Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrían tener un presupuesto aprobado en dos años de Q23 mil millones, si los diputados del Congreso autorizan trasladar para el 2026 el saldo no ejecutado de este año, que alcanzaría unos Q6 mil millones.

A cinco meses de que concluya el ejercicio fiscal y a 40 días para que el Ministerio de Finanzas (Minfin) presente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año, comienza a materializarse la posibilidad de trasladar los recursos no ejecutados por los Codedes para el 2026, los cuales podrían llegar a unos Q6 mil millones, de los Q12 mil millones aprobados.

Si el Congreso de la República aprueba ese traslado, los Codedes tendrían un presupuesto acumulado de Q23 mil millones en dos años: lo aprobado para el 2025, más los Q10 mil millones del 2026, que incluirían el remanente (estimados en Q6 mil millones) y el aporte ordinario de Q4 mil 299 millones, que es lo que se plantea en la propuesta inicial presentada en junio pasado.

La cifra coincide con los depósitos que mantiene el Gobierno Central en el Banco de Guatemala (Banguat), que al 10 de julio sumaban Q22 mil 126 millones. Ese monto podría aumentar con la reciente colocación de un eurobono por US$1 mil 500 millones, efectuada el lunes 7 de julio. Es decir, son recursos que el Minfin tiene disponibles, pero aún sin destino específico, y podrían utilizarse en el siguiente ejercicio.

Además, coincide con el año preelectoral de cara a las elecciones generales del 2027. La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin está elaborando el presupuesto analítico del 2026, el cual deberá presentarse al Congreso el próximo 2 de septiembre. El techo preliminar es de Q161 mil 779 millones. Si la iniciativa no se aprueba, continuará vigente el presupuesto actual (Q154 mil 836 millones), según lo establece la ley.

“Implica otorgar recursos abiertamente; no por casualidad, sino por prediseño, con una orientación absolutamente clientelar. Y por clientelar no me refiero solo al Gobierno, sino también a actores como los diputados distritales, quienes son los más interesados y beneficiados con una decisión de esta naturaleza”, comentó Renzo Rosal, analista político independiente.

Con base en la información disponible del Minfin, los Codedes tienen asignados Q12 mil 269.61 millones, de los cuales han ejecutado Q2 mil 99 millones, equivalente al 17.11%.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el aporte extraordinario de Q5 mil 012 millones presenta una ejecución del 2%. Los saldos extraordinarios de los Codedes, por Q1 mil 541 millones, registran un avance del 49%, correspondiente a obras y proyectos heredados del 2024. En cuanto al aporte ordinario, por Q4 mil 322 millones, se ha ejecutado el 14.69%.

El exviceministro de Finanzas y analista de Asíes, Érick Coyoy, explicó que los Q12 mil millones asignados este año se distribuyen en el aporte ordinario del IVA-Paz, un aporte extraordinario aprobado por el Congreso y unos Q2 mil 500 millones en saldos de caja de obras inconclusas del ejercicio anterior.

Coyoy aclaró que el ritmo del gasto no ha sido uniforme. Los proyectos financiados con saldos de caja del 2024 son los que muestran mejor ejecución, con un avance cercano al 50%, por lo que es factible alcanzar lo programado. En cambio, el aporte extraordinario apenas alcanza el 2%, y no es factible que mejore significativamente en lo que resta del año, por lo que se estima que solo se llegará al 20% o 25%, a través de algunos desembolsos y pagos iniciales, lo que dejaría un remanente de al menos Q4 mil millones.

En el caso del aporte ordinario del IVA-Paz, con una ejecución actual del 12%, se podría alcanzar hasta un 50% de gasto, lo que dejaría un saldo de aproximadamente Q2 mil millones. Así, el remanente total rondaría los Q6 mil millones.

“Es seguro que los gobernadores y diputados distritales buscarán trasladar esos recursos al próximo año. En total, de los Q12 mil millones, los Codedes ejecutarían la mitad, y la otra parte estaría disponible para trasladarse al 2026. Pero eso dependerá de la aprobación del Congreso”, puntualizó Coyoy.

Agregó que será el Legislativo quien decida si se autoriza el uso de los recursos no ejecutados este año como saldos de caja en el 2026.

Traslado de fondos

Walter del Cid, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, informó que se han sostenido encuentros con alcaldes de diversas regiones del país. Durante estas reuniones, los jefes ediles han manifestado su inconformidad por los retrasos en la emisión de licencias y avales para obras y proyectos, por lo que se ha reiterado el compromiso de intervenir para simplificar los procesos a futuro.

Del Cid explicó que, cuando se habla del futuro, se hace referencia al 2026, pues ya no habrá tiempo suficiente para ejecutar nuevos proyectos ese año.

Asimismo, indicó que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, contempla incorporar en el anteproyecto de presupuesto del 2026 un artículo que permita la utilización de los recursos no ejecutados en el 2025 para continuar con los proyectos en el 2026.

“Esperamos contar para entonces con mayor capacidad instalada en las unidades ejecutoras, así como con procesos más simplificados en los requisitos negociables”, puntualizó.

Reconoció que ya se ha identificado el punto de fragilidad institucional en la baja ejecución de los recursos.

Serie de atrasos

Sobre la baja ejecución de los Codedes y los acercamientos entre el presidente Bernardo Arévalo y los alcaldes, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), señaló que la situación es similar a la del 2024, pues los atrasos no dependen de las corporaciones municipales, sino de los avales pendientes de diversas instituciones del Gobierno Central.

Siero citó como responsables al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuyos retrasos han creado un “embudo” administrativo al no emitir los avales necesarios.

Recordó que desde junio del 2024 se advertía de estos problemas, lo que ha derivado en que el Ejecutivo no entregue los avales y los Codedes no ejecuten sus recursos. Así, ese saldo queda como remanente para el siguiente año, una práctica que calificó como negativa y proveniente del Minfin.

“Esos saldos de caja se dirigen a los proyectos que el Ejecutivo quiere impulsar mediante ampliaciones presupuestarias. Necesitan esos fondos para poder negociar voluntades”, afirmó Siero.

Lamentó que los recursos asignados este año no se hayan traducido en obras para la población, como demandan los Codedes, y que el embudo institucional impida la ejecución, aunque sí sirva como herramienta de negociación en el Congreso.

Interés político generalizado

El analista independiente Renzo Rosal añadió que existen grupos de diputados distritales y redes clientelares, integradas por actores de diversas fuerzas políticas, interesados en incrementar los fondos destinados a los Codedes.

Estas redes —afirmó— están conformadas por constructores, contratistas y proveedores locales, quienes mantienen vínculos estrechos con los alcaldes.

“El Gobierno presenta como algo simple y transparente el diálogo con los alcaldes para mejorar la ejecución de los Codedes, pero el problema no es de comunicación, sino de capacidades técnicas. Muchos no saben formular proyectos, y ahí es donde intervienen las redes clientelares”, afirmó Rosal.

Detalló que esas redes operan desde la fase de formulación de proyectos, con el fin de adjudicarlos a determinadas constructoras o allegados, lo que revela la conexión entre diputados distritales y alcaldes, en un esquema donde todos ganan, mientras el Ejecutivo aporta los recursos y amplía la ‘piñata’”.

Rosal concluyó que preocupa que, por primera vez, los Codedes puedan contar con un presupuesto extraordinario aprobado, aunque persisten las dudas sobre su adecuada ejecución.

Reunión con el mandatario

Armando Vásquez, alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, manifestó que sí existe respaldo del Gobierno Central hacia los Codedes. No obstante, señaló que los plazos han sido muy cortos para ejecutar los fondos, lo que podría convertir algunas obras en proyectos multianuales. Por ello, solicitó que se permita continuar en el 2026 con los trabajos que no concluyan este año.

Omar Camposeco, alcalde de Jalapa (cabecera), señaló que, con los aportes extraordinarios asignados, se elaboró un plan para garantizar la continuidad de los proyectos. Reconoció que varias municipalidades no estaban preparadas para recibir dichos fondos. También denunció atrasos en la entrega de avales por parte de diversas instituciones públicas.

Fredy García Galiano, alcalde de San Carlos Alzatate, Jalapa, expresó que su postura es que los proyectos sean multianuales y que tanto los aportes ordinarios como extraordinarios asignados a los Codedes puedan ejecutarse también en el 2026.

Gobierno busca evitar devolución de fondos no ejecutados

Al consultar a Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, afirmó que el Gobierno es consciente de lo que ha representado para las municipalidades asumir un aumento significativo en los recursos destinados a inversión pública, así como del esfuerzo realizado por las instituciones involucradas en la gestión de proyectos.

Sin embargo, advirtió que es previsible que algunos fondos no se ejecuten, lo que impediría concretar proyectos ofrecidos a la población. Por ello, el Ejecutivo busca evitar que estos recursos regresen al fondo común y afecten las metas de inversión pública.

“Nuestro trabajo es encontrar soluciones ante los fenómenos que estamos observando y mantener niveles de inversión que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social”, explicó.

Durante las reuniones, los alcaldes han agradecido el incremento en los recursos provenientes del aporte constitucional, los cuales han mejorado gracias al aumento en la recaudación. También reconocen que los aportes ordinarios y extraordinarios de los Consejos de Desarrollo han permitido alcanzar niveles de inversión en los territorios sin precedentes.