El 8 de mayo último, el Ministerio Público divulgó un operativo en terrenos cercanos a Puerto Quetzal. Los fiscales se encontraban en una “inspección” relacionada con la denuncia de una supuesta concesión de terrenos a intereses chinos, en la cual se señalaba directamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a su hermano. La denuncia que originó tal investigación fue “anónima”, aunque el rumor se difundió previamente a través de netcenteros defenestradores del actual gobierno. Tal narrativa surgió en los días siguientes a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, el 4 de febrero, quizá en un ulterior afán de desgastar al Ejecutivo ante Donald Trump, entonces recién llegado a la Casa Blanca.

Al final de su visita, Rubio anunció la posibilidad de emprender un proyecto de ampliación del muelle de Puerto Quetzal, a cargo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Usace), y el 17 de febrero arribó al país la primera delegación de expertos militares para una inspección técnica del área. Tres meses han transcurrido desde aquella misión y ayer se hizo oficial el convenio de cooperación entre el Comando Sur de EE. UU. y el Ejército de Guatemala, con la presencia del gabinete de Gobierno del embajador estadounidense, Tobin Bradley, y del jefe de operaciones de Usace, Adriel McConell, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

Los discursos se refirieron a una nueva era de colaboración estratégica entre la superpotencia y Guatemala, la gran expectativa de impulso al crecimiento comercial y las posibilidades de ulteriores proyectos de ayuda, como una posible reconstrucción del ferrocarril. McConell, en una entrevista, fue consultado acerca del rumor de una “conexión china” y simplemente dijo que no le preocupaba.

En repetidas ocasiones, en este mismo espacio se ha resaltado la necesidad de que Estados Unidos no solo reconozca verbalmente, sino que actúe de manera consistente, en relación a Guatemala como un socio comercial constante, un aliado político incondicional en la región y un territorio geoestratégico para su seguridad. Y es evidente que esta obra irá mucho más allá de la ampliación de 800 metros de muelle, pues ello incluye la modernización del equipo y la actualización de los mecanismos de seguridad. Era un secreto a voces que, durante años, la portuaria Quetzal tenía “apagones” de la revisión no invasiva y descontroles a dedo, como los propiciados hace una década por la mafia de La Línea.

Este proyecto, que será financiado por Guatemala pero ejecutado bajo estrictos estándares de transparencia, calidad y seguridad estadounidense, se efectúa como parte de la estrategia de la administración Trump, que sostiene una ofensiva contra cualquier tipo de amenaza externa, incluyendo mafias de corrupción y narco. El plan no es corto. La construcción se desarrollará en dos fases: la primera llega hasta el 2026 y la segunda, hasta el 2030. El convenio firmado se extiende hasta el 2045.

La iniciativa privada, especialmente el sector comercial y exportador, también formó parte de la histórica ceremonia. En la alocución respectiva se manifestaron las altas expectativas para el crecimiento y agilización de la actividad portuaria en favor de la competitividad nacional. Esta fuerza inercial de las relaciones bilaterales debe aprovecharse para las próximas conversaciones respecto de los aranceles impuestos a exportaciones guatemaltecas; pero con un poco de aplomo también se pueden buscar más visas de trabajo y quizá algún alivio migratorio para guatemaltecos que viven, producen y tributan en ese país.