El campamento de protesta de sindicalistas afines a Joviel Acevedo, instalados en la Plaza de la Constitución y alrededor del Palacio Nacional de la Cultura, tiene pancartas que copian frases de ciertas narrativas ajenas y enarbolan el discurso de buscar “mejoras laborales”. No reclaman aumento salarial, porque ese ya lo otorgó el Gobierno, en un porcentaje inédito, casi cuestionable por ser indiscriminado. En el anterior pacto colectivo se otorgó un incremento salarial de 3% y nadie dijo nada. Esta vez se dio un 5% general, y los acevedistas dijeron que querían un irrisorio y a todas luces improbable 15%.

Pero lo que en realidad demanda, sin querer enunciarlo públicamente, es la continuidad de las injerencias inconstitucionales sobre procesos administrativos como nombramientos, traslados, medidas disciplinarias y evaluaciones de rendimiento. Por cierto, la Corte de Constitucionalidad —cuya celeridad para ciertos casos es pasmosa y para otros, sospechosa— no ha dicho nada acerca de los recursos planteados por la Procuraduría General de la Nación el 7 de mayo último, a pesar de tratarse de un asunto de interés público, de alto impacto en la educación de millones de niños y jóvenes, así como de un altísimo costo de oportunidad para el país. Para otros temas, en tres días tienen la resolución provisional.

La marcha del 12 de mayo último no tuvo la participación necesaria, pues muchos maestros optaron por seguir cumpliendo con su deber e impartiendo clases a los niños. En la educación no hay un día que sobre, y cada jornada perdida la llorarán los mismos estudiantes a futuro. Acevedo no apareció en tal demostración. El lunes 25 de mayo se instalaron champas bajo las cuales permanecen supuestos docentes, por turnos: así se disimulan mejor los disensos, que son lo que más temen los caudillos despóticos.

Con cada día que transcurre, se pone más en entredicho la causa jovielista simplemente porque no tiene asidero. Es totalmente indigno poner a personas a hornearse con el calor de estos días para persistir en un reclamo plagado de conflictos de interés. Pero, sobre todo, el asunto es sintomático, porque durante los períodos de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina nunca se alebrestaron tanto. La razón era obvia: cada mandatario salía a la par del tozudo dirigente y ello implicaba que ningún ministro de Educación iba a oponerse a signar pactos colectivos a espaldas y a costa de la ciudadanía.

La instalación del campamento manifestante tiene demasiado parecido con la metodología utilizada por homólogos mexicanos. Instalaron un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, que les otorgue un aumento y les cumpla otras demandas, incluidos algunos ofrecimientos relacionados con el seguro social local. De manera parecida a lo que sucede aquí, no hubo mayor descontento con previos gobiernos que les cumplían sus deseos para tenerlos en el bolsillo.

En todo caso, la ciudadanía guatemalteca podría apoyar más a los maestros si estuvieran exigiendo, por ejemplo, más tecnología en las escuelas y mayor capacitación pedagógica para poder utilizarla e instruir de manera integral, moderna y exigente a los educandos; ojalá se reclamasen evaluaciones más exigentes y competitivas para que prime la meritocracia en los escalafones, y no solo la inercia del tiempo; tal vez si estuvieran pidiendo que se amplíe el alcance de las licenciaturas en Educación y la contratación preferente de maestros graduados universitarios. Pero es justo eso lo que está tratando de volver a sepultar el acevedismo y, con ello, las esperanzas de una futura ciudadanía más crítica y competitiva.