En materia del gasto público la agilidad para realizar contrataciones es importante, pero en ese tema lo primero debe ser, obviamente, la garantía de transparencia para terminar con la corrupción que prácticamente caracteriza la inmensa mayoría de las contrataciones del Estado gracias a un muy bien diseñado modelo para facilitar el enriquecimiento ilícito, tanto de funcionarios como de proveedores. Ese tema es fundamental en el análisis que se pueda hacer de la iniciativa de ley presentada por los oficialistas José Carlos Sanabria y Mirna Victoria Godoy como “Ley de Agilización de la Inversión Pública”.

La propuesta gira, fundamentalmente, alrededor de la falta de ejecución que muestran los Consejos de Desarrollo, a los que este año les hicieron una superinflada asignación; esos consejos han sido señalados como instrumentos que usan los diputados distritales para realizar sus negocios y en el Congreso se habla de un acuerdo entre el oficialismo y ellos para agilizar la implementación de otras leyes. El caso es que los distintos sectores de la sociedad han criticado la iniciativa porque si bien pretende acelerar los procedimientos para ejecutar proyectos, no hay elementos integrales que estén orientados a mejorar la fiscalización y la transparencia.

No se puede pasar por alto la realidad guatemalteca ni la enorme importancia que tienen los históricos y oscuros arreglos entre contratistas y funcionarios para repartirse jugosas ganancias. Tanto así como para causar un hartazgo popular que se manifestó en las urnas eligiendo a quienes parecían estar fuera de ese oscuro escenario, pero el resultado no ha sido como se esperaba por varios factores, entre ellos lo bien diseñada que está la estructura, eliminando la real fiscalización, más la ausencia de castigo para los ladrones del erario nacional.

Vivimos en un país urgido de inversión pública para atender necesidades tremendas de la población, pero esa inversión tiene que ser bien orientada y sin desviaciones como las que son causa de la destrucción de nuestra infraestructura vial, de muchas escuelas y hospitales y, en general, de todo lo que puede ser fundamental para promover desarrollo humano. Gastar más rápido no resuelve el problema de fondo y por ello es que lo fundamental es gastar bien, sin manoseos bajo la mesa que demeritan las obras porque las mismas se ejecutan únicamente para rellenar maletas como las que le encontraron a aquel ministro de Comunicaciones.

La intención de la iniciativa puede ser buena, aunque se sabe que los diputados presionan porque necesitan que los Consejos de Desarrollo ejecuten más rápido y así tener su tajada. Sabemos que la gobernabilidad del Congreso depende en buena parte de esta medida, pero esto no fue lo que la gente tuvo en mente cuando eligió a Semilla. En todo caso, lo primero tiene que ser una legislación que permita una real y efectiva fiscalización de los negocios que se realizan en las dependencias públicas, puesto que más gasto no significa, hoy por hoy, mayor beneficio para la población.