Otra vez se enfrentan fallas en el sistema de la educación pública. La pandemia fue una oportunidad perdida para impulsar innovación y cambios profundos en gestión, aprendizaje y contenidos.

Mientras en otros países se debate el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en las aulas, aquí varios maestros —obedientes del sindicalismo— están alegremente holgando como una medida de presión contra el Ministerio de Educación (Mineduc) para aumentar aún más su salario y evitar que la justicia constitucional revise su pacto colectivo. Con los gobiernos anteriores, los sindicalistas lograron participar en decisiones políticas, disciplinarias, administrativas, de contenido y financieras, algo notoriamente ilegal.

Bajo la figura de una “asamblea permanente”, los sindicalistas excusan a sus maestros para que perciban su salario sin laborar (huelga ilegal). Al final, quienes pierden son los alumnos. El líder sindical —quien durante años asumió un rol político cuestionado— está preocupado por la pérdida de poder. Su agotado liderazgo les representó, a los maestros y personal del Mineduc, dinero y privilegios, contra un pobre resultado en la calidad y cobertura educativa. El presupuesto subió de Q5 mil 793 millones en 2004 a Q23 mil 287.1 millones en 2024, sin mejoras tangibles.

El desafío es que no existe un sistema para defender a los alumnos. Para resolver este conflicto entre sindicato y autoridades, el camino es tortuoso, lleno de burocracia y lento. Y eso los saben los sindicatos. Sin embargo, la Constitución de la República, en su artículo 73, señala que la familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos, y la ley regulará lo relativo a esta materia.

Entonces, ¿por qué no iniciar un sistema paralelo, donde los padres puedan organizarse, conformar escuelas y elegir a las autoridades educativas? Claro está que con subvención estatal, reglamentos claros y una supervisión adecuada del Mineduc. Esto permitiría hacer transformaciones, diseñar proyectos escolares novedosos, los alumnos no perderían clases y se contrataría a los mejores maestros —no a referidos y sin competencias—.

Algunos recordarán el Programa Nacional de Autogestión Educativa (Pronade), con el cual se logró la cobertura universal de la educación primaria. Este surgió a raíz de los Acuerdos de Paz, cuando la cobertura de primaria era de 72 % en 1995. Era tan burocrática la elección de un maestro, que se decidió organizar a los padres de familia. Se les capacitó y se les dio la oportunidad de escoger al maestro de sus hijos. Tenía ventajas: eran de la comunidad, hablaban su idioma y, si el maestro faltaba, no tenía remuneración.

Fue financiado con fondos públicos y el programa iba acompañado de supervisión y capacitación de instituciones contratadas por el Mineduc. Fue cambiando conforme pasaron distintos gobiernos, hasta que el presidente Álvaro Colom terminó con el programa, como una promesa política que le hizo al líder sindical. Su objetivo era que todos los maestros fueran contratados centralmente, firmar el pacto colectivo y quedar liberado, lo que ha sido nefasto para el aprendizaje y la ampliación de la cobertura educativa.

El conflicto no está entre Gobierno y sindicato, sino contra el vital derecho de los estudiantes a recibir educación, hoy una moneda de canje. Guatemala necesita un modelo que ponga primero a los niños, niñas y jóvenes. Es hora de construir un sistema educativo donde nadie pueda volver a usar la educación como botín político. Cada día sin clases es un día perdido para el futuro del país.