En un periodo de cinco semanas se conocerá de manera oficial cómo quedará el salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero del 2026, decisión que será adoptada mediante decreto presidencial.

Aunque el Ejecutivo ya inició los análisis para definir el sueldo para el próximo año, no hay una fecha establecida para su publicación.

Mientras tanto, las empresas grandes, medianas y pequeñas comienzan a elaborar sus presupuestos anuales, considerando la variable de un posible ajuste por decisión presidencial, luego de que la Comisión Nacional del Salario (CNS) no llegara a acuerdos para su fijación.

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) tiene previsto elaborar los informes que sustentarán la definición de la paga mínima, que por segundo año consecutivo recaerá en el gobernante Bernardo Arévalo de León.

Salario mínimo acumularía alza de más de 20%

Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), afirmó que, lamentablemente, se espera un inminente ajuste ante la falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario (CNS), en octubre pasado.

“Será un golpe bastante duro al sector empresarial, porque, dependiendo de lo que se apruebe —que puede ser entre 6%, si se le suma el incremento al vigente del 10% y del 2024, que fue del 6%—, se estaría superando un incremento del 20% acumulado. Es una posición muy preocupante para el sector agrícola, ya que más del 80% es costo de la mano de obra”, remarcó el directivo.

Aclaró que la legislación en Guatemala es muy rígida, y puso como ejemplo el modelo de Perú, donde el surgimiento de la agroindustria moderna tuvo que ver con la flexibilidad laboral.

El directivo agregó que la legislación rígida, sumada a los incrementos salariales, “no ayudan en nada al sector, y eso puede traer un alto nivel de desempleo”.

Al preguntarle cuál sería el valor razonable, Ralda comentó que el sector empleador en la CNS realizó propuestas que iban del 2% al 4%. Sin embargo, consideró que “lo que no fue razonable fue el incremento del 10% en 2025”.

“Se debe establecer una mesa laboral de largo plazo, con políticas que conlleven flexibilidad, asociadas a la productividad, con el rendimiento de la misma mano de obra”, aseveró.

CIG pide decisión técnica y no política sobre el salario

Para Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), preocupa que el pliego salarial del 2026 se convierta en un asunto político y no técnico, al no alcanzarse acuerdos en la Comisión Nacional del Salario (CNS), a pesar de haberse presentado propuestas.

Recordó que existen fórmulas planteadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se espera que en la futura decisión se tome en cuenta este respaldo técnico.

Font señaló que esta situación implica que todos aquellos trabajadores que actualmente no reciben el salario mínimo se están alejando de una futura cobertura de Seguridad Social. Uno de los enfoques, afirmó, debe ser cómo lograr que esas personas accedan a un salario mínimo y, con ello, a una cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

“El enfoque político es conocer cuáles son las condiciones necesarias para lograr incorporar a una gran mayoría de trabajadores que no tienen salario mínimo. Si se sube el salario mínimo, se va a alejar”, enfatizó, y agregó que el sector industrial paga por encima de la paga mínima.

Concluyó que un aumento al salario mínimo afectaría especialmente a las pequeñas empresas.

Salario mínimo debe ligarse a productividad

Desde el sector se considera que toda discusión sobre el salario mínimo debe partir de criterios como productividad, gradualidad, diferenciación e integralidad, indicó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).

Esto implica que el salario mínimo debe reflejar la productividad de los trabajadores, no debe incrementarse de forma drástica de un año para otro, debe ajustarse a la realidad de los diferentes territorios del país y debe formar parte de una estrategia más amplia de competitividad nacional, añadió, al ser consultado sobre la postura ante la futura decisión.

“Un aumento elevado como el que se observó el año pasado puede tener un impacto en el ritmo de crecimiento del sector formal en el corto plazo, desincentivar inversiones a mediano plazo e impactar en los precios de productos y servicios a largo plazo. Algunos de estos efectos ya los hemos identificado en diversos sectores y otros podrían ocurrir en el futuro, por lo que se deben tomar en cuenta los efectos a largo plazo y no solo responder ante coyunturas específicas con información incompleta sobre las consecuencias”, apuntó Ardón.

Recomendó que toda esta discusión también esté enmarcada en otra más amplia sobre cómo hacer más competitivo al país y a sus diferentes sectores: más empresarialidad implica mejores salarios, por lo que se debe atraer más inversión nacional y extranjera, facilitar los trámites y brindar certeza jurídica a todos los guatemaltecos.

Asimismo, se debe fomentar el emprendimiento, que tiende a ser una de las actividades más impactadas por salarios mínimos elevados o por cambios drásticos de un año para otro.

Salario mínimo no refleja realidad rural

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), reiteró que el salario mínimo no debe definirse por decreto presidencial, sino responder a análisis técnicos que permitan flexibilidad en el tiempo y que reflejen la productividad de las empresas y de las personas.

A su juicio, el salario mínimo en Guatemala se discute en un mecanismo que no ha funcionado en los últimos 25 años, al prevalecer un alto nivel de informalidad. En el caso del agro, se proyecta que más del 85% de las personas en el área rural se ocupan en ese sector informal.

Reiteró que el salario mínimo solo impacta a un número reducido de trabajadores, no a la totalidad de la población económicamente activa.

“Vemos equivocado el enfoque de la discusión, y esta debe partir de la demanda de empleos que hay”, agregó.

Las políticas deben enfocarse en cómo generar mayor empleo en Guatemala.

En cuanto a la decisión política, Camagro planteó que el salario mínimo solo impacta a un grupo determinado de trabajadores, que puede limitar la capacidad de crecimiento de las empresas y dificultar la creación de nuevas plazas.