Parece un título de ficción, pero la arbitrariedad y la negligencia en Guatemala alcanzan niveles de escándalo que superan los límites de la lógica y el sentido común; ahora, hasta se pretende burlar la legalidad bajo apariencias legaloides. Eso no se puede ni debe permitir. Por eso, se debe impugnar y revertir de inmediato la absurda e ilícita orden girada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Chiquimula que otorga “medida sustitutiva” a un condenado por homicidio hace 11 años y que, por su misma peligrosidad, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, de Escuintla.

El reo Roberto Gordillo Coronado causó la muerte de dos personas y dejó heridas a otras tres en Izabal; fue condenado en 2014 a 40 años de prisión inconmutables. Hasta noviembre del año pasado, estuvo recluido en la cárcel de Izabal, pero por estar vinculado a una estructura de cobros ilegales a otros reos, popularmente conocidos como talacha, fue trasladado a Renovación 1, que ha demostrado ser un centro que suscita temor entre los delincuentes, como debe ser. No es el primer recluso que intenta ser regresado a otra prisión más laxa. Por eso, la orden del juzgado es toda una amenaza a la seguridad pública y un precedente nefasto.

El juzgado de Chiquimula no solo ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) que le coloque un grillete electrónico al convicto Gordillo; se supone que este aparato debe ser pagado por el usuario, pero el juez también ordenó al Gobierno brindárselo sin costo alguno al señor reo durante los próximos 29 años. Sí, es absurda y alucinante la orden emitida el 11 de abril, pero aún hay más: concede autorización para que el condenado pueda movilizarse en Izabal, Zacapa, Chiquimula y Guatemala.

Es este punto cabe inquirir: ¿En dónde se encuentra el Ministerio Público (MP), tan solícito para perseguir el rompimiento de hojas de papel o para exigir con encono que se regrese a prisión a un periodista señalado de delitos, mas no vencido ni sentenciado en juicio? Y si no fue informado el MP, ya debería estar accionando en contra del peligroso disparate. Por otra parte, el Mingob reporta que hasta ahora hay 187 personas bajo medida sustitutiva de control telemático. Allí salta otra anomalía: 186 están bajo proceso, pero hay otro convicto por homicidio. ¿De quién se trata?

Resulta altamente sospechosa la resolución de marras, que fue emitida el pasado Viernes de Dolores, quizá con el intento de que pasara inadvertida. Por su naturaleza contradictoria a los objetivos del control telemático, por implicar un peligro público y por otorgar tan exagerados beneficios a un perfil criminal, dicha orden es nula por sí misma. Cabe preguntarle a dicho juzgado si tal orden fue dictada bajo coerción, amenaza o quizá hasta en estado de ebriedad, pues no parece haber sido emitida en el sano juicio de nadie, literalmente. Por supuesto, también cabe la hipótesis de si medió algún tipo de favor o pago para esta aberración.

Hablando de anomalías, existe otro proceso judicial fuertemente cuestionado, también en Chiquimula, por el homicidio de Melisa Palacios. Los señalados llevan tres años sin ser enviados a juicio bajo diversas dilaciones y tardanzas. Extrañamente, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula rechazó, el 2 de abril, la recusación contra el juez Juan José Regalado, planteada por el MP por haber expresado opinión en el proceso. Se solicitó, por segunda vez, el traslado del caso a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital. La cámara penal tiene en sus manos la resolución y también tiene a todo el país observando la decisión de sus integrantes.