La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026–202, terminó convirtiéndose en el centro de la discusión política en las últimas semanas. La CC es el tribunal que interpreta la Constitución y tiene la última palabra en materia constitucional. El reto es que, en más de una ocasión, sus resoluciones han terminado definiendo conflictos institucionales de alto nivel o han resuelto asuntos no relacionados con esta instancia.

El Congreso de República debe elegir un titular y suplente. El 12 de febrero sorprendió un mensaje en X cuando un diputado, jefe de bancada, junto con algunos parlamentarios oficialistas y directivos, se ufanaron que respecto a la CC y el Tribunal Supremo Electoral ya contaban con la mayoría de los votos. Muy posiblemente con eso en mente agendaron el 23 de febrero en la Instancia de Jefes de Bloque la elección para el martes 4 de marzo.

El 3 de marzo, previo a que los organismos Judicial y Legislativo realizaran su designación, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció públicamente contra la posible reelección del magistrado Roberto Molina Barreto y de Consuelo Porras por no ser íntegros. También afirmó que se intentaba presentar un supuesto respaldo de los Estados Unidos, país con el que se estaba comunicando al respecto. La postura del presidente generó asombro y tensión por su intromisión en otros poderes, los señalamientos directos a personas y la mención de los Estados Unidos.

El ambiente político alrededor de la elección se volvió cada vez más tenso. El mismo día La Corte Suprema reeligió a la magistrada Dina Ochoa como magistrada y a Claudia Paniagua como suplente. El Congreso había sido convocado para votar el martes 4, pero la sesión terminó abruptamente cuando la junta directiva decidió cancelarla, habiendo quórum.

Luego por medio de un amparo, la CC resolvió que el Congreso había disuelto ilegalmente la sesión anterior para lo que debía concluir la elección. Al mismo tiempo, se desataron intensas críticas contra uno de los magistrados. Buena parte de esos señalamientos provinieron de actores y voces cercanas al oficialismo.

El jueves 5 de marzo a las 10:30 de la mañana inició la sesión en el Congreso. Durante horas se dieron muchas intervenciones largas y sin contenido. La actuación de la mayoría de los diputados del oficialismo fue realmente bochornosa, violenta, irrespetuosa hacia la propia institución donde incluso hubo apagones para interrumpir la sesión, escena que terminó convirtiendo el pleno del legislativo en un espectáculo bajo e indigno. Muy mala manera para tratar de conquistar votos.

Luego durante la sesión se ordenó y limitó a cinco minutos el uso de la palabra a los diputados que la solicitaron, tal como lo ordena la Ley, para finalmente acatar lo resuelto por la CC y continuar con el orden del día y ejercer el voto. Ya entrada la madrugada del 6 de marzo para sorpresa de muchos fue designando Roberto Molina Barreto como magistrado titular con 100 votos y, para suplente, Luis Rosales con 117 votos. La sesión terminó a las 4:30 de la mañana.

Visto en perspectiva, el episodio dejó un enorme desgaste evitable. Ni la confrontación pública, la utilización de turbas, los señalamientos personales sin fundamento en redes sociales, ni el empeño presidencial pudieron modificar el desenlace de la votación ni la correlación real de fuerzas dentro del Congreso. Un espectáculo que ni propios y ajenos aplaudieron.

La integración completa de la nueva Corte de Constitucionalidad aún no está cerrada, ya que faltan los magistrados que debe designar el presidente de la República. Lo ocurrido deja una advertencia clara: cuando la confrontación política sobrepasa los límites, el costo institucional termina alcanzando a todos.

Y esta historia todavía no ha terminado.