Apoyados por jueces, empleados vinculados a exdirectores de Aeronáutica logran reinstalaciones judiciales en la DGAC
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se ha visto obligada a reinstalar a tres personas cercanas a los exdirectores Carlos Velásquez Monge y Francis Argueta. Los fallos, emitidos por distintos juzgados laborales, imponen salarios de hasta Q25 mil y, en un caso inédito, exigen pagos en dólares y plazas indefinidas que no existen en […]
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se ha visto obligada a reinstalar a tres personas cercanas a los exdirectores Carlos Velásquez Monge y Francis Argueta. Los fallos, emitidos por distintos juzgados laborales, imponen salarios de hasta Q25 mil y, en un caso inédito, exigen pagos en dólares y plazas indefinidas que no existen en la estructura actual.
Estos son solo tres casos recientes documentados por La Hora, pero no son los únicos. De hecho, según registros de la DGAC el costo de esta «herencia administrativa» es millonario: solo en 2025, la Dirección de Aeronáutica desembolsó Q31.45 millones para cumplir con sentencias judiciales que incluyen salarios dejados de percibir y prestaciones de empleados que han demandado al Estado.
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EL CASO EXTRAORDINARIO: SUELDO EN DÓLARES Y PLAZA INEXISTENTE
El expediente de Elizabeth Nicté Paz Pineda es, quizás, el más complejo. Ella trabajó como asesora ambiental en un organismo regional vinculado a la DGAC, donde devengaba US$3 mil mensuales por servicios profesionales. Su llegada a dicho ente fue impulsada por Carlos Velásquez Monge, con quien mantenía una relación sentimental, confirmaron fuentes cercanas a ambos.
Aunque Paz Pineda no era empleada directa de la DGAC (su último contrato estatal fue en 2020 con AMSA), el Juez Sexto de Trabajo, Marvin Benjamín Castillo Barrios, ordenó su reinstalación con el mismo salario y atribuciones que tenía en el ente internacional.
Según la comprobación de La Hora, en documentos que obran en Guatecompras se evidencia que las autoridades cumplieron con esa orden y otorgaron a Paz Pineda un contrato bajo el renglón 029 para prestar servicios profesionales del 17 de marzo al 30 de junio de 2025, por un monto total de Q80 mil 477.42. De acuerdo con documentos oficiales de la institución, en ese lapso se le pagaron Q23 mil 100 mensuales.
Durante ese período cumplió con sus funciones, según otros trabajadores de la institución; sin embargo, este año el mismo juzgado determinó que no se había cumplido adecuadamente con lo resuelto. Como consecuencia, en febrero pasado el juez Castillo Barrios emitió una nueva orden reiterando que la asesora debía volver al puesto, pero esta vez mediante un contrato indefinido y con el mismo salario que percibía originalmente en dólares.
Información de oficio que figura en el portal electrónico de Aeronáutica da cuenta de que, hasta ahora, en esa dependencia no hay ningún sueldo que se pague en moneda extranjera, por lo que su caso sería extraordinario. Además, debido a que se plantea que se le contrate de manera indefinida, no podría laborar bajo renglones como el 029 o 022, pues estos son temporales, según fuentes a lo interno de la DGAC.
El fallo en mención aún no se ejecuta, pero las fuentes hicieron ver que se dará cumplimiento a lo ordenado, para no incurrir en desacato a la orden judicial.
LA ASESORA Y SU HISTORIAL DE CONTRATOS EN EL ESTADO
Registros de Guatecompras muestran que, antes de la reinstalación ordenada por el juez el año pasado, el contrato más reciente de Elizabeth Nicté Paz Pineda con el Estado fue en 2020, con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Por ese entonces fue contratada mediante acta administrativa para servicios profesionales, y recibió un único pago de Q16 mil en enero de ese año.
Sin embargo, durante 2019 registró varios contratos en distintas instituciones públicas, algunos de los cuales coincidían en el tiempo. Entre las entidades con las que prestó servicios figuran:
- Instituto de Fomento Municipal (Infom), bajo el renglón 029, del 3 de abril al 31 de mayo.
- Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), mediante acta administrativa, del 16 de abril al 30 de junio.
- AMSA, mediante acta administrativa, del 3 de junio al 31 de agosto.
- Empresa Portuaria Quetzal, bajo el renglón 029, del 1 de noviembre al 31 de diciembre.
En conjunto, esos contratos le permitieron percibir Q256 mil durante el año. Anteriormente, en 2016, 2013 y 2012 tuvo otros contratos en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), EPQ y DGAC.
UN PERSONAJE CON PERFIL POLÍTICO
Más allá de sus vínculos laborales, el nombre de Elizabeth Nicté Paz Pineda también ha estado vinculado con la política nacional.
En 2017 fue nombrada subsecretaria del Conamigua por el Congreso de la República. Sin embargo, semanas después presentó su renuncia, debido a una serie de cuestionamientos sobre irregularidades en el proceso de selección.
En las elecciones de 2023, fue candidata a diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Republicano, cuyo secretario general era su expareja y exdirector de Aeronáutica, Carlos Velásquez Monge. Él también buscaba llegar al Legislativo en esos comicios, pero ninguno de los dos logró el cometido y el partido fue cancelado posteriormente.
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EL EXDIRECTOR VINCULADO AL CASO
Carlos Velásquez Monge dirigió la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el gobierno de Jimmy Morales. Asumió el puesto en 2016 y lo dejó en abril de 2018, pues fue nombrado ministro de Desarrollo Social.
Años después enfrentó procesos judiciales relacionados con su gestión en la DGAC. En noviembre de 2024 fue enviado a juicio por un caso relacionado con el pago de Q78,750 para la reparación de 150 motores de bandas transportadoras de equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Las investigaciones del Ministerio Público señalaban que los servicios no fueron prestados.
No obstante, el 26 de mayo de 2025, un tribunal donde se desarrolló el proceso lo absolvió, al concluir que no se acreditó su participación en los hechos señalados. Actualmente, al exdirector y exministro se le ve participando en podcast y otras actividades, en las cuales da su opinión sobre la coyuntura nacional y temas políticos.
EL JUEZ DE LOS “DIVORCIOS EXPRÉS”
Detrás de la orden más inusual en la DGAC —la de reinstalar a una asesora con un sueldo en dólares y en una plaza inexistente— se encuentra Marvin Benjamín Castillo Barrios, Juez B del Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.
Castillo Barrios no es un nombre ajeno a la controversia. Su trayectoria reciente ha estado marcada por señalamientos que cuestionan la legalidad y la ética de sus actuaciones desde el banquillo judicial.
El pasado 18 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomó una decisión drástica contra el juzgador: retirarle el antejuicio. Castillo Barrios fue denunciado por autorizar divorcios de manera anómala cuando se desempeñaba como juez de Trabajo y Familia en Quetzaltenango.
Según las investigaciones, el juez habría disuelto vínculos matrimoniales sin el consentimiento de ambas partes, una irregularidad que le valió ser investigado penalmente y que pone en duda el rigor legal de sus fallos.
Pese a los cuestionamientos y al retiro de su inmunidad, Castillo Barrios continúa ejerciendo funciones como juez laboral en el Centro de Justicia Laboral de la zona 10 capitalina. Es desde esta judicatura donde emitió este fallo que hoy obliga al Estado a desembolsar millones de quetzales para reinstalar a personas del círculo íntimo de exfuncionarios señalados por corrupción.
EL ESPOSO DE LA EXMINISTRA DE EDUCACIÓN: SEGURIDAD CUESTIONADA
En un segundo caso, quien también consiguió ser reinstalado es Julio César Estrada Valenzuela, nombrado en 2021 como jefe de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) por el entonces director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, y despedido al inicio del actual gobierno, en febrero de 2024.
Esposo de laexministra de Educación Claudia Ruiz, Estrada Valenzuela llegó al citado puesto en Aeronáutica cuando ella era parte del Gabinete de Gobierno de Alejandro Giammattei. A pesar de que su contratación generó severas críticas contra la entonces funcionaria, a quien se le señaló de nepotismo, él permaneció en el cargo sin mayores inconvenientes. El caso fue documentado en un reportaje de Soy 502, en el cual también se dio a conocer que a los hijos del matrimonio se les había otorgado trabajo en distintos ministerios.
Ahora, el Juzgado Quinto de Trabajo ordenó a la DGAC que volviera a contratar a Estrada Valenzuela en el cargo y con el mismo salario que ostentaba anteriormente: Q25 mil mensuales. Su reinstalación fue confirmada por la Sala Sexta de Apelaciones en materia laboral.
La institución cumplió con la reinstalación el pasado 2 de marzo y actualmente labora bajo el renglón 029, en la Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que es donde figuraba asignado en el período de Argueta, aunque él, públicamente, le atribuyó funciones como jefe de seguridad del AILA.
En noviembre de 2021 las capacidades y eficiencia de Estrada Valenzuela como encargado de seguridad de la principal terminal aérea del país fueron duramente cuestionadas. Por aquel entonces, un migrante guatemalteco logró viajar como polizón en el tren de aterrizaje de una aeronave que despegó desde Guatemala hacia Miami.
El incidente generó inspecciones y evaluaciones a los controles de seguridad del aeropuerto; además, el mismo Francis Argueta reconoció lo “delicado del asunto” y anunció medidas. El caso fue noticia a nivel internacional; sin embargo, el esposo de la exministra no fue separado del cargo.
Posteriormente surgieron denuncias internas contra él por parte de varios trabajadores, quienes lo señalaron de obstaculizar gestiones internas relacionadas con la renovación de equipos de seguridad, incluyendo la adquisición de nuevos sistemas de rayos X. No se conoce que se hayan efectuado averiguaciones al respecto.
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EXPERIENCIA EN PRESIDIOS
Antes de su paso por Aeronáutica Civil, Julio César Estrada Valenzuela prestó servicios a la Dirección General del Sistema Penitenciario durante 2018 y 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales, con un salario de Q12 mil mensuales.
Durante la siguiente administración contó con el respaldo de Giammattei, lo cual le permitió mantenerse en la DGAC durante tres años. Según datos de Guatecompras, entre 2021 y 2023, el profesional devengó Q894 mil 354.85 en honorarios por su trabajo como jefe de seguridad en el AILA.
Argueta intentó blindar el puesto de Estrada con el cambio de Gobierno, y a principios de enero de 2024 renovó su contrato. Este le permitiría ganar Q298 mil 387.10, del 3 de enero al 31 de diciembre, pero eso no se concretó.
En febrero de ese año, durante los primeros días del gobierno de Bernardo Arévalo, su contrato fue cancelado junto con el de alrededor de 800 trabajadores en distintas dependencias del Ejecutivo. El fin de su contrato se hizo oficial mediante la resolución SA-123-2024.
EL RETORNO DEL EQUIPO DE FRANCIS ARGUETA
El tercer expediente documentado de reinstalación reciente en Aeronáutica corresponde a María Gabriela Ruíz de Letona, quien fue asistente personal de Francis Argueta, mientras estuvo al frente de la entidad. Su recontratación fue ordenada por el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y confirmada posteriormente por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del ramo laboral.
Ruíz de Letona fue reincorporada en febrero de este año mediante un contrato 029, el mismo renglón en el que laboró en el gobierno pasado y con el mismo pago de honorarios, que asciende a Q18 mil, según los registros de Guatecompras.
Empleados de la institución la han identificado como una de las personas que “gozaba de toda la confianza” del exdirector de Aeronáutica y relataron a La Hora que, a su regreso a la dependencia vía la reinstalación, buscaba volver a tener la calidades con las que contaba cuando administraba su exjefe.
En el apartado de Información Pública de Oficio de la página web de la DGAC consta que Ruiz comenzó ganando Q17 mil mensuales y después tuvo un aumento de Q1 mil, por lo que al ser despedida percibía Q18 mil.
UN EXDIRECTOR CON VARIOS SEÑALAMIENTOS
Francis Argueta dirigió la DGAC desde abril de 2018 hasta febrero de 2024, por lo que su mandato abarcó dos gobiernos.
Fue juramentado en el cargo por el entonces ministro de Comunicaciones José Luis Benito, durante el gobierno de Jimmy Morales. Fue el sucesor de Carlos Velásquez Monge, quien dejó esa entidad para convertirse en ministro de Desarrollo.
Alejandro Giammattei lo confirmó en el puesto, por lo que durante todo ese gobierno estuvo al frente de los temas aeronáuticos del país. Argueta fue destituido en febrero de 2024, durante el primer mes del gobierno de Bernardo Arévalo.
La entonces ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega explicó que la decisión respondía a deficiencias en el cumplimiento de la función reguladora de la aviación civil y a problemas en la administración de los aeropuertos del país.
Durante su gestión, la DGAC fue objeto de múltiples críticas por problemas operativos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que iban desde deficiencias en infraestructura hasta cuestionamientos sobre la seguridad aeroportuaria. El último contrato que aprobó fue para la instalación de gradas eléctricas y elevadores en esa terminal aérea, un negocio que heredó la actual administración y estuvo marcado por irregularidades desde el inicio.
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EL IMPACTO DE LOS FALLOS JUDICIALES
La obligación de cumplir estos fallos no solo afecta la operatividad administrativa, sino que drena el presupuesto de inversión de la DGAC, que ahora debe priorizar el pago de litigios derivados de nombramientos políticos del pasado.
El cumplimiento de estas órdenes podría implicar nuevos compromisos presupuestarios para la institución y evidencia cómo decisiones tomadas durante administraciones anteriores continúan teniendo efectos dentro del aparato estatal.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada, solo en 2025, la DGAC desembolsó Q31.45 millones para dar cumplimiento a sentencias judiciales, incluidos fallos como los que involucran a Elizabeth Nicté Paz Pineda, Julio César Estrada Valenzuela y María Gabriela Ruíz de Letona, con costos no solo de reinstalaciones, sino también pago de salarios dejados de percibir y prestaciones que son reclamadas por los empleados que interponen las demandas.