La ejecución de los fondos de los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) ha sido un cuestionamiento frecuente durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

A principios de su gestión, en el 2024, se señalaba que la demora en la elección de gobernadores había retrasado el uso de los fondos. Sin embargo, en el resto de los meses el patrón fue el mismo y continúa de la misma manera este año.

Hasta el 15 de mayo último, la ejecución de los más de Q12 mil millones para proyectos de desarrollo en los municipios no alcanza el 10%, de acuerdo con los datos del sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El fondo alcanzó esa suma debido a que, en el 2024, cuando fue aprobada la ampliación presupuestaria, se autorizó un aumento que duplicó la cantidad disponible.

Luego, cuando el Congreso aprobó el presupuesto para este año, se adicionó dinero para los consejos, pero también que los fondos no ejecutados se trasladaran para los proyectos de arrastre y obras nuevas.

La ejecución sigue un ritmo lento y 34 de los 340 municipios a escala nacional reportan ejecución a cero y otros 122 no superan el 1%.

El departamento donde hay más municipios sin ejecución es San Marcos, seguido de Quiché y Alta Verapaz. También forman ese grupo municipios más cercanos a la capital, como Antigua Guatemala, Villa Canales y Mixco.

Algunas bancadas han dado seguimiento al tema, como los diputados de Vamos y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos). El jefe del bloque, Jairo Flores, indicó que preocupa el nivel de ejecución actual, porque no se ve reflejado el beneficio a la población.

En una de las citaciones más recientes, las autoridades del Minfin aseguraron que, en promedio, la ejecución debería de ir entre el 35% y el 40% para que puedan completarse todos los proyectos.

Los municipios que llevan un mejor desempeño de la inversión de los fondos se acercan a esos niveles.

En ese rango se encuentra San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con 42%; La Gomera, Escuintla, y Santa Catarina Pinula, Guatemala, con 37%; Pasaco, Jutiapa, 33, y Sayaxché, Petén, 32%.

El diputado Mynor de la Rosa, de la bancada Vamos, añadió que el uso de los fondos también incentiva la economía, porque se convierten en fuentes de empleo para las localidades en las áreas técnicas y profesionales.

Rezago

La asignación de fondos para los Codedes ha sido criticada durante varios períodos de gobierno por ser poco transparente, estar sujeta a voluntades políticas y por poca efectividad en el uso de los recursos del Estado.

El diputado Flores insistió en que el Ejecutivo no debió trasladar tantos fondos a la instancia por intencionalidad política, considerando también los obstáculos en el uso de esos recursos.

“Señalamos que por eso no era una buena idea trasladar fondos a los Codedes y que había una intencionalidad política”, comentó el diputado.

En los últimos 10 años, la ejecución no ha alcanzado ni siquiera el 85%, sin importar el monto total asignado. Aunque el año pasado fue el más bajo, con el 42%.

En mayo pasado, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria, se cuestionó la inclusión de montos específicos por cada municipio.

Voces políticas y de la sociedad civil señalaron criterios políticos y no técnicos para esa repartición y el fondo de desarrollo se duplicó para el segundo semestre.

Para la distribución de los fondos a los consejos existe una fórmula que toma en cuenta criterios como la población urbana y rural, índice de desarrollo humano, recaudación fiscal e índice de pobreza extrema.

Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Giammattei se asignaron fondos extraordinarios y esa práctica continuó en esta administración. Dicho dinero adicional no se rige estrictamente a esa fórmula, que se encuentra en ley.

“No fue una distribución donde se tomarán en cuenta criterios objetivos, como indicadores de pobreza, pobreza extrema, el Corredor Seco, desnutrición. No se tomaron en cuenta, fue producto de sus acuerdos políticos con diferentes bancadas”, criticó Flores.

Es por eso que al llegar el momento de aprobar el presupuesto para este año, los diputados oficialistas nuevamente propusieron un artículo con cantidades inamovibles por cada municipio, haciendo caso omiso a la lenta ejecución y a las críticas por aparentes negociaciones de dichos fondos a cambio de votos.

Además, aprobaron en el presupuesto que los fondos no ejecutados, que correspondían a más de la mitad, se utilizarán este año, poniendo un reto en las capacidades técnicas de los consejos, alcaldías, gobernaciones e incluso en las diferentes instituciones del Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó cuatro artículos de ese presupuesto, incluido el aporte a los Codedes. Por medio del Minfin, el Ejecutivo presentó una ampliación presupuestaria para cubrir los compromisos adquiridos, que fue aprobada en menos de 24 horas.

Burocracia

El proceso de planificación de las obras de Codedes es largo y dura meses. Según la información del diputado Flores, es un procedimiento de más de 220 pasos.

La ejecución de las obras es responsabilidad de las alcaldías, para que los fondos sean trasladados es necesario suscribir convenios con los Consejos a través del gobernador departamental.

Antes de esto, se requiere que los proyectos se planifiquen con base en las necesidades que los consejos comunitarios elevan a los consejos municipales.

Se inicia el proceso de conformación de expediente por parte de las alcaldías, los estudios técnicos correspondientes, dictámenes jurídicos, avales de las instituciones según el tipo de proyecto y aprobaciones necesarias. Varios alcaldes consideran que la duración del proceso para obtener fondos para una obra es de un año.

De acuerdo con el portal de Control y Desembolsos a los Consejos de Desarrollo (Codet), al menos dos mil 370 proyectos están con algún trámite pendiente y uno rechazado, solo de los proyectos que deben ejecutarse este año.

En ese sentido, Zacapa, Retalhuleu y Totonicapán son los departamentos que tienen más porcentaje de obras pendientes de aprobación. Estos mismos departamentos no son ni los que tienen más presupuesto asignado ni más obras.

En una citación de Vamos, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) aseguró que el avance es responsabilidad de los jefes ediles, aunque De la Rosa considera que la responsabilidad es compartida entre todas las entidades.

“Los convenios le dan vida a la gestión, sin esos no pueden suscribir los contratos de las obras para ejecutar”, refirió el diputado.

Desarrollo

Los fondos deben gestionarse para proyectos de desarrollo para las comunidades como agua, saneamiento, educación, salud e infraestructura. Los reglamentos vigentes fijan porcentajes por cada tipología para que respondan a las necesidades reales y no políticas de los municipios.

Aunque estas pueden ser modificadas, el año pasado se incluyeron también proyectos de infraestructura turística.

Sin embargo, ese candado solo es aplicable a los fondos ordinarios, no a los que se asignan de manera extraordinaria.

De acuerdo con los datos de SCEP para noviembre del año pasado se había otorgado cinco mil solicitudes para proyectos de educación, cuatro mil para infraestructura vial, mil 500 para agua potable y 900 para drenajes.

El diputado Flores comentó que la mayor parte de proyectos son carreteras, según la información que como bancada han tenido a la vista, lo cual es otro tema que preocupa.

“La mayoría de obras son caminos vecinales, rurales, los que les gustan a los alcaldes, pero nos preocupa no ver proyectos de educación y de agua y saneamiento, que son los dos componentes más importantes en los que debería de estar priorizando el Gobierno”, cuestionó Flores.

Programas sin apoyo

Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) indicaron que para este año uno de los proyectos sacrificados fueron los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus).

Únicamente se logró incluir uno en Quetzaltenango.

“No es de interés directamente de los alcaldes, y siempre hay trabas con los avales en el Ministerio de Gobernación, porque no le dan seguimiento”, expresó Patricia Lopez, representante de las organizaciones de mujeres ante el Conadur.