instituto de Antropología e Historia), para buscarle una solución. Pero estamos trabajando en la continuidad de ese proyecto y en dar respuesta a las disposiciones que emitió la Corte de Constitucionalidad”, aseguró Díaz en conferencia de prensa.

No obstante, luego de ocho meses de notificada la resolución del amparo en definitiva, el Ejecutivo no ha cumplido lo ordenado, por lo que el tribunal emitió una nueva resolución, tras una solicitud de las querellantes.

Esta nueva resolución, emitida por la CC el 26 de enero, también ordena al Ejecutivo presentar informes quincenales sobre los avances del proyecto, los cuales deben ser elaborados y entregados por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Costo del proyecto

La construcción del Puente Belice 2 comenzó durante los últimos meses del gobierno de Alejandro Giammattei y fue adjudicada a Grupo Muratori, S. A., por un monto estimado en Q1 mil 785 millones y su edificación comenzó el 13 de noviembre del 2023.

La primera suspensión ocurrió en marzo del 2024, ya bajo el gobierno de Arévalo, cuando el CIV indico que la empresa no había cumplido con dos renglones fundamentales en la obra, que eran la remoción de postes de alta tensión y el derecho de vía para poder construir, por lo que se suspendió de forma temporal la obra.

Posteriormente, en mayo del mismo año, la cartera de Comunicaciones alegó otros problemas técnicos en el diseño y que los trabajos representaban peligro para peatones y vecinos del área de la 20 avenida y 1a. calle, zona 6, donde se realizaban las obras.

El CIV anunció que rellenaría los agujeros abiertos por la empresa, al considerar que eran peligrosos. Sin embargo, la compañía calificó la decisión de arbitraria, aseguró que no existía acta firmada por ambas partes, y que continuarían con la obra hasta que se cumplieran los requisitos legales.

Pese a ello, Comunicaciones ordenó la suspensión de los trabajos, que desde entonces no han tenido avances.