El pasado 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España anunció el archivo de la denuncia presentada por dos exempleadas del cantante Julio Iglesias, al declarar la falta de jurisdicción para investigar el caso.

La denuncia, que señalaba presuntos casos de abuso y agresión sexual cometidos por el artista, fue presentada a inicios de enero. El caso ganó relevancia pública tras la difusión de un reportaje conjunto entre Univisión y el medio español elDiario.es, que presentó los supuestos testimonios de lo vivido.

Días después de que se conociera la denuncia, el alto tribunal español ordenó el cierre del expediente al determinar que la Audiencia Nacional carecía de competencia territorial para conocer los hechos.

Por su parte, el Ministerio Público había abierto una investigación previa para establecer si tenía jurisdicción sobre el caso, al involucrar al cantante y haber sido presentada la denuncia en ese país, pero concluyó que no era así.

La resolución se basó en las declaraciones de las denunciantes, quienes indicaron que los supuestos abusos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, lo que excluye a España de tener competencia legal para investigar el caso.

Este hecho se ve reforzado por el hecho de que las denunciantes no son originarias ni nacionalizadas españolas, mientras que el cantante posee la nacionalidad dominicana. Según expertos juristas, la denuncia podría ser aceptada en los tribunales dominicanos.

El jurista y académico dominicano Cándido Simón explicó a la Agencia EFE que la decisión de la Fiscalía responde a los requisitos legales necesarios para que pueda continuar la investigación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otros requisitos, que el denunciado sea ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país, destacó Cándido Simón.

Desde el ámbito jurídico se ha señalado que la jurisdicción competente para investigar la denuncia presentada por una de las exempleadas de Julio Iglesias corresponde a República Dominicana, país donde supuestamente ocurrieron los hechos. Para el jurista español Simón, la decisión tomada por la Fiscalía fue “correcta” desde el punto de vista legal.

Por su parte, el abogado penalista dominicano y profesor de Derecho Penal, René del Rosario, explicó a EFE que las denunciantes pueden presentarse ante la Fiscalía de Higüey —cabecera del municipio de La Altagracia, donde se encuentra Punta Cana— e interponer una denuncia o querella. Asimismo, señaló que el Ministerio Público, al tratarse de una acción pública, también puede iniciar una investigación de oficio.

No obstante, advirtió que el caso tendría “pocas posibilidades” de avanzar en República Dominicana, debido a la dificultad de obtener pruebas científicas que confirmen los hechos denunciados, presuntamente ocurridos en 2021.

“En Derecho y Medicina es peligroso hacer pronósticos”, comentó, pero agregó que, en este tipo de situaciones —aun sin el perfil mediático de Julio Iglesias—, las acciones legales rara vez prosperan por la dificultad de establecer los hechos de manera fehaciente, especialmente cuando el señalado los niega.

Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes también es originaria de ese país, hasta ahora las autoridades locales han permanecido al margen del caso.