El tráfico también enferma y mata de forma desigual. En Guatemala, solemos hablar del tráfico como una molestia cotidiana: las filas interminables, el ruido constante, el cansancio de llegar tarde. Es un asunto recurrente en la conversación diaria, pero rara vez lo analizamos como lo que realmente es: un problema de salud pública, de seguridad vial y de equidad, cuyas consecuencias no afectan a todos por igual.

El crecimiento del parque vehicular es un dato contundente. Según cifras actualizadas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al 30 de noviembre del 2025, el país registra 6.2 millones de vehículos, con un aumento sostenido de automóviles particulares y, de forma muy marcada, de motocicletas. Este crecimiento ha ocurrido sin que exista una expansión equivalente de infraestructura vial, transporte público seguro ni regulación efectiva. El resultado es un sistema de movilidad cada vez más saturado, inseguro y profundamente desigual.

Uno de los aspectos menos discutidos del tráfico es que el riesgo de sufrir un accidente depende en gran medida del lugar de residencia. No es lo mismo movilizarse en zonas con mayor presencia institucional, mejor infraestructura y opciones de transporte, que hacerlo en departamentos y municipios donde las carreteras están deterioradas, la señalización es deficiente y predomina la informalidad en el transporte.

En todo el país, la motocicleta se ha convertido en el principal medio de transporte por necesidad, no por elección. Es más accesible económicamente y permite sortear los congestionamientos, pero también es el vehículo con mayor vulnerabilidad ante un accidente. Jóvenes, trabajadores informales y personas de bajos ingresos pasan horas expuestos diariamente al riesgo, muchas veces sin protección adecuada, sin seguro y sin alternativas reales de movilidad.

El tráfico reproduce desigualdad

El tráfico, así, no solo genera accidentes: reproduce desigualdad. Las personas con menos recursos suelen vivir más lejos de sus lugares de trabajo, depender del transporte colectivo o informal y permanecer más tiempo en la vía pública. Para ellas, un accidente no es solo una estadística; es la pérdida del ingreso familiar, el endeudamiento, la discapacidad permanente o la muerte.

Hay un dato particularmente doloroso que debería interpelarnos como sociedad: en Guatemala, los accidentes de tránsito están provocando la muerte, principalmente, de hombres jóvenes de entre 15 y 35 años de edad. Se trata de personas en plena edad productiva, muchos de ellos jefes de hogar, padres jóvenes o hijos que sostenían económicamente a sus familias.

Cada una de estas muertes representa una pérdida irreparable de años potenciales de vida. No solo se pierde una vida; se pierden décadas de trabajo, oportunidades, cuidados y aportes a la comunidad y a la economía. El impacto para las familias es devastador: duelos abruptos, caída de ingresos y hogares empujados a la pobreza. Para la sociedad, el costo es igualmente alto, aunque muchas veces invisible. En el caso del sistema público de salud, atender accidentes de tránsito ya representa hasta el 40% del gasto presupuestario en los hospitales nacionales.

Más allá de los accidentes, el tráfico enferma de forma silenciosa. Las horas perdidas en congestionamientos prolongados generan estrés crónico, alteraciones del sueño, ansiedad y depresión. A esto se suma la contaminación del aire, producto de un parque vehicular cada vez más grande y envejecido, que incrementa enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Respirar aire contaminado y vivir bajo presión constante se ha normalizado, pero sus efectos son acumulativos. En un país donde las enfermedades no transmisibles ya representan una de las principales causas de muerte, el tráfico actúa como un factor que agrava la carga sobre la salud pública y deteriora la calidad de vida de millones de personas.

Las propuestas existen

El impacto del tráfico es especialmente grave cuando se trata del transporte colectivo. De acuerdo con información del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET), en el 2025 se registraron 246 accidentes de transporte colectivo, que dejaron 96 personas fallecidas. Detrás de cada número hay historias de familias que no regresaron a casa y comunidades enteras marcadas por tragedias evitables.

Estos hechos no son inevitables. En Guatemala, no debería haber tantas muertes por accidentes de tránsito. Son el reflejo de un sistema con débil regulación, flotas en mal estado, jornadas extenuantes para los conductores y escasa fiscalización. El transporte colectivo debería ser una solución para reducir congestionamientos y riesgos, pero sin controles adecuados se convierte en una amenaza adicional para la vida.

Lo más preocupante es que estos asuntos no son nuevos ni desconocidos. Desde hace varios años, el Congreso de Seguridad Vial que anualmente organizan FUNDESA, el Automóvil Club Guatemala –FIA– y AmCham ha puesto estos problemas sobre la mesa con seriedad y evidencia técnica.

En ese espacio han participado ministros de Estado, viceministros, superintendentes de Administración Tributaria, autoridades de tránsito, sector privado, políticos, cooperación internacional, sociedad civil y expertos nacionales e internacionales. Se ha hablado de siniestralidad, transporte colectivo, motocicletas, licencias, seguros, fiscalización y marcos normativos. El diagnóstico existe. Las propuestas existen.

Falta voluntad política

La razón es incómoda, pero clara: falta voluntad y compromiso sostenido. Tomar decisiones en materia de seguridad vial tiene un alto costo político. Regular, exigir y fiscalizar no es popular. Genera desgaste y resistencia. Pero hay momentos en los que el costo de no decidir es mucho mayor.

Guatemala necesita abrir una conversación seria y responsable sobre medidas que, aunque difíciles, salvarían vidas. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, mejores estándares para la emisión de licencias de conducir y requisitos más estrictos para la circulación vehicular no son castigos: son herramientas de protección social.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un problema de salud pública, de equidad territorial y de vida o muerte. Guatemala no necesita más diagnósticos. Necesita liderazgo, decisiones y compromiso sostenido.

Porque cada año que pasa sin cambios reales se traduce en más jóvenes que no llegan a viejos, más familias rotas y más años de vida perdidos. Un sistema de salud pública que asume un costo cada vez más alto por la atención de accidentes. Y ese es un costo que el país ya no debería seguir pagando.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.