No es una problemática nueva; sin embargo, los indicadores muestran que la situación sigue invariable y en una sociedad que casi ha normalizado la realidad. A escala internacional, Guatemala es uno de los países que retrocede en materia de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. El índice de KidsRights señala el problema de desnutrición, en salud y educación, pobreza multidimensional y violencia como factores que vulneran los derechos de este grupo.

Como respuesta a las precarias condiciones y la violencia en las que viven, cada vez son más los menores que deciden migrar por cuenta propia. Elena Bejarano, directora ejecutiva de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) explica que en algunos casos la migración de niños y adolescentes se produce a nivel interno (de un departamento a otro) o hacia países vecinos, con la motivación de salir de las condiciones de explotación, trata de personas o amenazas de grupos delictivos.

Hasta mayo, Ciprodeni reporta que en el país el fenómeno de la trata de personas tuvo “un alarmante aumento del 167%”, comparado con los datos al mismo mes de 2024, y los casos que involucran a menores también presentan una tendencia al alza. En los primeros cinco meses del 2025 se contabilizan 160 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata. Del 2020 a mayo de este año ha habido 916 denuncias, principalmente, en municipios como Guatemala; Oratorio, Santa Rosa; Chiquimula (cabecera) y Tiquisate, Escuintla, según el reporte de Ciprodeni, con datos del Ministerio Público (MP).

Las adolescentes de entre 13 y 17 años resaltan entre las víctimas de trata, estadísticas que se repiten en los peritajes por delitos sexuales. Asimismo, se estima que persiste el subregistro en los datos debido a la falta de denuncia por parte de las víctimas. Al respecto, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en el informe del 2024, indica que la niñez y la adolescencia carecen de mecanismos para denunciar los vejámenes a los que pueden estar sometidas y que pueden forzarlas a huir de sus hogares, y esto puede exponerlas a otras situaciones de riesgo.

En agosto del 2025, el Sistema de Alertas Alba-Keneth cumplirá 15 años desde su aprobación y, a partir de la reforma aprobada el año último, va actualizando diariamente las estadísticas de los menores desaparecidos y localizados por quienes se ha activado una alerta. Más de un año después de haberse aprobado la reforma, sigue pendiente la difusión masiva de las alertas vía mensaje de texto a los usuarios de la telefonía celular.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), que coordina del sistema mencionado, indicó que aún no está en marcha el mecanismo de cell broadcast —envío de un mensaje a los usuarios de telefonía en una zona geográfica específica—, pero que se evalúan alternativas tecnológicas viables técnica, legal y financieramente para las instituciones parte del sistema. Hasta la tercera semana de julio, en total se activaron tres mil 526 alertas y permanecían activas 624. La frecuencia con la que se producen los casos de desaparición de menores es elevada.

Según la PGN, en los meses con cifras bajas, se activan alrededor de 500, y en algunos años con mayor número —como el recién pasado— se registró un mes con 735 alertas. El informe de Ciprodeni destaca que las desapariciones reportadas por la PGN, afectan principalmente al grupo etario de 0 a 4 años; y por género, a las niñas desde los 13 años. Al respecto, Bejarano señala como causas la migración de niños y adolescentes que huyen de organizaciones delictivas, y en algunas ocasiones, son madres que se marchan de sus hogares junto con sus hijos, por hechos de violencia intrafamiliar.

Hay niñas, niños y adolescentes que huyen por las maras hacia Honduras o El Salvador. También hay migración interna, hacia otros departamentos o municipios a donde van a esconderse por su seguridad, afirma Bejarano, al tiempo que se refiere a la existencia de otros delitos contra la niñez. Un ejemplo son las adopciones irregulares, como presuntamente ocurrió en San Vicente Pacaya, Escuintla, a inicios de abril de este año, cuando los pobladores rescataron a un bebé secuestrado por una pareja que fue capturada en medio de fuertes disturbios en los que un agente de Policía falleció.

En el 2007 se aprobó la Ley de Adopciones para enfrentar el elevado número de casos de menores dados en adopciones ilegales vinculadas a redes de trata de niñas y niños, ante lo que se considera ha habido una reducción de este delito.

Las causas del problema

La pobreza extrema, violencia, exclusión social, corrupción, discriminación, impunidad, ausencia de servicios básicos, amenazas de pandillas, entre otros problemas estructurales, motivan la migración de los menores a Estados Unidos, según el informe Situación de la niñez y adolescencia 2022-2024, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag). Los riesgos a los que se exponen en su tránsito son múltiples, principalmente, vinculados a trata y violencia sexual. Aun así, los casos de niños y niñas que migran solos han aumentado y hay casos en que concretan hasta tres intentos para llegar a Estados Unidos, asegura Bejarano.

Pero, la violencia y maltrato que sufren las niñas, niños y adolescentes en sus entornos refleja la ausencia de un sistema efectivo que los logre proteger. Los casos de violencia sexual —violaciones, embarazos infantiles y de adolescentes— persisten, al grado de registrar, de enero a abril del 2025, un promedio diario de seis y 269 embarazos infantiles y adolescentes, respectivamente. Los informes de la PDH resaltan que en el índice KidsRights —que mide el respeto a los derechos de la niñez con parámetros para la protección de la vida, el acceso a salud, educación, protección integral y goce de derechos fundamentales— Guatemala se ubica entre los países con menor desempeño.

Según dicho índice, en el 2025 fueron evaluados 194 países y Guatemala cayó del puesto 145, el año último, al 170 en la medición que efectúa la Fundación KidsRights con el apoyo de la Universidad Erasmus de Róterdam.Cada año, más de dos mil niños, niñas y adolescentes son rescatados por la PGN debido a condiciones de maltrato y abandono. Ante esta estadística, la Odhag señala que dejarlos a cargo de instituciones “debe ser la última opción”, pero lograr este estándar no es fácil.

La saturación de casos y poco personal para atender requerimientos judiciales, además de que algunos padres adolescentes se niegan a reintegrar a sus hijos en sus hogares, son factores que contribuyen a la permanencia de los menores en instituciones. Asimismo, la Odhag resalta que el Estado carece de las condiciones y garantías para asegurar el bienestar de la niñez y adolescencia institucionalizados. De conformidad con el informe de la PDH, la institucionalización afecta el desarrollo psicológico, social, biológico y cognitivo de los menores, sobre todo, si tienen menos de 3 años.

Afirma que por cada cuatro meses de institucionalización se pierde un mes en el desarrollo cerebral y emocional de los niños. Según el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), en el 2024 se contaba con 131 hogares de protección, donde 113 eran privados —autorizados por el CNA— y 18 eran públicos, a cargo de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), que en total albergaban a tres mil 513 niñas, niños y adolescentes.
En la actualidad, la SBS cuenta con 21 residencias de protección y abrigo, que ha ido abriendo luego de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Agilizar soluciones

En las próximas semanas, se reactivará una mesa de alto nivel interinstitucional, a fin de abordar la situación problemática y poder adoptar acciones para dar salida al hacinamiento en residencias de la SBS, la mora en los procesos de los juzgados de niñez y las labores de la PGN para resolver los casos, indica Mayorga.

La propuesta es que cada entidad revise los procesos, reglamentos internos y haga las modificaciones que permitan agilizar los trámites, procesos o contrataciones de recursos humanos y de alquiler de espacios para residencias, con el objetivo de desactivar “la bomba de tiempo” en la que se encuentran, explica. El presupuesto vigente de la SBS alcanza Q425 millones, y es la secretaría de la Presidencia con mayor presupuesto. A esta fecha ha ejecutado 39% de su presupuesto.

La voluntad política de colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas y los programas no ha existido en los distintos gobiernos, asevera Carolina Escobar Sarti, directora de la Alianza Guatemala, al tiempo que critica la ausencia de un sistema de protección integral que impide dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes.

Desde octubre del 2017 quedó engavetada en el Congreso la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que entre otros temas buscaba eliminar la duplicidad de funciones y dispersión institucional que dificulta formular planes coordinados.