Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).

La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó los datos en mención.

En ese sentido, los reportes de transacciones sospechosas a la IVE presentan un incremento del 1%, en comparación de los meses de junio 2025 (3,076 reportes) y junio 2024 (3046).

Estos informes son enfocados en las Personas Obligadas quienes son personas individuales o jurídicas, que se dediquen a diversas actividades financieras y otros contenidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que por la naturaleza de sus operaciones podrían ser susceptibles de ser utilizadas para la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

La IVE puntualiza que al 30 de junio hay 4 mil 343 personas obligadas registradas. De esa cuenta, la Intendencia detalla que en el primer semestre del 2025 se presentaron 155 denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Esto luego de establecer, mediante análisis, la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos e identifica indicios de la comisión de un delito.

Cabe resaltar que el monto denunciado en tan solo seis meses, es superior a lo denunciado en años anteriores. En los primeros 6 meses del año, el monto denunciado ante el MP fue de Q12 mil 631.8 millones.

Mientras que en 2024 el monto denunciado durante todo ese año fue de Q9 mil 133.3 millones y de Q8 mil 203.4 millones.

Si se compara el primer semestre de 2024 con el de 2025, el monto denunciado presenta un incremento de 200.6%. Al 30 de junio del año pasado el monto fue de Q4 mil 202.4 millones, en cambio, al 30 de junio del presente año fue de Q12 mil 631.8 millones.

Los requerimientos de información también presentan incremento. De acuerdo con la IVE, al 30 de junio de 2025 los requerimientos de información atendidos por la Intendencia se incrementaron en un 8.7% en comparación al 30 de junio 2024.

Asimismo, la cantidad de involucrados en denuncias subió un 443.8% de enero a junio del 2025, en comparación a enero a junio del 2024. Al 30 de junio de 2025 la cantidad de involucrados en las denuncias elaboradas por la IVE y enviadas al Ministerio Público fue de 1 mil 586, mientras que al 30 de junio de 2024 fueron 1 mil 095.

La IVE explica que está facultada legalmente para proveer al Ministerio Público y otras instituciones designadas cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma. A la vez, con ello, coadyuvar con investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero u otros activos.

¿CUÁNDO DENUNCIAR?

La SIB explica que la IVE, a través de las denuncias, informa al MP sobre la existencia de indicios, para lo cual aporta los medios probatorios correspondientes constatados por medio de análisis de la información.

Luego de confirmar la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos, la IVE tiene la obligación de denunciar.

La base legal para esto está contenida en el literal «e)» del artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos que ordena: «En caso de indicio de la comisión de un delito, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder».

La ley vigente define el lavado de dinero como un delito «cuando se invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito».

También es lavado de dinero «quien adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito».

Además, se comete el referido delito «quien oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito».

INICIATIVA ANTILAVADO

El pasado 28 de julio, el presidente Bernardo Arévalo, presentó la iniciativa 6593 «Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo», con la que se busca tener un marco normativo unificado y acorde con estándares internacionales.

El proyecto de ley pretende establecer la vigilancia en actos que apliquen como delito de lavado de dinero y otros activos, trasiego y financiamiento del terrorismo.

Se tienen contempladas duras sanciones económicas que pueden alcanzar el medio millón de dólares, además de la pena de prisión.

Según el presidente Arévalo, de no contar con este instrumento legal Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde el país sería objeto de estricta vigilancia.

El ABC de la iniciativa antilavado de dinero del gobierno de Bernardo Arévalo