Nuevamente el tema de la migración fue objeto de conversación en el ambiente político norteamericano. Algunos legisladores expresaron su intención de gravar con un porcentaje el envío de las remesas que los migrantes mandan con regularidad a sus familiares en sus respectivos países de origen. Estaba claro que el volumen de divisas que circula a través de este mecanismo pronto invitaría a los políticos a ir detrás de esos recursos. La iniciativa, planteada en el marco de una discusión fiscal en el Congreso de los Estados Unidos, terminó en un primer round a favor de los migrantes. La propuesta tuvo resistencias dentro del propio partido gobernante, así que de momento pareciera estar conjurada. Sin embargo, la discusión ha quedado instalada.

Las remesas no son un asunto menor para nuestro país. Desde hace muchos años, se han convertido en el principal ingreso de divisas, muy por encima de lo que se percibe por la exportación de productos nacionales al mercado internacional. Es decir, este ingreso es un elemento clave de la economía nacional. Antaño se afirmaba, un poco socarronamente, que en Guatemala el mejor ministro de Economía era el precio del café; hoy hay quienes dicen que ha sido sustituido por el ritmo de crecimiento de las remesas.

La dinámica de las remesas es muy particular, casi podemos decir que contracíclica. Por ejemplo, en tiempos de pandemia y luego, ante la expectativa de la llegada de un gobierno con un discurso fuertemente antimigratorio, uno hubiera podido esperar que las remesas fueran a perder ritmo por razón de la incertidumbre. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Las remesas crecieron, indicando no solo que los mecanismos de solidaridad detrás de ellas siguen siendo muy sólidos, sino que también cumplen un rol de seguro en el largo plazo, pues el envío de recursos a los países de origen puede ser una forma de poner bajo protección ese patrimonio producto del esfuerzo y el trabajo de nuestros connacionales allá.

Todo lo que ocurra con las remesas es un tema de interés nacional. Recordemos que este fenómeno se ha convertido en muchas cosas a la vez: un paliativo importante para la economía familiar, un cuadrador de las cuentas nacionales, un ecualizador de expectativas y estatus dentro de las mismas comunidades, un mitigador de presiones sociales y una especie de mecanismo alternativo de los sistemas de protección social, ausentes en ciertas partes del país. De allí que, aunque la discusión transcurra en los recintos legislativos estadounidenses —donde cuenta muy poco la opinión pública nacional—, sí debemos estar preparados para retomarla acá localmente y con un espíritu claramente diferente.

¿En que sentido? Es preciso contribuir a que este ingreso pueda tener efectos positivos y de más largo plazo tanto para aquellos que las generan como para quienes efectivamente las reciben. Las remesas son una oportunidad para fomentar, por ejemplo, la cultura del ahorro. La educación financiera puede contribuir a mejorar los rendimientos de esos recursos cuando se destinan a proyectos productivos. Por último, orientar para que la inversión de esas remesas se haga con criterios de calidad, por ejemplo, en la construcción de la vivienda familiar. Todo esto se traduce en bienestar de largo plazo.

La discusión allá llegará. Pero acá también, solo que de otro signo. Se trata no de quitar con medidas fiscales el producto del trabajo de nuestros connacionales, sino de facilitar, por la vía del acompañamiento, que esos recursos incrementen de mejor forma su patrimonio familiar.