“Esto será un caos vial”: advierten sobre efectos de la protesta del lunes 23 de marzo por combustibles, etanol y limitadores de velocidad
Transportistas anunciaron una caravana y posibles medidas de presión para el lunes 23 de marzo, mientras analistas de Impacto Directo advirtieron sobre el efecto vial, económico y legal.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, representantes del sector transporte, analistas e integrantes del panel expusieron sus posturas sobre la manifestación convocada para el 23 de marzo, centrada en el alza de los combustibles, la aplicación del sistema limitador de velocidad y el rechazo a disposiciones relacionadas con el etanol carburante.
La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos anunció que el lunes 23 de marzo, desde las 5 horas, desarrollará una caravana hacia la capital para concentrarse frente al Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso, como medida de presión por varias demandas del sector.
Marlon Prera, de la Unión de Transportistas Guatemaltecos, explicó en el programa el recorrido previsto:
“Vamos a entrar por el Atlántico, los camiones van a llegar hasta donde el límite lo permite y lo de la restricción lo permite”. Añadió que luego avanzarán con otros vehículos hacia la capital y que todos se dirigirán “a concentrarnos al Palacio de la República y al Congreso”.
Sobre una de las inconformidades del sector, Prera afirmó: “No estamos en contra del entrenamiento del etanol, sino que la forma nuevamente que lo quieren hacer de una manera arbitraria, dictatorial”.
De acuerdo con la información compartida sobre el caso, entre las principales peticiones del movimiento figuran frenar el alza de los combustibles, reformar la Ley del Alcohol Carburante, derogar el decreto que contempla el sistema limitador de velocidad, así como exigir acciones de funcionarios vinculados al área de transporte y competencia.
Rechazo parcial y advertencia de paro
No todas las organizaciones de transporte respaldan la movilización. Augusto Toledo, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte, marcó distancia de la convocatoria y centró sus objeciones en la aplicación del sistema limitador de velocidad.
Durante el programa, Toledo aseguró:
“El pendiente descendiente no sirve de absolutamente nada. Por la inercia y el peso que trae es imposible que un limitador de velocidad vaya a servir”.
También advirtió sobre el impacto económico que, a su criterio, tendría la imposición de multas vinculadas con esa regulación. “No vamos a arriesgarnos por un flete de 2,000, 3,000 quetzales a pagar 20,000 quetzales por una multa”, dijo. Añadió que, por ahora, el sector no contempla bloqueos, pero sí una suspensión de labores:
“No estamos en la situación de bloquear, pero sí de parar actividades”.
En contraste, las autoridades han defendido la medida. Según la información del caso, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo que el aumento de los combustibles responde a factores internacionales y defendió el Sistema Limitador de Velocidad al considerar que puede contribuir a reducir muertes en accidentes de tránsito. También afirmó que el derecho a manifestar será respetado, pero sin afectar derechos de terceros.
Expertos prevén impacto vial, debate técnico y ruta legal
En el panel de Impacto Directo, Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, advirtió que la protesta podría provocar fuertes complicaciones de movilidad. “Esto va a ser un caos vial”, afirmó, al referirse a la jornada del lunes y al efecto que tendría una movilización de transportistas sobre los accesos a la capital.
Massis señaló que una de las peticiones del sector, relacionada con el alza de los combustibles, ocurre en medio de un contexto internacional.
Por su parte, Armando Mendoza, abogado penalista, sostuvo que la discusión no solo pasa por el costo de los combustibles, sino también por la forma en que se están aplicando distintas disposiciones.
En el programa afirmó que el Estado “tiene la capacidad económica para no subsidiar, sino… limitar el IDP”, en referencia al impuesto al petróleo.
Mendoza también indicó que el conflicto mezcla varios factores, entre ellos el reglamento vinculado al etanol carburante y la implementación de los limitadores de velocidad. A su criterio, en algunos casos el dispositivo incluso podría ayudar al rendimiento del vehículo, aunque insistió en que el debate debe revisarse desde la ley.
“La ley siempre tiene lagunas. Y en este caso yo invito a todas las gremiales de transportistas… a que lean la ley, que convoquen a sus abogados”. Luego aseguró:
“El vacío ahí está, yo ya lo encontré”, y abrió la posibilidad de que la discusión pueda escalar a instancias constitucionales.
Mendoza añadió que hay sectores del transporte que, según su interpretación, podrían quedar fuera de la obligación de usar esos dispositivos debido a vacíos legales y a contradicciones entre normas antiguas y reformas posteriores.
En el cierre del análisis, los participantes coincidieron en que la protesta del lunes podría generar afectaciones para la movilidad y la actividad económica, mientras el sector transporte mantiene sus exigencias y las autoridades sostienen la defensa del sistema de regulación de velocidad.
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