En un país donde la justicia se ha convertido en un campo de batalla político, la voz de Margaret Satterthwaite cobra relevancia. Relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, la jurista estadounidense visitó Guatemala 12 días para evaluar, desde el terreno, el estado del sistema judicial. Lo hizo tras años de denuncias sobre la criminalización sistemática de jueces, fiscales y abogados que han trabajado en casos de alto impacto relacionados con corrupción y derechos humanos.

Durante su paso por el país, Satterthwaite se reunió con operadores de justicia, sociedad civil y autoridades. En esta entrevista con La Hora, la relatora no esquiva las preguntas difíciles: reconoce lo positivo, pero señala con preocupación las grietas que amenazan los pilares del Estado de derecho en Guatemala. En particular, advierte sobre el deterioro de los procesos de selección de altas autoridades, que —según afirma— han sido permeados por intereses políticos e incluso del crimen organizado.

La advertencia de la relatora sobre la falta de independencia en los procesos de elección llega en un momento clave. Guatemala se prepara para el 2026, cuando se renovarán los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), tres instituciones que jugaron un papel determinante en 2023, cuando la jefa del ente investigador, María Consuelo Porras, intentó frenar la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo, en lo que fue ampliamente señalado como un intento de golpe de Estado.

La Hora: La elección de nuevas autoridades en la CC, TSE y Fiscal General está próxima. ¿Por qué es crucial garantizar nombramientos independientes y transparentes?

Margaret Satterthwaite:Estos procesos son fundamentales porque fueron concebidos para ser representativos y participativos, incorporando distintas perspectivas, experiencias y conocimientos en la elección de altos cargos.

Lamentablemente, hemos visto cómo esos mecanismos han sido distorsionados debido a esfuerzos de influir, manipularlos y controlar los resultados que no son los que prevén las leyes.

De cara a 2026, es esencial aprovechar las capacidades técnicas existentes en la sociedad civil, el ámbito académico y algunos sectores institucionales, para fortalecer el trabajo dentro de las Comisiones de Postulación.

¿A qué me refiero? A que los miembros de estas Comisiones lleguen con los conocimientos necesarios para evaluar correctamente a los candidatos, y que desde el inicio definan criterios objetivos y claros para esa evaluación.

Además, todos los procesos deben ser públicos y permitir la participación activa de la sociedad civil, de modo que puedan auditar el proceso, detectar irregularidades y reforzar su legitimidad, incluso si el resultado no es perfecto.

L.H.: ¿Percibe que en los últimos años los procesos de elección han sido cooptados o distorsionados para favorecer a personas afines a determinados intereses?

M.S.: Hay casos e investigaciones de procesos pasados que han dejado en claro que hay actores corruptos que sí han influido en las Comisiones de Postulación. Aquí lo importante es aprender de lo que ha pasado y seguir trabajando esfuerzos que respondan a cerrar esta permeabilidad y haciéndolos más transparentes a la sociedad civil y periodistas.

L.H.: ¿Cómo describiría el estado actual del sistema de justicia en Guatemala?

M.S.: El sistema de justicia en Guatemala tiene tanto aspectos positivos como elementos que generan preocupación. Comenzando por lo positivo, he conocido a jueces íntegros y personas honestas formadas dentro del propio sistema judicial. Me he reunido con varias de ellas y han sido verdaderas fuentes de inspiración.

Sin embargo, mis preocupaciones se centran en las instituciones y las prácticas que las rodean. Un elemento clave de la independencia judicial es el proceso de selección de funcionarios basado en méritos: esto implica capacidad, formación, ética y honorabilidad.

Y lo que vemos aquí es que para las elecciones de más alto nivel de Cortes, la creación de las Comisiones de Postulación han demostrado ser muy permeables a los intereses políticos, y algunos casos al crimen organizado.

Esas permeabilidades y vulnerabilidades han abierto la posibilidad de que estos intereses determinen resultados y se puedan elegir a personas por motivos que no están relacionados con sus méritos. Lo que yo recomiendo es reformar el sistema.

Además, en un país tan diverso como Guatemala, esa diversidad no se refleja en el sistema judicial. Esto es preocupante porque indica que no todas las personas tienen acceso equitativo a las oportunidades de formación y desarrollo profesional dentro del sistema.

L.H.: ¿Considera que existe un patrón sistemático de criminalización contra jueces, fiscales y abogados que han trabajado en casos de corrupción?

M.S.: Esa era una de las principales preguntas que traía antes de llegar al país. Las organizaciones de derechos humanos ya han señalado que existe un patrón de criminalización, y yo vine justamente a evaluar si eso es así.

La evidencia que he recibido —en informes, comunicaciones y testimonios de personas que han vivido estas situaciones— indica que sí existe un esfuerzo sistemático y organizado para instrumentalizar el derecho penal con el fin de sancionar, influenciar o inhabilitar a jueces, fiscales y abogados que han trabajado en casos de corrupción para acabar con la impunidad en casos graves.

L.H.: ¿Qué mensaje le daría a quienes aún luchan por la independencia judicial pese al contexto adverso?

M.S.:A todas las personas que siguen trabajando por la independencia judicial y el acceso a la justicia, les envío toda mi solidaridad. Tuve el privilegio de reunirme con jueces y abogados comprometidos con la promoción de una justicia basada en el derecho. A ellos les envío un saludo solidario y quiero que sepan que forman parte de un esfuerzo crucial por proteger los derechos humanos en Guatemala, a través de un sistema judicial que sirva a toda la población, sin discriminación.

L.H.: ¿Considera que Guatemala muestra síntomas a los que precedieron el colapso del Estado de derecho en Nicaragua o Venezuela?

M.S.: Este patrón de autocracia o debacle democrática es algo que me preocupa mucho y he podido identificar formas específicas con las que los gobiernos autoritarios intentan influir en los sistemas de justicia independiente.

He observado estos retrocesos en distintos momentos y contextos, y ciertamente es motivo de alarma. Quisiera evitar comparar a Guatemala con otros países, porque tiene su propia historia, marcos constitucionales y una identidad nacional.

Si combinamos todo esto, Guatemala tiene una oportunidad para no acabar cayendo por esa vía, sino más bien aferrarse al respeto, defensa del derecho y la justicia para garantizar que no haya cabida a las autocracias.

L.H.: ¿Qué opina sobre la figura de la “reserva judicial”, mediante la cual el Ministerio Público solicita a los jueces mantener en secreto información clave de ciertos procesos?

M.S.:La figura de la reserva judicial sí que puede ser adecuada en ciertos casos —como cuando está en juego la seguridad nacional o la protección de menores de edad— y existe un marco legal que regula su uso.

Sin embargo, en los procesos de criminalización, el uso de la reserva fuera de ese marco regulado impide que las personas detenidas conozcan los cargos concretos, las pruebas en su contra, el avance del proceso o las fechas de audiencias. Esto compromete gravemente su derecho a un juicio justo y obstaculiza la preparación de una defensa adecuada.

PRESENTA INFORME

Sobre las acciones del MP, la relatora concluyó en un informe divulgado el pasado 23 de mayo, tras su visita de 12 días al país, que, si bien la fiscal general —sancionada por más de 40 países— negó estar involucrada en la criminalización de operadores de justicia y periodistas que investigaron casos de corrupción en gobiernos anteriores, «los hechos apuntan a una realidad muy distinta».

«La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables, que involucran al Ministerio Público, a miembros del Poder Judicial y, con frecuencia, a ciertos actores privados. He identificado las siguientes características indicativas de la criminalización», expuso.

En su informe, resume siete patrones recurrentes del MP tras analizar varios casos que han sido señalados internacionalmente como parte de una persecución política. Entre ellos destacan: acusaciones vagas y excesivamente amplias, detenciones arbitrarias, acoso y amenazas en línea, y una erosión sistemática de las garantías procesales.