Autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron la captura de cinco personas por los hechos ocurridos el pasado miércoles en Izabal, donde pobladores manifestaron su rechazo a las actividades de explotación minera que se realizan en el departamento.

El viceministro de Gobernación, José Portillo, confirmó luego de una reunión en el Congreso, que fueron capturadas cinco personas, quienes se presume forman parte del grupo que ha estado generando bloqueos en la localidad. También confirmó la captura de un hombre acusado de realizar disparos mientras ocurrían los hechos.

“Nosotros, en el Ministerio de Gobernación, somos respetuosos de los derechos humanos y también de este tipo de manifestaciones, pero debemos tener claridad en que hay espacios públicos, y el derecho de locomoción debe garantizarse. De esa manera estamos actuando”, afirmó el funcionario.

Portillo señaló que ya se giraron instrucciones a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se agoten los protocolos de actuación y uso de la fuerza, así como el diálogo, en cada manifestación como la ocurrida en Izabal.

Se investiga agresión

Sobre la lesión provocada a una persona, aparentemente por el disparo de una bomba lacrimógena lanzada por elementos antimotines de la PNC, y que se hizo pública a través de un video en redes sociales, el funcionario afirmó que ya se giraron instrucciones para investigar cómo sucedieron los hechos.

“Estamos investigando. Ya se generó la instrucción en la Inspectoría de la Policía Nacional Civil para que investigue el hecho y se determine si la persona que fue lamentablemente herida lo fue por una bomba lacrimógena o por alguna piedra. Como ustedes saben, también hay vehículos que resultaron afectados y otras personas que salieron lastimadas, pero está en proceso de investigación por parte de la Inspectoría General”, afirmó Portillo.

Los hechos

Las protestas en Livingston, Izabal, comenzaron como una muestra de rechazo a las actividades de explotación minera en la Sierra Santa Cruz, por lo que representantes de al menos 54 comunidades aledañas bloquearon distintas carreteras, impidiendo el paso vehicular.

Los inconformes exigían a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Energía y Minas que les garanticen que ninguna empresa minera operará en dicha área verde, pues aseguran que de ello depende el abastecimiento de agua para las familias del lugar.

En la reunión realizada el miércoles para tratar de solventar la situación participaron delegados del Gobierno, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y líderes comunitarios. El objetivo era alcanzar acuerdos para liberar las vías bloqueadas.

No obstante, los habitantes impidieron la salida de los representantes de las autoridades, por lo que fue necesaria la intervención de elementos antidisturbios de la PNC, quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas y evitar que continuaran bloqueando el paso.