El Congreso de la República avanza en una salida legislativa para frenar la aplicación inmediata de la normativa sobre reductores de velocidad, con un enfoque que apunta primero a prorrogarla y, posteriormente, evaluar su derogación, mientras se construye un nuevo marco legal para el sector del transporte.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, firmó una nota para que el tema sea conocido el próximo lunes 2 de marzo en la instancia de jefes de bloques, con el objetivo de incluirlo en la agenda de la sesión plenaria del siguiente martes.

La intención es que la propuesta se conozca de urgencia nacional, lo que implicaría reunir al menos 107 votos para aprobar de inmediato la prórroga a la obligación de utilizar reductores de velocidad en las unidades de transporte, tanto colectivo como de carga.

La solicitud concreta plantea que la normativa sea prorrogada —o, en su defecto, derogada—, y que su entrada en vigor se aplace hasta el 31 de marzo del 2027.

Marlon Prera, representante del sector de transporte, se mostró satisfecho con lo ofrecido por Contreras, así como en avanzar hacia mecanismos de autorregulación y en una revisión a fondo del marco legal vigente, al considerar que el modelo actual de control de velocidad está generando afectaciones operativas en las unidades de transporte colectivo y de carga y también representa un impacto económico para los propietarios de los vehículos.

En ese contexto, se adelantó que se prevé la instalación de mesas técnicas y de diálogo para trabajar en una reforma integral, o, incluso, en una nueva ley general que regule de manera más amplia el transporte de pasajeros y mercancías.

Aunque todavía no se ha definido una fecha para la instalación de estas mesas, el compromiso es que arranquen una vez el Congreso resuelva el tema de la prórroga.

También se informó que el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, ofreció acompañar la construcción de una nueva iniciativa de ley que pueda presentarse formalmente y seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

En cuanto a posibles medidas de presión, los transportistas aseguraron que, luego de la respuesta obtenida del Legislativo, por ahora descartan movilizaciones o paros.

Reconocieron que hubo especulaciones sobre una eventual huelga, pero afirmaron que la postura del sector siempre fue optar por acciones ordenadas y pacíficas. No obstante, advirtieron que si el martes no se cumple con lo acordado en el Congreso, se reunirán nuevamente para evaluar las acciones a tomar.

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