¿Existe en Guatemala un patrón de criminalización contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y actores que luchan contra la corrupción e impunidad? Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, asegura que sí, y señala al Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, y miembros del Poder Judicial como responsables de esa acción repudiable.

La jurista estadounidense llegó a esta conclusión tras una visita de 12 días al país, durante la cual se reunió con diversos sectores, incluida la propia Porras, quien habría intentado presentarse como víctima de acoso gubernamental. Sin embargo, los hechos no dejan lugar a dudas: el MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho y se ha transformado en una estructura alineada con actores que buscan socavar la institucionalidad democrática, con el objetivo de deslegitimar y derribar al presidente Arévalo.

De acuerdo con la relatora, la información documentada muestra cómo el MP ha desarrollado una política sistemática de criminalización contra quienes combaten la impunidad, denuncian abusos de poder o defienden los derechos humanos. Una de sus tácticas recurrentes es declarar los casos bajo reserva, con el argumento de proteger las pruebas. Pero en la práctica, es una artimaña para ocultar que los procesos carecen de fundamento legal sólido. Esta opacidad impide a la ciudadanía acceder a información clave sobre asuntos de interés público y encubre irregularidades graves.

Satterthwaite señaló que el MP presenta acusaciones vagas, repetitivas y excesivamente generales, lo cual refuerza la percepción de persecución política. Además, denunció un uso indebido de la asignación de casos por parte del Organismo Judicial, ya que “la mayoría de víctimas de la persecución penal arbitraria del MP son asignadas a un puñado de jueces”, lo que refuerza la sospecha de manipulación judicial.

Porras no actúa sola. Su gestión estaría al servicio de un grupo que insiste, sin pruebas, en que Arévalo ganó las elecciones con un supuesto fraude. La maquinaria ha sido puesta en marcha para validar esa falsa narrativa. Así se explica la captura de Ligia Hernández, exdirectora del Instituto de la Víctima, obligada a aceptar cargos para facilitar la cancelación del partido Semilla. También fueron encarcelados el abogado Eduardo Masaya y Jorge Santos, exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, por formar parte —según el MP— de una presunta conspiración fraudulenta.

Igualmente, permanecen en prisión Luis Pacheco, viceministro de Energía, y Héctor Chaclán, ambos exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, con el fin de construir el relato de que Arévalo accedió al poder mediante acciones supuestamente terroristas. Bajo esa lógica, el MP ha llegado a criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los pueblos originarios, como ocurrió con las movilizaciones indígenas de 2023.

¿Cuántas veces Rafael Curruchiche ha intentado retirarle el antejuicio a Arévalo? Ese mismo fiscal ignora la corrupción documentada durante el mandato de Alejandro Giammattei, a quien se niega a investigar. Es evidente el interés del MP por posicionar en la opinión pública un discurso alternativo, que busca deslegitimar a las actuales autoridades y justificar su eventual remoción. Esta narrativa es promovida por sectores ultraconservadores, cercanos al partido Vamos, que aspiran a retomar el poder para continuar los negocios opacos y el saqueo de los recursos del Estado.

Las conclusiones de la relatora confirman por qué el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a Porras y a varios de sus colaboradores: su política de criminalización representa una grave amenaza para la democracia, la justicia y los derechos fundamentales.