A menos que haya sido un acto deliberado con el propósito de distraer la atención de otros aspectos del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto del Estado 2026, o bien porque se tuviese la solapada intención de empezar a echar mano y disponer de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) que administra el Banco de Guatemala, para otros fines aún inconfesados y este sería sólo el primer acto de una absurda aventura que significaría poner en riesgo la estabilidad monetaria y cambiaria, es intolerable y absolutamente incomprensible que el Congreso de la Republica alterara la solicitud que les llegó del Organismo Ejecutivo, contenida en el artículo 85 original de la iniciativa de ley, que era una propuesta técnica-legal.

Como una decisión política de Estado y haciendo uso de sus facultades, el Presidente de la República solicitó al Congreso que se aprobara “la participación del Estado de Guatemala, como accionista del capital ordinario tipo “C” a la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, así como que se facultara al “Ministerio de Finanzas para que con cargo al presupuesto de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, disponga de los recursos necesarios para acreditar oportunamente los pagos correspondientes en los términos del convenio respectivo.”

El artículo 133 de la Constitución Política, establece que, con “la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado… “, por lo que no se entiende porqué desatendiendo el texto de lo requerido por el Gobierno Central, el Congreso modificó lo solicitado y dispuso antojadizamente autorizar “al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para gestionar ante el Banco de Guatemala, previa autorización de la Junta Monetaria, el uso de las Reservas Monetarias Internacionales para el pago correspondiente al capital ordinario tipo “C” del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe”, lo que ni pueden ni deben autorizar los miembros de la Junta Monetaria, porque saben perfectamente que no pueden usarse las RMI de esta manera. La redacción correcta era la propuesta técnica y legal que hizo el Ejecutivo, y no la ocurrencia que salió del Congreso.

Es una lástima que, por esta pifia legislativa, Guatemala postergue su incorporación a la CAF, entidad financiera multilateral similar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial. Cuando tuve el honor de presidir el BCIE, hace más de 25 años, mantuvimos una estrecha relación de colaboración entre las cuatro instituciones.

El BCIE, por ejemplo, se fundó en 1960 para servir a los países centroamericanos, mientras la CAF se estableció en 1968, para servir, originalmente, a los países andinos, tomando de modelo los avances integracionistas de Centro América, que eran ejemplares en aquella época. Actualmente la CAF, además de los países sudamericanos y del Caribe, tiene como socios centroamericanos a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

La CAF, como las otras instituciones financieras multilaterales, promueve el desarrollo económico y social de los países beneficiarios, movilizando recursos y financiando proyectos tanto del sector público como privado, consiguiendo fondos en términos financieros más favorables dado que tienen calificaciones de riesgo crediticio de calidad de inversión (AA+), muy superiores a las de Guatemala.