El pasado 11 de julio, La Hora informó sobre la decisión del Ministerio Público (MP), de solicitar la desestimación de la denuncia presentada en contra del exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tras no tener pruebas en su contra.

Sin embargo, en un cambio repentino de decisión, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) quien es el denunciante contra Gálvez, manifestó por medio de sus redes sociales que el MP presentó una renuncia a la audiencia para presentar sus motivos de desestimación a favor del juzgador, con lo que cambio de rumbo su decisión.

En el documento publicado por estos se lee que el Juzgado Duodécimo Penal, aceptó el memorial presentado por la Fiscalía contra Delitos Administrativos, por lo que la audiencia de desestimación prevista para el próximo 14 de agosto queda suspendida.

Sin que de momento se conozcan los motivos por los cuales la fiscalía dio marcha atrás a su decisión.

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Después que FCT hiciera ver a fiscalía de Delitos Administrativos que la fiscal auxiliar había incurrido en ilegalidades al solicitar la desestimación (somos parte como querellantes), el MP decidió apegado a Derecho, desistir de la audiencia que beneficiaría a Gálvez pic.twitter.com/TuTbUtSSI5

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) July 22, 2025

EL INFORME

De acuerdo al informe al que tuvo acceso La Hora, el cual consta de cuatro páginas realizado por la Fiscalía contra Delitos Administrativos, la denuncia presentada por la FCT señala que supuestamente Gálvez cometió los delitos prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y detenciones ilegales, por permitir que varios sindicados permanecieran en prisión provisional mientras resolvían su situación legal en audiencia de primera declaración.

Aunque la FCT nunca fue querellante o representante de algunos de los sindicados en los diferentes procesos, la fundación señala que las supuestas víctimas de estos hechos son: el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; el exministro de gobernación, Mauricio López Bonilla; la exintendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio; el exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer; el exfiscal, Rony Elías López Jerez y el exdirector del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León Zea.

Sin embargo, según este informe, que consta dentro del expediente MP001-2022-22674 conexado al MP001-2023-18169, refiere que «no se dan los verbos rectores de los delitos señalados», lo cual fue fundamentado de la siguiente manera:

Abuso de autoridad: Dentro de sus funciones se encuentra el resolver la situación jurídica de cada uno de los sindicados, así como es de hacer ver que las aprehensiones se dan por orden de Juez competente.

Incumplimiento de deberes: en este caso tampoco cumplen, pues estaba dentro de sus funciones y debía resolver la situación jurídica de los aprehendidos en su momento.

Prevaricato: al emitir sus resoluciones las hizo apegadas a derecho.

Detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada: no se prueban las mismas, pues como se establece, cada una de las aprehensiones fueron giradas por órgano jurisdiccional competente.

AVALADO POR LA CONSTITUCIÓN

En el informe, la fiscalía señala que «como lo establece el artículo 06 de la Constitución Política de la República, si se cumple, ya que las personas que se les estaba investigado por delitos y su aprehensión y cuando se da su captura fueron puestos ante autoridad judicial competente en el plazo correspondiente».

La fiscalía reconoce que en cada resolución emitida por Gálvez, se hizo «dentro de sus funciones judiciales» que le otorgó la ley, tomando en cuenta que en cada caso, se debía escuchar a la defensa de cada sindicando, siendo en muchos casos «más de uno».

Así mismo, se establece que en los informes proporcionados por la FECI, Gálvez utilizó la figura de prisión preventiva después de haberse escuchado a cada sindicado, así como a sus abogados defensores, por lo que hasta no resolver la situación jurídica de los sindicados ellos debían mantenerse en el mismo estado al momento de su aprehensión.

Aunado a esto, la fiscalía presenta una serie de informes sobre como se resolvió cada una de las medidas de coerción de las supuestas víctimas, en el cual se asegura que se cumplió con todos los requerimientos de ley.

Tras forzarlo al exilio, ahora el MP pide desestimar denuncia contra exjuez Gálvez; reconoce que no hay pruebas

DENUNCIAN A FISCAL

Finalmente, la FCT mediante uno de sus representantes en redes sociales indicaron que denunciaron a la fiscal Jackelinne Ernestina López Romero, quien fue la que realizó y presentó el informe al Juzgado Duodécimo Penal para solicitar la desestimación del caso.

Así mismo, se conoció que el MP dio trámite a la denuncia contra la fiscal. Aunque no se ha indicado por cuáles delitos fue denunciada, el representante de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, afirmó que sería por la «comisión de varios delitos graves».