Cuando la Guardia Nacional de California llegó a Los Ángeles en enero para responder a los devastadores incendios forestales, los habitantes del sur de California recibieron a los soldados como héroes. Las celebridades les agradecieron su servicio en la zona de Pacific Palisades. Los propietarios de viviendas suburbanas competían por charlar con ellos en los puntos de control de tráfico de Altadena.

Siete meses después, gran parte de esa buena voluntad ha desaparecido.

Los manifestantes abuchean a los soldados mientras estos vigilan los edificios de oficinas federales. Los automovilistas que van al trabajo maldicen los gigantescos convoyes que congestionan las autopistas. Familiares interrogan a los soldados con preguntas sobre si realmente tienen que obedecer órdenes federales.

El nivel de desprecio público y privado parece haber hecho mella en el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles que el presidente Donald Trump anunció el mes pasado citando las protestas por las redadas de inmigración. Entrevistas con más de dos decenas de personas —incluyendo a soldados y oficiales, además de funcionarios y civiles que han trabajado de cerca con las tropas— muestran que muchos miembros de la guardia cuestionan la misión. Las órdenes iniciales del despliegue, que buscaban contener protestas dispersas, han dado paso a asignaciones legalmente controvertidas en apoyo a agentes federales de inmigración.

“Dieron entradas para Disneyland a las personas que trabajaron en los incendios forestales”, dijo un soldado. “Ahora nadie reparte entradas para Disneyland”.

Seis miembros de la guardia —entre ellos soldados de infantería, oficiales y dos funcionarios con funciones directivas— hablaron de una moral baja y una profunda preocupación de que el despliegue pueda perjudicar el reclutamiento de la fuerza militar del estado en los próximos años. Aquellos que fueron entrevistados hablaron bajo condición de anonimato, porque las órdenes militares prohíben al personal de la guardia hablar públicamente del despliegue federal y temían enfrentar represalias por hablar con los medios de comunicación.

Todos menos uno de los seis expresaron reservas sobre el despliegue. Varios dijeron que ellos mismos habían planteado objeciones o que conocían a alguien que lo había hecho, ya fuera porque no querían participar en medidas represivas contra la migración o porque sentían que el gobierno de Trump los había enviado a las calles para lo que describieron como una “misión falsa”.

The New York Times se puso en contacto con un amplio grupo de soldados en busca de entrevistas sobre el despliegue. Aunque se trata de una muestra pequeña, los comentarios de los seis soldados coincidían con otros indicios de baja moral.

Al menos 105 miembros del despliegue buscaron asesoramiento de los oficiales de salud mental, y al menos un comandante de compañía y otro de batallón que se opusieron a la misión fueron reasignados a tareas no relacionadas con la movilización, dijeron los oficiales de la guardia. Algunos soldados se mostraron tan descontentos que se reportaron varios casos de militares defecando en los Humvees y en las duchas de la base del sur de California donde están estacionadas las tropas, lo que provocó que se reforzara la seguridad en los baños.

La Guardia Nacional de California tenía 72 soldados cuyo alistamiento iba a expirar durante el despliegue. De esos 72, al menos dos ya han abandonado la guardia y otros 55 han indicado que no prolongarán su servicio, según la oficina del gobernador Gavin Newsom, quien está combatiendo el despliegue de Trump en los tribunales. Esa cifra, si los soldados mantienen su postura, equivaldría a una tasa de retención del 21 por ciento, muy inferior a la tasa típica del 60 por ciento de la guardia, dijeron los funcionarios.

“Las heridas morales de esta operación, creo, van a perdurar,” dijo uno de los dos oficiales de la guardia. “Esto no es, en absoluto, para lo que fue creado el ejército de nuestro país”.

Los seis soldados son una fracción de los miles que han sido desplegados en Los Ángeles. Muchos miembros no han tenido problemas para participar en la operación y no han manifestado conflictos ni preocupaciones personales. No es raro que los soldados desplegados se quejen de sus asignaciones, cuestionen las razones por las que fueron llamados a filas o busquen asesoramiento durante los despliegues. A principios de este año, después de que los soldados de la Guardia Nacional fueran convocados para mantener el orden en el sistema penitenciario del estado de Nueva York luego de que los funcionarios de prisiones se fueran a huelga, algunos soldados dijeron no sentirse preparados y se quejaron de que no se les proporcionó gas pimienta u otros medios para protegerse.

Trump comenzó a desplegar miles de soldados en el sur de California el 7 de junio, alegando que los dirigentes demócratas del estado no estaban protegiendo a los agentes federales ni a las propiedades después de que las redadas de inmigración desencadenaran protestas. El presidente movilizó a un total de cuatro mil 100 miembros de la Guardia Nacional de California, que normalmente controla Newsom, y envió otros 700 infantes de marina.

Desde entonces, la presencia militar en California ha sido un foco de debate, ya que soldados armados se han enfrentado a manifestantes frente a edificios federales y han acompañado a agentes federales que realizaban redadas en la región de Los Ángeles. Varias operaciones han provocado reacciones intensas, incluyendo una demostración de fuerza en MacArthur Park y una redada de migración en una granja de cannabis del condado de Ventura, donde un trabajador agrícola que huía se cayó de un invernadero y más tarde murió.

El despliegue ha empezado a disminuir. El 1 de julio, el presidente accedió a retirar a alrededor de 150 soldados de la guardia en una unidad especializada en la lucha contra incendios forestales, y el martes el Pentágono anunció que 1990 miembros del Equipo 79 de Combate de la Brigada de Infantería de la Guardia iniciarán la desmovilización. No estaba claro si el presidente pondría fin a la misión después de 60 días, como sugería inicialmente su orden. La otra mitad del despliegue —1892 miembros de la Brigada 49 de Policía Militar— permanece activa.

Los seis soldados dijeron que, aunque están recibiendo un salario más alto y mayores prestaciones por estar en una misión federal que las que recibirían en una activación estatal, están ansiosos por volver a casa. La Guardia Nacional normalmente es un compromiso a tiempo parcial, y muchos miembros han estado en servicio casi continuo desde que Newsom los convocó tras los incendios para que ayudaran a las autoridades locales.

La nueva misión los ha enfrentado a comunidades y familias, dijeron varios soldados. La campaña de Trump contra la migración ha sembrado el miedo y el pánico en las comunidades de inmigrantes hispanos de la región de Los Ángeles. La mayoría de los 18.000 miembros de la Guardia Nacional de California vive en el sur de California, y aproximadamente el 40 por ciento son de origen hispano.

No todos los soldados latinos que hablaron con el Times se oponían a la misión. Un comandante hispano del Valle Central de California dijo que sus abuelos habían llegado a Estados Unidos legalmente y que no sentía ningún conflicto. Señaló, sin embargo, que de cualquier manera los soldados de la Guardia Nacional deben obedecer órdenes.

Otros soldados latinos han planteado objeciones, formales e informales.

En un incidente que, según varios soldados, ocurrió al principio del despliegue, 60 elementos estaban esperando a ser transportados a unas redadas de migración previstas en el condado de Ventura cuando un soldado latino se acercó a los oficiales encargados de la misión. Les dijo que se oponía firmemente y se ofreció a ser detenido antes que participar en la operación. Finalmente, dijeron, fue reasignado a tareas administrativas. Funcionarios del Comando Norte del ejército declinaron hacer comentarios sobre el incidente.

Los funcionarios del gobierno de Trump y los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que los soldados “no participan en la aplicación de la ley”, sino que se limitan a proteger a los agentes federales. Grupos de defensa de las libertades civiles han refutado este argumento, mencionando la detención temporal de un hombre por los marines al principio del despliegue.

Un juez federal programó para agosto un juicio en el que se determinará si el uso de la Guardia Nacional y los marines ha infringido la ley federal.

La mayoría de los soldados han sido destinados a la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos, una instalación de propiedad federal gestionada por la Guardia Nacional de California, cerca de Long Beach. Los soldados comentaron que los desayunos son abundantes —huevos, papas hash brown, salchichas, panqueques— y que el alojamiento es cómodo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantenerlos ocupados, dijeron que hay largos periodos de inactividad y de frustración por las misiones que se filtraban o se cancelaban cuando los pesados convoyes llegaban a su destino.

El Parque MacArthur estaba prácticamente vacío el 7 de julio cuando llegaron los agentes federales para demostrar que podían “ir a cualquier parte, cuando quisiéramos, en Los Ángeles”, como dijo un funcionario de inmigración a Fox News. De alrededor de 80 miembros de la Guardia Nacional que llegaron como refuerzo, casi todos se quedaron en sus camiones.

En la base, dijeron los soldados, recibían adiestramiento antidisturbios, repasaban maniobras de campo de batalla y entrenaban para saltar de sus catres y prepararse en cualquier momento. Pero más que nada, dijeron, holgazaneaban en tiendas del tamaño de almacenes, escuchando música y jugando con sus celulares. Solo unos 400 de los 3 mil 882 miembros de la guardia desplegados habían sido enviados a misiones fuera de la base, según datos de la guardia.

Una portavoz del Ejército del Norte de Estados Unidos del Comando Norte dijo que la rutina de los miembros de la guardia “varía día a día”. Muchas asignaciones en la base tienen que ver con “practicar técnicas de desescalada y control de multitudes y cumplir los requisitos anuales de entrenamiento, todo mientras se mantienen ciclos de descanso y recuperación”, añadió.

En Los Alamitos, un suburbio costero de alrededor de 12 mil habitantes, los soldados se han amontonado en una instalación de 5 kilómetros cuadrados que comparten con otros organismos públicos que se han opuesto a esta intrusión. En correos electrónicos obtenidos mediante una solicitud de registros públicos, los trabajadores de un programa conjunto para erradicar la mosca mediterránea de la fruta se quejaban de que los soldados que se afeitan y se lavan los dientes abarrotan los baños y de que los científicos se sienten inquietos por los camiones llenos de explosivos que tienen cerca.

Los soldados deambulan por senderos nuevos entre una enorme ciudad de tiendas de campaña y los nuevos edificios semipermanentes. “Llevo 33 años viviendo aquí y es la primera vez que veo algo así”, dijo la alcaldesa de Los Alamitos, Shelley Hasselbrink. “Le decimos el circo; parecen grandes carpas de circo”.

Dos funcionarios demócratas a quienes se concedió un breve acceso a la base —Josh Fryday, veterano de la Marina que dirige la participación comunitaria en la oficina del gobernador, y el representante Derek Tran, veterano del ejército que representa a Los Alamitos— dijeron que la enorme presencia militar, cuyo costo se ha calculado en US$134 millones, parecía excesiva y extrema.