La adquisición de armamento o equipo táctico para fuerzas de seguridad del Estado es una decisión estratégica que tiene incidencia en la capacidad de reacción de los elementos policiales en situaciones de riesgo, en la necesidad de unificar habilidades practicadas en el adiestramiento de aspirantes y agentes, así como en la posibilidad de poder contar con suficiente parque, tolvas y repuestos que permitan extender al máximo las posibilidades de uso del armamento.

Pero, a la vez, en un contexto democrático y político, existen procesos de adquisición para garantizar la transparencia, contar con la entrega del equipo en un plazo razonable y obtener un costo rentable, acorde a la cantidad de unidades o beneficios colaterales, como garantías extendidas o acceso a capacitación con expertos internacionales, por citar ejemplos. Es inevitable la colisión conceptual entre el carácter estratégico de la compra de armas y la exigencia legal de cuentadancia sobre los criterios de licitación, adjudicación y recepción.

La adquisición de 10 mil pistolas Pietro Beretta 9 milímetros para la Policía Nacional Civil, por parte del Ministerio de Gobernación, a un costo de Q84 millones, enfrenta cuestionamientos a partir del parentesco de dos representantes legales de la empresa adjudicataria con la actual ministra de Cultura, Liwy Grazioso. Son hermanos, lo cual en sí mismo no tiene nada de ilegal, pero sí resulta una incómoda coincidencia que causa la impresión, justificada o no, de favoritismo. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, expuso ayer la necesidad del equipo de esa marca específica —por razones de unificación estratégica del 80% del armamento policial— y del cual la empresa adjudicada es distribuidor exclusivo para el país, según explicó.

El evento de licitación fue publicado el 21 de abril en el portal Guatecompras. Las ofertas se recibieron durante 30 minutos, el 5 de mayo. Participaron tres empresas, y el 6 de junio se produjo la adjudicación en calidad de proveedor único, que originó la manifestación de inconformidad de uno de los oferentes con la junta calificadora, que reclamó que las armas están disponibles en el mercado nacional y señalando una supuesta sobrevaloración. El 2 de julio, la Contraloría General de Cuentas dio al Ministerio de Gobernación un plazo de tres días —que fenecieron ayer— para revisar acciones administrativas.

Gobernación espetó que, si la Contraloría lo considera conveniente, se desechará la licitación y se convocará otra. La cuestión es si vuelven a participar los mismos oferentes, cuáles serán los lineamientos para que la natural competencia de intereses no conduzca al mismo callejón de la polémica.

Es muy interesante la reacción inmediata del Ministerio Público para investigar el controversial asunto a través de dos fiscalías; eso es digno de elogio. Quizás si con esa celeridad se hubiese tratado la compra secreta de vacunas rusas o la adjudicación de reparaciones en el Hospital General o la compra de equipo inservible para el Hospital de Chimaltenango —en el anterior gobierno—, quizá se hubiesen agilizado los procesos o ya se tendría sentencias. También puede ser una simple casualidad que la empresa a la cual el MP compró 26 subametralladoras en el 2024 como única oferente sea la misma que presentó, en derecho, la inconformidad. Es en este punto que los discursos de exigencia de probidad proferidos por los oficialistas cuando aún no estaban en el Gobierno les elevan la vara de expectativa de probidad impoluta y deben actuar en consecuencia. En todo caso, la PNC precisa del equipo para servir a la ciudadanía.