Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudieron este martes 17 de febrero al Juzgado Segundo Penal, donde plantearon una cuestión prejudicial con la que argumentan que el caso por supuestas anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), utilizado en las elecciones generales del 2023, debió conocerse por la vía administrativa antes de llegar a la judicial.

En el caso están implicados los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.

El abogado Jorge Pinto expuso ante el juez Mario Hichos que debe solicitarse una persecución penal únicamente cuando se hayan agotado todas las vías administrativas.

Añadió que el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud para declarar lesivo el contrato por la adquisición del Trep, pero esta petición no ha sido resuelta, por lo que no puede continuar el proceso penal.

Respecto de la cuestión prejudicial, el magistrado Gabriel Aguilera indicó que el MP debe actuar bajo el principio de objetividad. Recordó que dicho ente solicitó a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación declarar lesivo el contrato del Trep, por lo que, según Aguilera, el MP tenía conocimiento de la necesidad de esa declaratoria antes de continuar el trámite penal.

Explicó que la cuestión prejudicial no es una medida despenalizadora, sino que puede promoverse con el objeto de aplicar correctamente el proceso penal, dar certeza a los derechos fundamentales y evitar controversias en esa vía.

Por su parte, el MP señaló que la declaratoria de lesividad correspondía a los magistrados del TSE y que, si bien los cuatro sindicados fueron desaforados de sus cargos, pudieron ser los magistrados suplentes quienes conocieran la solicitud, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

Añadió el MP que no hubo licitación pública para adquirir el Trep, sino que se cursaron invitaciones a empresas, entre ellas Datasys. Según la Fiscalía, se adjudicó la oferta más alta.

Al final de la audiencia, el juez Mario Hichos indicó que este 19 de febrero, a las 11 horas, resolverá la solicitud planteada en este caso.

El sistema Trep fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 mediante un contrato suscrito el 15 de marzo del 2023; sin embargo, la Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en el proceso.

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