Editorial

¿Es eso Ciberseguridad?

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¿Es eso Ciberseguridad?
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Con una diligencia y rapidez que todos hubiéramos querido ver para ejecutar cómo Dios manda el mandato del pueblo expresado en las urnas contra la corrupción, el presidente Arévalo sancionó la llamada Ley de Ciberseguridad que plantea un tenebroso escenario no solo por el absoluto poder que otorga a una entidad que estará a cargo […]
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Con una diligencia y rapidez que todos hubiéramos querido ver para ejecutar cómo Dios manda el mandato del pueblo expresado en las urnas contra la corrupción, el presidente Arévalo sancionó la llamada Ley de Ciberseguridad que plantea un tenebroso escenario no solo por el absoluto poder que otorga a una entidad que estará a cargo de personas que nombren los gobernantes, sino porque viola y pone en riesgo garantías contempladas en la Constitución Política de la República.

Diversas instituciones han manifestado su preocupación por esa ley que aprobó el flamante Congreso de la República, dizque para permitir al país ingresar al Convenio de Budapest, pero que crea una superpoderosa entidad facultada no solo para crear multas sino castigar a quien se le antoje simplemente invocando la mentada ciberseguridad, aunque ni los autores de la ley tengan la menor idea de lo que estuvieron hablando.

Otorgar un poder absoluto a una entidad, que conformará este y los presidentes que le sucedan sin ningún requisito ni mucho menos control, es suficiente para que la Corte de Constitucionalidad impida la vigencia de la norma legal, pero a ello hay que sumar que sus disposiciones entran en conflicto con derechos constitucionales claros y específicos, entre ellos el que garantiza la Carta Magna para el libre acceso a todas las fuentes de información. Simplemente, obtener información puede convertirse en un delito, lo que entidades como el Comité Olímpico Guatemalteco y el mismo Arévalo que busca esconder el negocio de los puentes que hacen los suyos, verían como un triunfo para mantener ocultos los trinquetes que realizan.

La lista de contradicciones entre la nueva Ley -que sancionó Arévalo sin tener la menor idea de lo que contiene la nueva norma, por más que la elogie con bombos y platillos- con la Constitución es inmensa y si tuviéramos una Corte de Constitucionalidad que no se venda al mejor postor sin duda que debiéramos esperar tranquilos a una resolución que declare inconstitucional la ley de Ciberseguridad que tanto entusiasma al gobernante, quien la ratificó con una velocidad que todos hubiéramos querido verle para proceder a enderezar el curso que llevaba el sistema liderado por la entonces Fiscal Consuelo Porras, sancionada por el mundo entero, pero quien pudo seguir haciendo lo que quería a lo largo de su periodo porque en ese caso Arévalo mantuvo la pasividad característica de su personalidad.

Van a llover las acciones contra esa ley ante la CC porque en todo lo que regula viola derechos y garantías que no pueden ser reprimidas y menos por un cuerpo legal creado con mentalidad eminentemente represiva sin que siquiera se establezca la capacidad en temas cibernéticos que debieran tener los encargados de velar por la seguridad en esa materia. Es de esperar que la corte celestial no se lave las manos ante la larga lista de inconsistencias constitucionales de la mencionada ley y proceda a reconocer sus notorias inconstitucionalidades.

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