Esta semana tendremos la visita al país de Moody´s ratings, una de las principales calificadoras de riesgo país. Tendremos algunas reuniones con ellos para hablar de la agenda legislativa en materia económica, que ciertamente ha tenido avances, así como de los desafíos estructurales para implementar proyectos de largo plazo.

Moody´s ratings es una de las calificadoras de riego que ha tenido a Guatemala, a un paso de ser grado de inversión, en la misma evaluación de Ba1 por años, de hecho, la calificación no se ha movido desde el 2010. La razón es explicada por los analistas en su informe, el cual se resume en que contraponen los balances del perfil crediticio, los bajos niveles de ingresos y las instituciones comparativamente débiles, frente a un historial de gestión fiscal prudente y una vulnerabilidad externa limitada.

Según el último reporte publicado el año pasado, “los principales desafíos crediticios del país incluyen una base de ingresos estrecha, un déficit de infraestructura pública que debilita la inversión extranjera directa (IED) y la competitividad exportadora del país, e indicadores débiles de gobernanza”.

Desde una perspectiva macroeconómica, Guatemala ha tenido avances importantes, el crecimiento económico se situó en 4.1% al cierre del 2025, lo que nos lleva a ser la segunda economía más importante de Centroamérica y el Caribe y se prevé que se mantenga ese crecimiento cercano al 4% durante el 2026. Con una inflación moderada dentro del rango de 4% (±1), una mejora de las exportaciones FOB que se estima crecerán al 6% y las importaciones CIF al 7%. A esto hay que agregarle que la inversión extranjera directa sigue aumentando, a septiembre del 2025 se registró un ingreso de US$1,416.2 con una estimación al cierre del 2025 que supera los US$1,800 millones y una estimación por encima de los US$2 millardos para 2026.

El déficit público controlado, al cierre de 2025, se situó alrededor del 1.9% del PIB, reflejando que el aumento del gasto, en particular de la inversión pública, durante el último año condujo a una ligera ampliación del déficit. Con un nivel de 26.8% sobre el PIB, Guatemala tiene uno de los niveles de deuda más bajos de la región, particularmente entre las economías más desarrolladas del área. Este bajo nivel de deuda refleja la prudencia de las políticas económicas del país y una cultura arraigada de disciplina fiscal y sólida gestión de las finanzas públicas que se refleja en pagos de intereses alrededor de 1.9% del PIB, en una tendencia prácticamente estacionaria.

Ahora bien, para ser la segunda economía más importante de Centroamérica y el Caribe, nuestros aeropuertos, puertos y carreteras deben mejorar sustancialmente. La inversión pública sigue siendo baja, apenas 1.6% del PIB y todavía se tienen retos importantes para implementar leyes aprobadas como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, donde no se tiene claridad por parte del Gobierno todavía en la importancia de cambiar el modelo, tanto de contratación de obra pública, hacia mecanismos más competitivos, así como del servicio civil que deben tener estas instituciones.

Estos cambios institucionales, además de la priorización de la implementación de modelos innovadores utilizando la nueva ley de alianzas público-privada aprobada, serán parte de una discusión que seguramente será productiva. Para lograr mayores avances, se necesita un mayor compromiso político hacia cambios estructurales, hacia una visión clara que reconozca los beneficios de otros modelos más transparentes de contratación de obra pública.